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Una agroindustria con 75 empleados instalada en Paso Lapuente (Rivera) contrató hace varios años a un técnico prevencionista y a un médico como condición para obtener una habilitación, que logró hace 15 días. Pero, en realidad, el requerimiento era contar con el servicio de un profesional en salud ocupacional y no en reumatología —como sucedió en los hechos—, ya que en la zona no existía una persona con esa especialización. El caso fue comentado la semana pasada en una charla entre industriales para ilustrar las dificultades prácticas para cumplir con una nueva normativa en la materia.
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El ejemplo dio pie para que surgieran inquietudes sobre la carencia de estructura sanitaria en el interior del país, el problema de las certificaciones médicas y el ausentismo —que afectan la continuidad y el ritmo de producción—, así como el aumento de costos que significará para las fábricas, en momentos en que cae la actividad del sector.
Con tono más duro, este tipo de preocupaciones se trasladaron al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat) a partir del jueves 4 por parte de la delegación empresarial, que aspiraba hace tiempo a acordar una prórroga de la normativa. Tal expectativa estaba fundada en una propuesta de aplazamiento del Poder Ejecutivo por un máximo de tres años que había sido presentada en el Conassat a partir de un relevamiento del número de profesionales habilitados para llevar a cabo lo que establece el decreto en cuestión (Nº 127 de mayo de 2014), ante la advertencia del sector empresarial sobre la “inviabilidad” de cumplir con lo que dispone.
“Tenemos legislación del Primer Mundo pero no pensamos en su aplicación. Toda la normativa es acumulativa y no sustitutiva, y si no se prorroga, ¿quién nos suspende la responsabilidad?” en caso de que existan accidentes laborales, dijo a Búsqueda un informante enterado de las negociaciones de los últimos días.
Como las posiciones no se acercaron y asoman “irreconciliables” —especialmente con el PIT-CNT, pero también se distancian de las del Banco de Seguros del Estado (BSE), de Previsión Social, y los ministerios de Salud y de Trabajo, que integran el Conassat—, el martes 9 la inspectora general de esa última cartera, Cristina de Marco, presentó un proyecto de decreto según el cual la norma comenzaría por aplicarse desde mediados de mayo a las empresas grandes (con más de 300 empleados) y se prorrogaría por hasta 18 meses para las chicas y medianas.
Existe un “gran malestar” porque el Ministerio de Trabajo no “honra” su propuesta, sino que la “sustituye por otra que contiene un 50% de la original. Así no se fomenta el tripartismo”, afirmó a Búsqueda Andrés Fostik, presidente de la Comisión Socio-Laboral de la Cámara de Industrias.
“Hay un desencuentro entre distintos intereses y posiciones, y desde el punto de vista del riesgo, está bueno que cuanto antes comience a regir, mejor. (...) Pero el que no está preparado ahora, nunca va a estarlo”, dijo a Búsqueda una fuente del BSE.
El jueves 11 volvieron a reunirse el Conassat, a la espera de que los representantes de las cámaras de Industria y de Comercio y Servicios apoyen el decreto propuesto por el Poder Ejecutivo y este respalde con un “trabajoso” consenso la emisión del decreto. Pero el acuerdo y la asistencia al ámbito asoman difíciles.
“La prórroga de 18 meses fue acordada con el PIT-CNT, no fuimos consultados ni invitados a esa conversación. No hay una postura de modificarla”, explicó un asesor empresarial. Informó que la propuesta de prórroga para las firmas pequeñas y medianas surgiría del trabajo de una subcomisión dentro del Conassat que se formaría para definir qué sectores se irían incorporando al sistema de salud y prevención, en un plazo de 180 días de tomada la decisión.
Por su lado, el miércoles 10 el Sindicato Único de Prevencionistas rechazó en un comunicado la prórroga planteada en el Conassat porque “sería retroceder” en todos los avances logrados hasta ahora.
Vigilar la salud
El decreto de 2014 dio un plazo de cinco años para adoptar lo establecido en el convenio internacional de Trabajo Nº 161 en lo relativo a los servicios de salud y seguridad en el trabajo, ratificado por Uruguay en 1988. Otras normas ya pusieron en aplicación los requisitos para la industria química y la construcción.
El decreto del 2014 establece la obligación de contar con un plan de prevención de riesgos y la documentación de otras cuestiones que van, por ejemplo, desde la identificación y evaluación de los peligros que pueden afectar la salud en el lugar de trabajo, los primeros auxilios, rehabilitación, y la elaboración de planes de contingencia ante siniestros dentro de las empresas. La norma indica que la “vigilancia” de la salud de los trabajadores “deberá ser gratuita” y en la medida de lo posible, realizarse durante el horario laboral.
Desde el sector empresarial se considera que si bien el cumplimiento de estos requisitos no implica un problema de costos para las firmas de gran porte, puesto que en general tienen servicios de salud integrados, en muchos casos no será posible contar con médicos especialistas en salud ocupacional.
Sostienen que existen entre 80 y 100 de esos profesionales en el país para unas 280 compañías grandes. “Solo para ese nicho de empresas, cada médico debería atender a 1.000 trabajadores, con planes de prevención, historia clínica, emergencia, etcétera. ¡Es demasiado!”, dijo un ejecutivo.
La preocupación, compartida en el Conassat, se centra en las firmas pequeñas y medianas por el costo del servicio que deberán afrontar, que “no está regulado”, pero también por cuestiones de organización, indicaron las fuentes. Explicaron que la norma plantea que el servicio de salud coordine y asesore a las “comisiones bipartitas” que deben tener en esta materia las empresas, donde es condición que participen los trabajadores. Dichos ámbitos no son algo “común ni fácil” de implementar, aseguraron.
Con el decreto propuesto ahora, las exigencias comenzarían a regir en 18 meses para las empresas con entre cinco y 50 trabajadores, y para las de 50 a 300; el servicio podrá ser “externo” y deberá estar integrado por un médico de salud ocupacional y un técnico prevencionista. Ese equipo intervendrá “como mínimo” en forma semestral y trimestral, respectivamente.
