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Un año después de haber asumido y tras discrepancias con su jefe y con las autoridades del Ministerio de Vivienda, Daniel García Pintos dejó de ser el subcoordinador general del Plan de Integración Socio Habitacional Juntos. Mientras que el exdiputado asegura que renunció por decisión propia, fuentes de la secretaría de Estado dijeron a Búsqueda que su relación con las jerarquías estaba deteriorada, en parte por decisiones presuntamente irregulares que había adoptado, y que su salida era inminente.
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En una carta que envió a la ministra Irene Moreira, fechada el 12 de abril, García Pintos dividió en cuatro puntos las “insalvables diferencias” que mantenía con el coordinador general del Plan Juntos, el coronel retirado Rody Macías.
En el primer punto advierte “gruesos errores de enfoque al negociar con el sindicato de la construcción” por un atraso en el pago de jornales. Esto provocó, según García Pintos, un costo para la empresa constructora del equivalente “al valor de 10 a 12 soluciones de mejoramiento de vivienda de familias muy humildes”. En el segundo punto, dice que Macías desestimó su pedido de poner vigilancia en una casa que luego fue vandalizada y su reconstrucción costó US$ 14.200, el equivalente a “cuatro o cinco canastas de materiales para otras tantas familias necesitadas”.
García Pintos acusa a Macías de otorgar “muy pocas soluciones para uruguayos con uniforme policial y militar que viven en viviendas muy precarias en barrios muy complejos”.
El último punto, que según el exdiputado fue “lo más doloroso”, es “el destrato” del director “hacia parte del personal”. “No siempre fui testigo directo de los hechos concretos, pero sí recibí en mi oficina a algunas de estas damas, que, conmovidas hasta el llanto me comentaron el mal momento que sufrieron. Hice lo correcto cuando en más de una ocasión le reclamé que no les faltara el respeto a nuestras compañeras de trabajo”, escribió en su carta, a la que accedió Búsqueda.
García Pintos fue diputado por el Partido Colorado durante 20 años entre 1990 y 2010 y de cara a las últimas elecciones pasó a militar en filas de Cabildo Abierto, partido que propuso su nombre para trabajar en el Plan Juntos. Desde abril de 2020 se desempeñaba junto con Macías al frente del plan sociohabitacional.
Problema de “enfoque”
En la secretaría de Estado dan una versión un poco distinta a la que describe García Pintos en su carta. Uno de los episodios que causó discordia fue la asignación, en la que el entonces subcoordinador tuvo incidencia, de tres viviendas a familias de policías, dijeron fuentes del ministerio.
“Al menos en dos casos” no se siguió el orden de preferencias y adjudicó soluciones habitacionales a personas que “no contaban con los requisitos necesarios”, relató uno de los informantes.
Un allegado a García Pintos aseguró que esos casos siguieron el proceso para otorgar las viviendas a los policías, que todo fue “por derecha” y cumpliendo con todos los requisitos, ya que se trataba de “familias humildes y de contextos críticos”.
En el Ministerio de Vivienda aseguran que la carta de renuncia refleja, al menos en parte, que la salida de García Pintos responde a sus discrepancias con la gestión de Moreira.
El “enfoque” que plantea el renunciante de que el Plan Juntos debía favorecer a militares y policías no es el que tienen las actuales autoridades, dijo un informante cercano a la ministra. La visión que tenía García Pintos, añadió, “era beneficiar a unos y no a otros”, algo con lo que Moreira no está de acuerdo.
En cuanto a la gestión de Macía, la evaluación de las autoridades es positiva. “En pandemia, hizo 15% más soluciones habitacionales que en el mismo período del 2019”, aseguró uno de los consultados.
El Plan Juntos es una iniciativa que impulsó José Mujica durante su gobierno. Los objetivos del plan son mejorar la “calidad de vida, la integración social y el fortalecimiento de la participación” de las familias que viven en la pobreza. Para ello se apuntará a la mejora de la vivienda, la relocalización de asentamientos, y dar infraestructura a la zona en la que viven. Según la ley, el plan atenderá a aquella población que se encuentre en “situación de extrema pobreza con precariedad sociohabitacional”.
Al comienzo, el plan se financiaba en parte con dinero que aportaba Mujica con su sueldo. A ello se sumaron una serie de donaciones de empresas, fundamentalmente en especies. En la actualidad, la fuente de financiamiento principal son recursos presupuestales del Estado. Desde su creación y hasta fin de 2020, se habían construido unas 2.000 viviendas.
