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El gobierno seguirá adelante con su plan de cambiar la forma de atención a personas con discapacidad severa, y la semana próxima continuará con los traslados a Canelones de pacientes que están en un centro ubicado en Salto, pese a que en la semana hubo tres muertes luego de mudar pacientes de lugar.
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Centros pequeños de atención, equipos integrados por distintos especialistas, una mayor cercanía con los pacientes, mejoras edilicias y equipamiento adecuado, son las medidas que está impulsando el gobierno para mejorar la atención de las personas. En ese trabajo están involucrados los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
Ese cambio de política afectó a la Fundación Imcos, que tiene los centros Aldeas de la Bondad, ubicados en Salto y Paysandú. Allí convivían más de 140 personas (seis de ellas menores de 18 años de edad).
Según explicó el INAU en un comunicado emitido el jueves 8, los hogares de Aldeas de la Bondad no tenían las “condiciones necesarias” para seguir el nuevo modelo de trabajo, y por eso se rescindió el convenio. Se realizaron llamados públicos para gestionar los nuevos proyectos de atención y se seleccionaron tres lugares: “En Camino” (Montevideo), “Dies” (Canelones) y “Arco Iris” (Paysandú).
En ese marco se inició el traslado de 44 personas asistidas en Salto. Los pacientes fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea. Cuando ya estaban en Montevideo, tres personas fallecieron.
La situación generó reclamos de familiares, legisladores de la oposición y responsables de la organización.
El gobierno aún no publicó las causas de las muertes de los tres pacientes. En un primer momento, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que una de las causas pudo ser un foco infeccioso en Salto. Esta versión fue modificada ayer miércoles cuando autoridades del Mides y del INAU asistieron a la comisión de Derechos Humanos de Diputados. Allí, la subsecretaria del Mides, Ana Olivera, dijo que hoy no se puede afirmar que una infección fuera la causa de las muertes.
El INAU informó que el traslado fue planificado por varios organismos y la ONG. Se tomaron los “recaudos médicos necesarios, contemplando los requerimientos sanitarios para los traslados especializados, el cuidado de la salud y el confort de las personas durante el procedimiento”. Para ello se “contó con el aval de un equipo médico” de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que “valoró que las condiciones estaban dadas para el traslado de dichos pacientes”, señaló el INAU.
Sin respuestas.
El hecho generó un cruce de reproches entre la organización, el gobierno y legisladoras de la oposición. “Es un tema estrictamente económico. Los sacaron de acá y se murieron”, dijo Raúl Cardozo, responsable de los hogares, según informó el portal “Ecos” el lunes 12. El INAU rechazó que el aspecto económico haya sido el motivo por el cual se puso fin al convenio.
El médico tratante del hogar en Salto, José Scaparoni, no estaba de acuerdo con los traslados. Dardo Rodríguez, director del INAU, reconoció que el médico “manifestó que no era conveniente” el traslado, pero informó que había un “compromiso de todo el equipo de Aldea de la Bondad de apoyar el traslado”. Según Rodríguez, eso no se cumplió tal como se esperaba. Se quejó porque las autoridades recibieron “información muy parcial” sobre la situación de los pacientes.
Los trabajadores de Aldeas de la Bondad adelantaron esta semana que no permitirán que se hagan más traslados. “No queremos que vuelvan a ocurrir más muertes, no queremos que continúen los traslados cuando no existen garantías (…) ya les anunciamos a las autoridades y al Ministerio del Interior que van tener que pasar por arriba de más de 100 funcionarios y de la población que nos quiera acompañar”, dijo el dirigente Fabián Medina, según publicó “El País” el lunes 12.
En comisión, las autoridades del INAU y el Mides informaron que se suspendería el traslado previsto para hoy jueves, pero que se realizará la semana próxima.
Marisa Linder, presidenta del INAU, dijo que la revisión del contrato se hizo en enero de 2015 y que desde ese momento se viene trabajando para realizar los traslados con “garantías para las personas”.
Desde la oposición, la diputada colorada Cecilia Eguiluz se mostró crítica con las explicaciones de las autoridades. “Vinimos a buscar respuestas y nos fuimos con más preguntas”, dijo. Criticó que no se informara cuáles fueron las causas de las muertes, ni quién dio la orden los traslados.
Gloria Rodríguez, del Partido Nacional, reclamó que la semana próxima concurran a la comisión la ministra Arismendi, autoridades de la Fuerza Aérea, de ASSE y de Aldeas de la Bondad.
