Solo dos inspectores con un chofer cada uno para controlar la actividad minera de todo el país. Esa es la capacidad hombre que tiene actualmente la Dirección Nacional de Geología y Minería (Dinamige) en el territorio.
Solo dos inspectores con un chofer cada uno para controlar la actividad minera de todo el país. Esa es la capacidad hombre que tiene actualmente la Dirección Nacional de Geología y Minería (Dinamige) en el territorio.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa explotación minera ilegal es un problema en Uruguay. El subsuelo es patrimonio nacional y extraer material de allí requiere autorización y también el pago de un monto al Estado, aunque hay quienes operan ilegalmente y extraen sin avisar ni pagar.
Si bien dos personas para controlar todo el país es insuficiente, ahora “existen instrumentos de control muy distintos”, dijo a Búsqueda el geólogo Néstor Campal, director nacional de Minería. El jerarca, al igual que su antecesora, la geóloga y profesora grado cinco de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar), Leda Sánchez, está convencido de que el uso de la tecnología es la clave para suplir la falta de recursos humanos para controlar en el territorio.
En esa línea, la Dinamige adquirió y puso en marcha en 2016 un escáner que permite, una vez posicionado en el centro de la cantera, estimar mediante tecnología láser la cantidad de material que se extrajo en ese sitio. De esta forma se puede comprobar si lo declarado por quienes realizan actividades extractivas coincide con la realidad. También están realizando pruebas de medición de volúmenes con un dron y cuentan con equipos para medir vibraciones in situ, que comparten con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
La novedad ahora es la puesta en marcha de la red del Observatorio Geofísico del Uruguay, en el que participan —tras un convenio firmado el 14 de junio— el Ministerio de Industria, Energía y Minería (a través de Dinamige), el Ministerio de Defensa (a través del Servicio Geográfico Militar), la Presidencia (con el Sistema Nacional de Emergencias) y la Facultad de Ciencias de la Udelar.
Es un “un mecanismo más” que se incorpora a los instrumentos de control, indicó Campal.
El observatorio ya montó la mayor parte de una red de 14 acelerómetros triaxiales (que miden la aceleración) y prevén completarla con unos siete sismómetros en distintos puntos del país (que miden la velocidad de movimiento de las partículas) para registrar sismos y también explosiones (voladuras) de canteras.
Ahora es posible detectar cuál es el origen de eventos de vibraciones y terremotos. Los especialistas pueden discriminar si las vibraciones son producidas por el hombre, por explosiones de canteras (conocida como “sismicidad artificial”, inducida por las actividades de la minería), o si se trata de un evento natural. Además pueden precisar su magnitud y localización.
Uruguay está en un área de “bajo riesgo desde el punto de vista de la tectónica global” o la distribución de terremotos, por eso el tema “no tuvo demasiada atención durante mucho tiempo”, explicó Campal. Tras el último terremoto ocurrido el 24 de noviembre de 2016 cerca de la localidad de Sauce, el tema llegó con fuerza al gobierno. “Es un proyecto país; para mí es la panacea que se entienda la importancia de la sismicidad”, dijo Sánchez a Búsqueda. A partir de ese episodio el año pasado hubo “un cambio de paradigma”, afirmó.
Gran parte de la red ya está montada y reportando información a la Dinamige en tiempo real, a través de la conexión wifi. Esos datos son analizados por un equipo de estudiantes de Geología de la Facultad de Ciencias, que trabaja en forma honoraria y bajo la guía de Sánchez. La docente comentó que le preocupa que el expertise se pierda, ya que no son remunerados por la tarea.
La Dinamige prevé mediante la nueva ley de Presupuesto sumar un cargo rentado para un geólogo capacitado en estos temas. Esa oficina recibe entre dos y tres denuncias mensuales por extracción ilegal o por conflictos ambientales vinculados a la extracción minera y necesita dar respuestas.
