En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Fueron varios meses de análisis de documentos. Y los informes eran contundentes: en varias obras realizadas durante la anterior administración del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), hubo un “apartamiento grosero de la legalidad” y varias “irregularidades en la ejecución de contratos”. Por esa razón, las actuales autoridades del Inisa resolvieron a comienzos de junio presentar una denuncia penal para que se investiguen las numerosas fallas e ilegalidades detectadas en la construcción de dos centros de reclusión para menores infractores.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Desde mediados de 2016 el Directorio del Inisa, encabezado por Gabriela Fulco, estuvo analizando la situación de dos hogares, uno en Bulevar Artigas casi General Flores y otro ubicado en el ex-Batallón Nº 9. El Directorio del Inisa vio con preocupación los problemas de construcción de esos centros, pese a que habían sido inaugurados hacía solo dos años. Las obras se realizaron durante la administración de Rúben Villaverde en lo que entonces se llamaba Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa, hoy Inisa) y la presidencia de Javier Salsamendi en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Para realizar esas obras el Parlamento habilitó que el Sirpa contratara a empresas de manera directa por un valor de $ 400 millones para realizar una serie de obras que mejoraran la infraestructura de varios centros. Las empresas contratadas fueron Calpusa y el consorcio Tesor-Fedal.
Pero cuando Fulco asumió en 2015 encontró problemas en las obras. Casi un año después, las autoridades del Inisa denunciaron serios problemas de construcción y más tarde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el INAU ordenaron una auditoría.
Los informes confirmaron los problemas. Sin embargo, pasaron los meses y no se concretó una denuncia judicial. En el Parlamento, la oposición habló de “estafa”. Finalmente, a fines de mayo, las autoridades del Inisa llegaron a la conclusión de que la situación era insostenible y que había que derivar la investigación administrativa a la Justicia de Crimen Organizado.
La denuncia del gobierno se sumó a otra presentada en 2015 por un exfuncionario del INAU, José Cioli, que está siendo investigada por la Fiscalía de Crimen Organizado.
Daño al Estado
Uno de los informes jurídicos en los que se basó la denuncia concluye que los hechos investigados “son de gravedad institucional”, que “causaron un daño al Estado” y evidencian “un apartamiento grosero de la legalidad, así como una serie de irregularidades en la ejecución de los contratos de obra que ameritan su investigación en sede penal, a efectos de determinar las responsabilidades penales que pudieron corresponder”.
Para llegar a esa conclusión, hubo cuatro informes jurídicos que advirtieron los problemas. A eso se suman documentos del Departamento de Arquitectura del Inisa y de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Una de las “irregularidades” señaladas involucran al arquitecto Daniel Majic. De las investigaciones internas surge que Majic no era funcionario público y, sin embargo, tuvo a su cargo la elaboración de los pliegos de obra y negociación con las empresas. Uno de los informes dice que el ingreso a la función pública de Majic fue “absolutamente irregular”, ya que fue contratado en un principio como consultor en el marco de un convenio con el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) para supervisar el desarrollo de obras en La Tablada (donde se acondicionaría un centro, lo que finalmente no se concretó), la Colonia Berro y el hogar ubicado en Bulevar Artigas y General Flores.
Los pliegos de condiciones elaborados por el arquitecto “presentan groseras irregularidades”, afirma otro de los informes. Majic confeccionó los pliegos tomando como base los mismos que utilizó para las obras de remodelación del Gran Parque Central, el estadio del Club Nacional de Fútbol. El arquitecto estuvo al frente de la Comisión de Patrimonio y Obras de Nacional desde 2006 a 2012. “No utilizó los pliegos de condiciones de INAU y ni siquiera reparó en incorporar el nombre de Sirpa en los términos del contrato”, dice el análisis. A modo de ejemplo, prosigue, “el art. 45 del pliego de condiciones de Sirpa establece: ‘Al vencimiento del tercer día hábil posterior a la notificación de la resolución de Sirpa, el contratista deberá concurrir a las oficinas de Nacional para subscribir el contrato’”.
También se denuncia que luego de seleccionada la empresa se cambiaron las condiciones contractuales previstas en el pliego.
Además, hubo una “flagrante violación” a la ley que creó el Sirpa (Nº 18.771), según los informes. Su artículo 9 creó un Fondo de Infraestructura, administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que realizaría “todas las contrataciones mediante procedimientos competitivos”. Sin embargo, los procedimiento se realizaron por compra directa y las entonces autoridades del Sirpa “obtuvieron un decreto del Poder Ejecutivo” para “eliminar el requisito de solicitar tres cotizaciones en forma previa a realizar una contratación”.
Asimismo, en la denuncia se plantea la necesidad de investigar “el pago de costos adicionales” autorizados por la dirección pese a que “no están permitidos dentro de un contrato ‘llave en mano’”. También se considera irregular que se recibieran y ocuparon los centros “sin habilitaciones ni acta de recepción definitiva de obra”. Fue un acto de “negligencia e imprudencia”.
Además, se advierte de los problemas de seguridad que se generaron en algunos centros debido a que se utilizaron materiales de “mala calidad”. Por ejemplo, se menciona que “apenas 48 horas después” de la apertura del centro Colibrí, los adolescentes rompieron las paredes y extrajeron las varillas que se encontraban detrás” de ellas. “¿Cómo puede explicarse que a 48 horas de inaugurada una estructura carcerlaria, la misma colapse como consecuencia de la vandalización de las personas privadas de libertad?”.
Fallas
Los informes del Ministerio de Transporte también encontraron fallas en varios de los centros analizados. Instalaciones eléctricas que ponen en peligro la vida de las personas, filtraciones de agua en techos, internos que acceden con “relativa facilidad” a elementos para infringir daño y aparatos sanitarios vandalizados que provocan derrames son algunos de los puntos señalados.
Los informes del Departamento de Arquitectura del Inisa señalan además un mal funcionamiento del sistema de agua caliente, desprendimientos de puertas y problemas generalizados en la infraestructura de los nuevos centros.
