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Lacalle Pou virtualmente ganó el balotaje del domingo 24 —con una mayoría de votos inferior a la cantidad de sufragios observados, por lo que su rival, Daniel Martínez, no reconoció la derrota— y esta semana empezó a negociar la conformación del gabinete ministerial y las designaciones para otros cargos de la futura administración. En paralelo, colaboradores del presidente electo mantuvieron contactos informales con algunos referentes frentistas, una gestión que apunta a reducir el riesgo de que se obstaculicen los planes de la nueva administración.
Delgado no descarta que el Frente Amplio pueda hacer sus aportes para enriquecer la ley de urgente consideración anunciada durante la campaña por Lacalle Pou.
En la coalición “multicolor”, algunos visualizan al expresidente y futuro senador José Mujica como un interlocutor fundamental.
“No podemos desconocer que el Frente Amplio tiene una composición parlamentaria donde el MPP tiene una incidencia muy importante, quizás del 60%, y por tanto José Mujica termina siendo un actor clave en este proceso”, declaró a Búsqueda Álvaro Delgado, mano derecha de Lacalle Pou y casi seguro secretario de la Presidencia de su gobierno. “El Frente definirá institucionalmente cuáles serán sus interlocutores. Vamos a tener que hacer reuniones lluvia, porque no está bueno que siempre el mismo ponga la yerba”, graficó.
Delgado también dijo que no descarta que el Frente Amplio pueda hacer sus aportes para enriquecer la ley de urgente consideración anunciada durante la campaña por Lacalle Pou.
Su mayor preocupación pasa por el lugar que ocupará Cabildo Abierto y lo que él llama “ultraderecha”. Miranda dijo que le “da miedo” el ascenso de esa agrupación liderada por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, porque considera que “hay una vertiente de ultraderecha que intenta decidir en la conducción política del país”.
Miranda afirmó que el Frente Amplio debe abrir un diálogo con el futuro gobierno y que “sería un error” empujar a Lacalle Pou hacia sus socios de “ultraderecha”.
La necesidad de alcanzar consensos en el próximo período de gobierno fue advertida por algunos observadores del exterior, como Standard & Poor’s (S&P). La agencia analizó el escenario político poselectoral y los “desafíos” para la calificación de riesgo del país, ubicada en el rango de investment grade pero amenazada ante el deterioro fiscal y el aumento de la deuda pública.