Google Earth es muy útil para observar las explotaciones de materiales blandos a lo largo del tiempo y comparar si en canteras que fueron cerradas se continúa extrayendo material ilegalmente. La minería de materiales blandos no requiere explosivos: la arena, tosca o balasto se extrae con maquinaria y se usa para la fabricación de caminos, y la arcilla se usa para fabricar cerámica blanca o roja. En esa actividad “sencillamente hay ilegalidad”, dijo Campal.
Algunas canteras son reactivadas por intereses de privados, sin conocimiento de la Dinamige, y pueden incluso tener como fin obras públicas. A veces con conocimiento de la ley y otras sin ello, los dueños del campo extraen ilegalmente (porque el subsuelo siempre es del Estado, no del dueño de la superficie, y la extracción requiere autorización ambiental de Dinama y de Dinamige).
A veces ocurre que las intendencias necesitan material para arreglar caminos de urgencia tras una tormenta y con la intención de solucionar rápido el problema incurren en procedimientos ilegales, sin completar los permisos que corresponden. Por eso, la Dinamige presentó un proyecto que acompaña la Rendición de Cuentas con una propuesta de cambio que permita acelerar estos trámites ante situaciones imprevistas.
La minería de materiales duros requiere explosivos, como la explotación de piedra partida (el uso más popular) destinada a la fabricación de hormigones. En el país hay numerosas canteras de piedra partida. Su costo por metro cúbico es bajo y por eso se extrae en zonas cercanas al sitio de consumo. También requiere explosiones la extracción de calizas para fabricar cal, cemento portland o para aplicar a los suelos que necesitan una corrección de su PH para poder plantar, algo que ocurre sobre todo en el norte del país, en la zona del acuífero Guaraní. Para extraer amatistas se hacen túneles y galerías en roca fresca con numerosas explosiones de pequeña escala. También requiere explosivos la explotación de oro, para la cual se crean galerías subterráneas de miles de metros en Rivera.
La actividad ilegal en este rubro es más compleja que la de materiales blandos, pero “eso no quita que haya irregularidades y un volumen de explotación que no coincide con el que se manifiesta en las declaraciones juradas”, dijo Campal. Si el volumen extraído o la cantidad de explosivos utilizados no coincide con la declaración, se inicia una investigación.
El Servicio de Material y Armamento del Ejército es el encargado de producir y controlar la venta de explosivos en Uruguay. Pero hacen falta más controles para asegurar que se utilicen correctamente.
El problema es el uso posterior que hace la empresa minera con esos explosivos. Ocurre en ocasiones que dicho uso “no sigue las reglas del arte o hay errores en cuanto a la cantidad de explosivos utilizados y hay afectación del entorno” por el ruido, explicó Campal. A veces, los explosivos se adquieren para un actividad autorizada pero luego se hace un “trasvase de explosivos” a otro sitio, señaló. “Hay una cantidad de vericuetos”.
El observatorio permitirá controlar cuándo y dónde se utilizan explosivos. Los mineros deben presentar una lista obligatoria con los datos de cada explosión o “voladuras” que realizan ante la Dinamige, y ahora el observatorio puede comparar si los registros de explosiones que recibe se corresponden con actividad legal y registrada o si ocurre en sitios en los que no estaba autorizado. Los equipos colocados para conformar la red pueden determinar el lugar de la explosión al cruzar los datos entre varios de ellos.
Sánchez explicó que ahora están realizando un trabajo de “calibración”, estudiando los primeros casos y observando cómo se refleja en los registros. Algunas voladuras locales de pequeña escala y a larga distancia podrían no registrarse y es por eso que están poniendo a punto el sistema. De todos modos, la docente aclaró que los equipos de la red tienen muy buena sensibilidad y han detectado actividad incluso en Argentina.
Hace una semana, el observatorio tuvo la oportunidad de demostrar su utilidad. Tras denuncias de temblores en el norte del país y declaraciones de un supuesto vínculo con la actividad de la petrolera Schuepbach Energy Uruguay SRL en Paysandú, el observatorio verificó, luego de estudiar los registros, que en la zona no hubo tales temblores. El análisis fue validado por el Centro de Sismología de la Universidad de San Pablo y enviado al Sistema Nacional de Emergencias (Búsqueda Nº 1.924).