Gobierno defiende que no se cumplieron los “presagios” sobre el aumento de menores detenidos a causa de la LUC

De acuerdo a datos del Inisa a los que accedió Búsqueda, hasta esta semana eran 281 los adolescentes en prisión, de los cuales 232 cumplen condenas y los restantes 49 están detenidos de forma cautelar. Además, hay 16 jóvenes con arresto domiciliario o libertad a prueba. Estas cifras superan las registradas en 2020. En mayo de ese año, por ejemplo, eran 273 los adolescentes infractores privados de libertad. Pero se mantienen muy por debajo de los registros históricos.

Entre los artículos aprobados por la LUC que involucran a adolescentes se encuentra el artículo 75, que modifica el régimen de semilibertad para los adolescentes al prohibir las salidas hasta que no cumplan al menos la mitad de la pena cuando se trata de delitos como rapiña, abuso sexual, copamiento y homicidio. El artículo 76 extiende las penas de cinco a hasta diez años para los delitos de violación, abuso sexual especialmente agravado, homicidio agravado y muy especialmente agravado.

El artículo 77, en tanto, establece una pena mínima de dos años de privación de libertad para los adolescentes de entre 15 y 18 años que cometan homicidio intencional con agravantes especiales. Y el artículo 78 define que cumplida la mayoría de edad se mantengan los antecedentes penales de quienes hayan cometido violación, abuso sexual, rapiña y copamiento, entre otros.

Sobre el número de adolescentes que recibieron penas mayores a los cinco años tras el cambio normativo, De Olivera dijo que hay “cuatro o cinco casos solamente”, con sentencias que van desde los siete a los nueve años.

En diálogo con Búsqueda, el diputado nacionalista Álvaro Viviano dijo que los resultados del Inisa “son datos matarrelatos” porque “desaparecieron de la luz pública aquellos argumentos de que por la LUC iban a abarrotarse los centros de privación de libertad de adolescentes”. El legislador, quien se desempeñó como director del Inisa en el anterior período de gobierno en representación de la oposición, sostuvo que en los 20 meses de vigencia de la LUC se demostró que “la escalada” de detenidos no pasó. “Los casos para los que se aumentaron las penas, que son delitos gravísimos, al día de hoy involucran a solo cinco adolescentes”, insistió.

“Esto era algo que los magistrados ansiaban porque planteaban que para estos casos excepcionales les faltaban herramientas para sancionar de forma diferente. Es notorio que estamos ante un gran avance y es claro que no se cumplieron los presagios de las dificultades que iba a tener el Inisa. Todo lo contrario”, afirmó.

Para Viviano “lo que está en juego es no retroceder” porque estos artículos forman parte de una sección más amplia “en la que residen los avances en seguridad”. “Los datos estadísticos refieren a una mejora significativa en todos los estándares y en todos los mecanismos de prevención del delito. Y derogar esto implicaría retroceder en materia de un ordenamiento jurídico que evolucionó y está demostrando en datos que funciona”, defendió.

Para la legisladora del Frente Amplio Cristina Lustemberg, las cifras van en línea con los registros que existían antes de la discusión de la LUC, cuando año a año disminuían. Por eso cuestiona “si era necesario” modificar la norma. En su opinión, lo que hace falta es “dar una discusión más profunda respecto al rol de los adolescentes”.

“La visión del gobierno es desde una concepción que impuso modificaciones con una fuerte impronta punitiva que conduce a una estigmatización de la adolescencia en conflicto con la ley”, sostuvo.

Por su parte, el vicepresidente del PIT-CNT y presidente del sindicato de trabajadores del INAU y el Inisa (Suinau), José Lorenzo López, aseguró que “es una locura” decir que la LUC no tiene impacto porque, en su opinión, “es claro que en relativamente poco tiempo, dos años, el número se va a acrecentar sustancialmente”.

“El aumento de las penas va a significar que gurises que cometan una infracción con 17 años estarán hasta los 27 en los mismos establecimientos que tenemos hoy, porque el cambio normativo no vino acompañado de ninguna respuesta presupuestal. Ya hay sentencias que son de más de siete años. Y en el tiempo esto va a acumular una cantidad que no va a salir. En algunos casos, van a ser más grandes que los propios educadores. A todas luces, esto va a ser un desastre”, concluyó.

Consultada De Olivera sobre esta posibilidad, respondió: “Futurología yo no hago. Me remito a la realidad y esto es lo que pasó en este tiempo que lleva aplicada la LUC”.