Un tema “fundamental” para el gobierno es la caminería rural, que iba a ser el principal destino de la recaudación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Sin embargo el gobierno prevé que la Suprema Corte de Justicia lo declarará inconstitucional y por eso diseñó una alternativa para obtener los recursos necesarios.
El otro componente de esa estrategia es la Universidad Tecnológica (Utec), cuya creación aprobó el Parlamento. De acuerdo a la fuente, “el gobierno sigue una directiva muy clara, que es que haya más de una sede universitaria y que cada una esté relacionada con los intereses productivos y con el proceso de regionalización”.
En la reunión de Anchorena se discutirá este punto. “Cada departamento va a intentar que en su zona haya una Utec, pero tanto para el Poder Ejecutivo como para los intendentes lo importante es que esto se haga, y ese será el planteo principal teniendo en cuenta la división del país en regiones y en zonas productivas”, puntualizó el informante.
El gobierno también tiene previsto plantear que se les cobre a las intendencias un aporte económico para destinarlo a la Utec.
Cargas y caminos.
Las regiones en las que el gobierno dividió el país son cinco: Metropolitana (Montevideo, San José y Canelones), Este (Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja), Centro-Sur (Flores, Florida y Durazno), Litoral (Colonia, Soriano y Río Negro) y Norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo).
Uno de los principales problemas que todas afrontan es el precario estado de la caminería rural y las ineficiencias con que tropiezan cuando quieren resolverlo.
En un contexto de alta producción, las carencias de infraestructura condicionan la posibilidad de que se puedan sacar con éxito esos productos para la exportación.
En el año 2010 el volumen total de cargas alcanzó las 12,1 millones de toneladas en los 18 departamentos del interior, según el anuario 2011 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Esa cantidad se repartió en 6,9 millones de toneladas de madera (57%), 4,0 millones de toneladas de granos de secano (33%) y 1,2 millones de toneladas de arroz (10%).
Los departamentos que aportaron mayores volúmenes de carga fueron Tacuarembó, Rivera, Paysandú, Soriano y Río Negro, con el 56% del total.
En la madera se observó un predominio de la región noreste (Tacuarembó y Rivera), con el 41% del total, mientras que en los granos destacaron los departamentos de Soriano y Río Negro (de la región Litoral), con el 34% de esas cargas.
Sin embargo el crecimiento de las cargas no es acompañado por la inversión en infraestructura vial. Las lluvias que cayeron en octubre del 2012 dañaron los caminos rurales todavía más de lo que ya estaban.
Para solucionar los problemas viales el gobierno y los intendentes acordaron que cada región conforme una empresa de derecho privado que se encargue de las obras.
Esas empresas serán financiadas con recursos que en principio iban a provenir de la recaudación del ICIR pero, como se prevé que el impuesto caiga, serán generados por otras vías tributarias.
Un integrante del Poder Ejecutivo sostuvo que “el objetivo es la caminería rural profunda, los accesos difíciles, los puentes más perdidos, los caminos a los que no se ha podido llegar, y eso hay que mirarlo de una forma regional, también por un tema de eficiencia”.
“Es muy difícil decir ‘voy a hacer aquellos 10 kilómetros en aquel lugar y me muevo después 400 kilómetros para hacer 7 en otro lugar’. Hay que aprovechar las regiones para que para una empresa sea mucho más eficiente no hacer 10 kilómetros sino hacer varios kilómetros de varios departamentos que se encuentran allí en lugares próximos. Lo que muchas veces pasaba es que lo hacíamos hasta el borde, porque era un solo departamento, y del borde para allá no se hacía más nada”, afirmó.
Inversiones.
Ayer miércoles, a la salida de la reunión del Consejo de Ministros, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, anunció que para la caminería habrá “inversiones que estarán en el entorno de los 150 millones de dólares por año, que en tres años sumarán cerca de 500 millones de dólares”.
Está previsto que al menos unos U$S 50 millones sean destinados a la compra de maquinaria por parte de las empresas regionales que se constituyeron.
El 7 de febrero, luego de la última reunión del Congreso de Intendentes, se anunció que se comprarán 680 unidades de maquinaria vial por ese monto.
Para eso se abrirá una licitación. Al data room que se organizó por ese tema concurrieron 17 empresas nacionales y extranjeras a las que se les informó qué es lo que se piensa adquirir, dijo a Búsqueda el intendente de Río Negro y presidente del Congreso de Intendentes, Omar Lafluf.
“Algunas intendencias ya habíamos hecho el llamado a licitación. Hay otras que van a ir en el grupo de empresas que se presentaron el otro día, lo que no quita que se pueda cambiar de una a otra. O sea, si hay una mejor oferta en el llamado conjunto respecto a lo que tenemos individualmente, es probable que vayamos en conjunto”, agregó.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, dijo el jueves 7 a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, que “en el proceso se contemplará el servicio de posventa, entrega de la maquinaria, reparación y garantía, cambio de usado por nuevo, repuestos y posibilidades de locación territorial de las reparaciones”.
Además se acordó con Ancap que el 50% del gasto promedio en gasoil y asfalto de diciembre, enero y febrero se pagará en nueve cuotas desde marzo. De la misma forma se financiarán las compras de portland de las intendencias a Ancap.
Algunas regiones ya tienen establecidas prioridades para el uso de los recursos. Flores, Florida, Canelones, Durazno y San José acordaron realizar un llamado a licitación para comprar una planta para la fabricación de concreto asfáltico que reduzca los costos de materia prima para la reparación de caminos.
En ese marco surgieron otras iniciativas de inversión. El intendente de Maldonado, Óscar de los Santos, propuso que varias intendencias se asocien para gestionar un fideicomiso con los recursos que OSE genera en esos departamentos, con lo cual se podría concretar el saneamiento. También promueve el desarrollo de un proyecto de generación de energía eólica para reducir el gasto de las intendencias en alumbrado público.
Un salto.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas está “buscando la manera” de ser también “socio de esas empresas”, según dijo a Búsqueda el ministro Enrique Pintado. Sostuvo que se lo planteó a los intendentes y al presidente, “que está de acuerdo”.
Pintado opinó que “la idea de la regionalización tira abajo la utilización a veces ineficiente de los recursos, que son escasos”.
“Imagino nuestras regionales incorporándose a esas empresas con toda la maquinaria que tienen y aprovechando mejor la maquinaria de uno y otro —agregó—. No es que la maquinaria esté ociosa, porque siempre hay insuficiencia, pero el tema es cómo se utiliza eficientemente. Si estoy trabajando en la frontera del departamento A, que es límite con el B, es una ineficiencia que venga el del B a trabajar a su frontera cuando está el del A”.
“Veo al Ministerio como un socio, y si no, haciendo acuerdos específicos, pero lo imagino como un socio que vale lo que va a poner en la región —sostuvo Pintado—. Y también lo imagino como un elemento motivacional para nuestros funcionarios, que tendrán la posibilidad de tener esa retribución fija pero también una retribución sujeta a resultados, a metas cumplidas que se pueden visualizar muy bien. Creo que pegaremos un salto”.
Contratapa
2013-02-14T00:00:00
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