Gobierno dará compensación a transexuales mayores de 41 años por “daños” que les hizo el Estado y busca otorgar más beneficios a esa población

“Hay distintas formas de reinsertar, y en algunos casos hay que buscar formas de reparar ciertos procesos. Las poblaciones mayores a 41 años estaban insertas en una situación en la que mayoritariamente se las expulsaba de sus núcleos familiares y los centros educativos no trabajaban para su inclusión completa”, describió el jerarca. Y luego agregó que, además, en la dictadura, e incluso años después de que esta finalizó, los trans fueron objeto de persecución por parte de la Policía.

De acuerdo a los últimos datos que maneja el gobierno, existen aproximadamente 925 personas trans, de las cuales la gran mayoría son varones. De ese total, 158 trans superan los 51 años, lo que contrasta con el porcentaje de personas mayores a esa edad que existe en la población uruguaya en general. Una de las posibles razones que explican esta tendencia es que esta población tiene menos expectativa de vida, aunque las autoridades todavía no analizaron los datos.

El prematuro abandono del hogar, el bajo nivel educativo e ingresos sumergidos son tres aspectos que caracterizan a esta población. El promedio de ingresos del hogar de los trans mayores de 51 años, por ejemplo, es de aproximadamente $ 3.700 por mes, mientras que el promedio de ingreso del hogar entre los trans de 18 a 24 años es de unos $ 8.700 mensuales.

“Esto tiene que ver con la trayectoria laboral que tienen, que es el comercio sexual, su única posibilidad laboral. Y cuando aumenta la edad, se es menos objeto de deseo en ese mercado y por lo tanto sus ingresos bajan”, explicó Graña.

Entre las personas trans mayores de 51 años, el 54% tiene primaria completa, el 26% tiene la educación media básica, alrededor de 12% terminó la educación media superior, contando Secundaria y UTU. “Hay una cantidad de datos que son centrales y que terminan marcando un escenario de exclusión como trayectoria de vida”, dijo, y luego agregó que, aunque en la población trans más joven los datos son algo más favorables, todos están en una situación de “mucha vulnerabilidad”.

Por ese motivo, uno de los objetivos del proyecto de ley es garantizarles puestos de trabajos. El texto establece que en todas las nuevas contrataciones de los organismos del Estado deberá haber 1% de personas trans. Los redactores de la propuesta incluyeron este aspecto basándose en la ley de cuotas para las personas afrodescendientes aprobada en 2013, que también garantiza que ese segmento de la población pueda acceder a cargos dentro del Estado. Además, la cuota del 1% incluirá a las becas estudiantiles, una política que, si bien incluye a toda la población trans, está orientada a los más jóvenes.

Por último, la incitativa busca darle fuerza de ley a alguna prácticas que hoy se desarrolla en los centros de salud a partir de resoluciones ministeriales. Eso incluye desde procesos de hormonización hasta operaciones quirúrgicas para modificar el físico de las personas trans, que pueden incluir tanto cambios estéticos como en los órganos reproductores. “Muchas personas trans tienen la necesidad de generar modificaciones en sus cuerpos para poder habitar su identidad de género”, dijo Graña.

Agilizar el proceso para el cambio de nombre que solicitan las personas trans es otro de los puntos incluidos en la iniciativa. La idea es que, en lugar de que tengan que recurrir a la Justicia y atravesar un proceso engorroso, como sucede actualmente, el cambio de nombre se reduzca a un trámite administrativo, explicó.

El proyecto de ley fue diseñado por el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, un ámbito interministerial creado por el presidente Tabaré Vázquez en 2015, que incluye a las carteras de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Economía, Educación e Interior. Durante el proceso también participaron organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la lucha de los derechos de las personas trans, como Ovejas Negras.