N° 1888 - 13 al 19 de Octubre de 2016
La crisis de la seguridad pública no es un fenómeno nuevo en Uruguay. Viene desde antes de los gobiernos frenteamplistas. En octubre de 1994, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el entonces candidato y luego presidente por segunda vez, Julio María Sanguinetti, decía que ya entonces el país había “tocado fondo” en materia de delincuencia y reclamaba la adopción de medidas fuertes.
Evidentemente, Sanguinetti estaba equivocado. El país estaba muy lejos de “tocar fondo” en cuanto a inseguridad. Hace 22 años ya había comenzado a sentirse la fractura sociocultural que estalla hoy ante nuestras narices con un reguero de sangre, miedo y muerte, por causas muy diversas pero, al mismo tiempo, muy conectadas: la desintegración familiar, el desplome de la educación pública como “ascensor social”, la pérdida de tolerancia como valor central para la convivencia, la sustitución de los antiguos “cantegriles” por guetos donde los valores que rigen son opuestos a los que predominan en la mayoría de la colectividad, la infantilización de la pobreza, las cárceles convertidas en centros de especialización de criminales, en vez de lugares para rehabilitar a personas que desviaron su camino, y el funesto ingreso de la droga y el narcotráfico a la vida cotidiana de decenas de miles de uruguayos.
Sí, ya lo sabemos: Uruguay sigue siendo uno de los países más seguros de América. Siempre lo fue. México, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Venezuela y toda América Central, por mencionar a algunos, fueron y son más inseguros que Uruguay. Pero esa no es una comparación que nos importe demasiado, entre otras cosas porque algunos de esos países nos están alcanzando en esa estadística. Nos interesa más compararnos con nosotros mismos; con nuestro pasado no tan lejano. Y en esta última medición, estamos perdiendo el partido por goleada.
Cuando el señor Heriberto Prati salió de su automóvil a defender a una amiga que estaba siendo asaltada por un asesino en la fatídica noche del 30 de setiembre en Carrasco Norte, no hizo más que honrar la conducta que cualquier hombre decente haría ante una situación así. ¿Qué iba a hacer? ¿Ver pasivamente cómo la robaba o cómo la mataba y después llamar a la Policía? Prati acabó muerto con un balazo en la cabeza por tratar de defender a una víctima. Es un héroe civil. Desgraciadamente, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se refirió a este ciudadano como si hubiera sido un idiota. “Hay que entregar todo cuando a uno lo vienen a asaltar”, dijo, palabras más, palabras menos. Algo así como “embromate por nabo”.
Todos aconsejamos a nuestros hijos, en este ambiente de inseguridad, que no se resistan ante los delincuentes. Pero esa no puede ser la reacción del funcionario a quien, precisamente, le pagamos el sueldo para que dirija las políticas de protección a los ciudadanos frente al crimen. Esa reacción solo fomenta la impunidad de los criminales. Y eso es lo que está ocurriendo. Los ladrones y los asesinos se sienten impunes.
El ministro se defiende con el argumento de que el Frente Amplio, como nunca antes había estado en el gobierno, vivió un período de “aprendizaje” durante sus primeros años. Mientras “iban a la escuela”, los gobernantes frenteamplistas creían que la criminalidad se resolvía con “políticas sociales”. Ahora, 11 años después, Bonomi sostiene que las “políticas sociales”, por sí solas, no solucionan el problema de la delincuencia. Interesante. Solo que estos años de “formación” costaron miles de vidas, hurtos, rapiñas, copamientos y violaciones. Y, aun así, una cantidad de “compañeros de clase” de Bonomi siguen creyendo que sí: que el ministro es un “halcón”, un “duro represor”, y que las “políticas sociales” bastan.
Pero no conviene desviar el razonamiento para ocuparse de la política pequeña. El Uruguay está viviendo un auténtico drama social: una rapiña (esto es: un robo con violencia) cada 30 minutos y un asesinato cada 30 horas. La “interna” del Frente Amplio al lado de esto es tan importante para los uruguayos como las relaciones sexuales entre los cangrejos tuertos.
Y el ministro Bonomi —a quien hasta ahora apoya el presidente Tabaré Vázquez— no ha podido mejorar la situación durante su gestión, que lleva seis años y siete meses. No tenemos derecho a poner en duda sus buenas intenciones. Y algunas de sus políticas, acordadas por un comando muy activo liderado por un gran policía como lo fue Julio Guarteche, han intentado, al menos, ir en la dirección correcta. Guarteche advertía que los tomadores de decisiones, del gobierno y de la oposición, los policías, los fiscales, los jueces y los periodistas debían comprender en qué se había transformado la “amenaza” de la inseguridad. Él decía que en Uruguay hay un proceso de “feudalización” en barrios de Montevideo, Canelones, Salto y Paysandú, donde los delincuentes ocupan el lugar del Estado y controlan el territorio para operar con tranquilidad.
No obstante ese diagnóstico certero del inspector Guarteche, los resultados de las políticas aplicadas hasta ahora durante la gestión del ministro Bonomi son concluyentes.
Según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2004, cuando el país estaba saliendo de la terrible crisis del 2002 y la pobreza había subido a 40%, hubo 7.000 rapiñas y 200 homicidios. Todos los años siguientes —menos en 2012—, mientras nadábamos en la abundancia y la gente de todas las clases sociales tenía más plata en sus bolsillos, los robos con violencia solamente aumentaron. En 2015 hubo 21.000 rapiñas (tres veces más que en 2004) y 290 asesinatos (200 en 2004). (Búsqueda, Nº 1.887)
El presidente Vázquez tiene razón cuando dice que es preciso atacar duramente las causas de la delincuencia y no quedarse únicamente en sus consecuencias. Eso es imprescindible, porque el problema de fondo está en los factores multicausales que mencionamos antes.
Sin embargo, todos esos factores no se resuelven de la noche a la mañana. Requiere cierto tiempo (una generación o dos) revertir la fractura sociocultural que padece el país.
En cambio, no hay más tiempo que perder para atacar ya mismo la urgencia y frenar la impunidad con que actúan los criminales. No es un reclamo de “la derecha”, de “los ricos” ni de “la burguesía”. Es un clamor popular: de los trabajadores, de los jubilados, de los pequeños empresarios, de los cuentapropistas, de los desocupados, de los pequeños productores agropecuarios, de los funcionarios públicos…¡de la mayoría de los uruguayos! Para eso, las amables reuniones organizadas en la Presidencia pueden resultar de alguna utilidad pero, a la luz de sus resultados, son absolutamente insuficientes. Para enfrentar la emergencia se precisa un liderazgo político firme y decidido. Hasta marzo de 2020, la mayor responsabilidad en este sentido la tiene el Frente Amplio y, en particular, el presidente Vázquez. La mayoría de los uruguayos le asignó el control del Poder Ejecutivo y le dio la chance de gobernar con su propia bancada en el Parlamento. Si quiere, el presidente puede intentar aplicar una política de Estado para este grave asunto, donde también hay responsabilidades políticas antiguas de los partidos opositores. Eso sería ideal. Pero si no quiere, puede aplicar una política propia, sin consultar a nadie de la oposición. Lo que no puede hacer es mirar para el costado.
Como todo el Uruguay sabe, en el Frente Amplio y en el gobierno coexisten dirigentes racionales y políticosaurios. Los políticosaurios, que controlan los órganos de dirección del partido, buena parte de la cúpula de la central sindical y vastos sectores de la enseñanza pública y de “la cultura”, se han impuesto más de una vez sobre los dirigentes racionales durante lo que va de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Los dirigentes racionales dan la batalla, pero solo “hasta ahí”, porque ponen por delante la vaca sagrada de la “unidad”, indispensable para ganar elecciones.
Si los racionales tampoco se les animan en este tema a los políticosaurios, quizá todos —los racionales y los políticosaurios— pierdan las próximas. Por ahí, capaz que estos últimos se asustan ante la posibilidad de tener que abandonar el poder.
Como dicen en el campo, “difícil que el chancho chifle”. Pero nunca está de más apelar a la razón para intentar que ella —y no el griterío insulso, ignorante, ideologizado y estúpido— gobierne los espíritus de los que mandan.
