Gobierno define medidas para sacar de la pobreza extrema a familias que en sus barrios pueden ser tentadas por narcotraficantes

La idea se implementará en una primera etapa en seis zonas del área metropolitana (cuatro en Montevideo y dos en Canelones), principalmente “asentamientos en zonas cercanas”, explicaron a Búsqueda fuentes oficiales. Para su selección, los técnicos designados por el gobierno cruzarán cifras de delitos con indicadores sociales y análisis de campo.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011, la pobreza continuó bajando y se ubica en el 13,7% y la indigencia en el 0,5%. Pese a la reducción de estos dos índices, en el gobierno entienden que las dificultades aumentan al momento de atender a las personas que están en peor situación.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está culminando una serie de recorridas por todo el país —se puso como meta visitar 60.000 hogares— y detectó que había “un problema importante de focalización”, por lo que algunos hogares no recibían ningún tipo de asistencia o prestación, comentó a Búsqueda el ministro Daniel Olesker.

En el Consejo de Ministros, Olesker explicó que hay un sector de la sociedad que tiene “afectaciones fuertes” como falta de habilidades laborales, bajo nivel educativo, problemas de vivienda, dificultades para el acceso a algunos servicios de salud y problemas para el cuidado de los niños en caso de querer estudiar o trabajar.

El ministro planteó cuatro puntos en los que el gobierno debe poner énfasis. Dijo que primero es necesario ubicar con mayor precisión dónde está la población objetivo, algo en lo que ya se viene trabajando. En segundo lugar, el ministro propuso “reforzar” el “maletín de prestaciones” que tiene el Estado para atender a los sectores más pobres. Olesker dijo en el Consejo de Ministros que se constató que hay hogares a los que les “faltan algunas cosas”, como medidas para atender el cuidado de los niños. Dijo que para permitir que los adultos estudien o busquen un trabajo es necesario que puedan dejar en un lugar a los menores de edad. Por eso, una de las medidas a aplicar es otorgar un voucher al hogar para que puedan llevar al niño a una guardería. Por último planteó mejorar la coordinación de las distintas reparticiones del Estado cuando se llegue a cada lugar.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, planteó recurrir al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para mejorar la situación laboral.

La presión del barrio.

Como en el gobierno consideran que las acciones en las zonas pobres que encabeza el Mides están relacionadas con las actividades del Ministerio del Interior en barrios con problemas de seguridad, luego del Consejo de Ministros se creó una comisión con representantes de ambas carteras que estará encargada de definir las zonas donde comenzará la profundización de las políticas sociales y la estrategia para aplicarlas.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Búsqueda que planteó hace varias semanas en el gabinete que el gobierno debía discutir ese tema. “Nosotros podemos seguir con las políticas policiales y vamos a seguir con ellas, pero las políticas policiales dan una respuesta de momento, y acá hay que buscar medidas de más largo aliento. Ese tipo de respuesta son políticas sociales, de vivienda, educación, salud, culturales”, explicó el ministro.

El jerarca sostuvo que la “definición más clara” a la que se llegó durante del encuentro es que para “defender” las acciones sociales va a haber que “profundizar la política policial” en esas zonas.

“Tenés gente del barrio que superó la línea de pobreza y que tiene trabajo. Se va integrando a la sociedad pero vive en el barrio, su familia es del barrio, y en el barrio está presionado por los narcos. Le cobran peaje, lo amenazan, lo hacen actuar como campana. El tipo no lo hace, lo entran a presionar más. Esa persona está integrándose a la sociedad y tiene una presión de la minoría de la sociedad. Entonces, o vos le sacás esa presión o un día se lastima, pierde el trabajo por dos semanas, y los narcos le pagan la luz, le dan una canasta y ya está, te lo ganaron. Ese caso individual es colectivo, pasa mucho”, sostuvo Bonomi.

El jerarca rechazó que se esté “estigmatizando” a los barrios donde se focalizará el trabajo. “Vos tenés que intervenir como Policía en aquellos barrios en los que los delincuentes tratan de expulsar a las personas que viven ahí. Todos los que viven ahí no son chorros, hay gente de trabajo, pero son rehenes de los criminales. Tenés que intervenir para defenderlos, pero tiene que ser una intervención urbana, para diseñar de nuevo el barrio”, dijo.

Bonomi explicó que la idea es “fortalecer” los programas para sacar de la pobreza con “mayor firmeza” a las familias y evitar que vuelvan a caer en la vulnerabilidad. “No es que las políticas sociales hayan andado mal, es que cuando tenés logros de gobierno, esos logros generan demandas nuevas”, afirmó.

Olesker, en tanto, dijo que están trabajando en los costos que implicará la “reformulación” de “algunos instrumentos”, aunque adelantó que será “marginal” teniendo en cuenta la inversión global en gasto social que ronda los U$S 4.000 millones.

En cuanto a las contraprestaciones que deberán cumplir los hogares que serán atendidos, Olekser dijo que se hará un “acompañamiento a la familia para evaluar la buena utilización de los recursos” que se le dan. El jerarca opinó que se están restituyendo derechos y obligaciones y aseguró que las contraprestaciones están funcionando. “Con un 99,5% de asistencia escolar y un aumento de siete puntos en los liceos, está más que demostrado que esto funcionó”, concluyó.