“(...) Lo que probablemente nadie pueda contestar con facilidad es ¿a qué cosas vamos a renunciar, para darle recursos a la educación? ¿Qué proyectos vamos a postergar, qué retribuciones vamos a negar, qué obras dejarán de hacerse? ¡Con cuántos no habrá que pagar el gran sí a la educación!”. Ese énfasis puesto por José Mujica ante la Asamblea General el día que asumió la Presidencia se plasmó en el gasto destinado por su gobierno a la enseñanza, que fue —junto al de la salud— el que más aumentó y representó una proporción de recursos que ubica a esa área en sus máximos desde al menos el retorno a la democracia.
Desarrollo Social también tuvo una mayor asignación de fondos luego de la baja que se había producido al finalizar los planes de emergencia social en 2008.
En contraste, los rubros vinculados a seguridad y defensa recibieron en los últimos períodos la menor cuantía de recursos respecto al total, algo que ocurrió también en las áreas de transporte y vivienda.
El gasto presupuestal —que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución (ANEP, la Corte Electoral, la Universidad, ASSE, etc.)— ascendió a U$S 12.561 millones en 2012, se desprende de las cifras contenidas en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que empezó a estudiar el Parlamento.
Esa cifra implica un aumento de 6% en términos reales (por encima del aumento de precios minoristas) al comparar con el año previo, que se vio reflejado en mayores recursos para casi todas las áreas.
El monto del presupuesto que comprende la Rendición —equivalente a 25,2% del Producto Bruto Interno (PBI)— no es la totalidad del gasto público ya que deja de lado las erogaciones de las empresas y entes públicos, así como los gobiernos departamentales (que juntos representan alrededor de cinco puntos más del PBI).
En vistas de una economía que crece más lento recientemente y de condiciones externas menos favorables, el Poder Ejecutivo propuso en el proyecto de Rendición un aumento adicional del gasto de U$S 77 millones, con énfasis otra vez en la educación (principalmente con partidas para adelantar mejoras salariales convenidas para 2015). Los organismos de la enseñanza y los gremios de docentes reclaman más recursos para su área.
Presupuesto
El presupuesto medido en proporción del tamaño de la economía del país fue variando en las últimas décadas: durante la segunda mitad de los ochenta el gasto de los incisos comprendidos en la Rendición de Cuentas se ubicaba levemente por debajo de 20% del PBI, a principios de la década siguiente fue entre 15% y 17% del Producto, hasta que a fines de los noventa comenzó a aumentar para situarse en torno a 20%.
Al inicio de los 2000 el presupuesto llegó a valores similares al actual respecto al PBI ya que este se contrajo fuertemente en un contexto recesivo; desde esos años aumentó levemente hasta situarse en torno a una cuarta parte del producto que se observó el año pasado.
En promedio, el gasto presupuestal tuvo un aumento real de 3% anual en los años noventa, 4% en los 2000, y 5% entre 2010 y 2012. De esos 27 años, solo en 1990, 1991, 2000, 2004 y 2005 hubo caídas.
Los recursos distribuidos en el presupuesto se asignan a distintas dependencias con funciones diversas, aunque ocurre que algunas tienen programas en áreas comunes. Para observar más claramente la prioridad con la que se distribuye el gasto público, Búsqueda realiza una clasificación con las principales áreas, lo que permite comparar año a año y gobierno a gobierno desde 1985.
Educación.
El año pasado los gastos destinados a enseñanza y cultura llegaron a su valor máximo con respecto al PBI desde el retorno a la democracia: 4,8%. Frente al total del presupuesto fueron 19,1%, también una cifra sin precedentes.
De esa forma, en sus primeros tres años la administración de Mujica asignó un equivalente a 4,6% del PBI a gastos en esa área, en promedio. Eso supera a lo otorgado en todos los períodos previos: 3,1% en el primer gobierno de Julio Sanguinetti, 3% en el de Luis Lacalle, 3,2% en el segundo de Sanguinetti, 3,6% en el de Jorge Batlle y 4% en la Presidencia de Tabaré Vázquez.
Salud.
También el presupuesto de la salud se encuentra actualmente en sus niveles máximos.
En 2012 fue 1,9% del PBI, mientras que en años anteriores a 2008 no había superado el 1,5%.
Respecto al gasto total, el presupuesto en esta área fue 7,5% (también mayor a los últimos gobiernos aunque similar al de algunos años de la década de los noventa).
Eso refleja a su vez que el gobierno de Mujica —hasta 2012— fue el que mayor prioridad presupuestal dio a la salud al comparar con las administraciones anteriores, tanto en relación al PBI como respecto al total.
Seguridad.
La contracara se da en el caso del área “seguridad y defensa”. Si bien aumentó su asignación de recursos en los últimos años, la proporción con respecto al Producto se mantuvo en 2,5% y al comparar con el presupuesto total se ubica levemente por debajo de 10%.
Todos los gobiernos anteriores, excepto el de Vázquez, dieron mayor importancia presupuestal a esos rubros que el de Mujica. Al asumir el primer gobierno luego de la dictadura ese monto era cerca de 4% del producto y luego fue en descenso de forma sostenida.
Funcionamiento.
La asignación del gasto está destinada a hacer andar la estructura de los poderes y organismos públicos alcanzados por la ley de presupuesto y las Rendiciones de Cuentas. Esa parte del Estado empleaba a fines de 2012 a 207.479 personas, que representan cerca de tres cuartas partes del total de empleados públicos (284.762).
Los gastos salariales asociados a esos funcionarios (incluidas las cargas sociales) totalizaron U$S 3.857 millones el año pasado, 6,6% más en términos reales que en 2011.
El resto de los gastos de funcionamiento aumentó 7,4% real y se situó en U$S 7.782 millones. Entre ellos, por ejemplo, se adquirieron unos U$S 110 millones en alimentos, U$S 14 millones en uniformes, U$S 5,3 millones en papeles, formularios e impresos, cerca de U$S 611.000 en útiles de cocina, baño y comedor y aproximadamente U$S 47 millones en artículos de limpieza, aseo y fumigación.
Las inversiones fueron por U$S 921 millones, lo que representa casi 7% menos que en 2011.
