De aquel escenario al actual pasaron varias cosas, como el cambio de gobierno con el ingreso de una administración integrada por partidos de una coalición multicolor. Eso en lo político, pero en lo que respecta al negocio también hay un repunte de los precios de los productos del agro y los empresarios del sector miran con optimismo la actividad. En algunos casos lo hacen con más moderación que en otros, dependiendo de sus condiciones particulares y del rubro productivo, ya que no es lo mismo la ecuación económica para el tambero que para el ganadero, o para el productor que es propietario de un campo como para aquel que debe pagar una renta por la tierra.
Y en ese marco puede parecer que a veces se den contradicciones en las posiciones de las gremiales agropecuarias sobre puntos en común, por eso Búsqueda realizó algunas consultas al respecto para que puedan exponer sus argumentos.
Un ejemplo evidente de discrepancias entre las asociaciones rurales es el de la reacción ante el aumento de los precios de los combustibles que determinó el Poder Ejecutivo a fines de julio.
Entre los argumentos planteados por los directivos de las gremiales que no firmaron un comunicado en rechazo a esa medida del gobierno figuran la falta de tiempo para analizar el tema en sus consejos directivos, considerando que eso ocurrió un fin de semana, y el desacuerdo con el contenido en ciertos puntos que iban más allá del ajuste en concreto de los valores del gasoil.
En algún caso hasta se consideró válido tener en cuenta lo contemplativo que fue el gobierno al evitar un incremento del precio de ese combustible durante la cosecha de cultivos de verano, principalmente de soja, que es el de mayor volumen, en los primeros meses del año.
El viernes 31 de julio, cuando el Poder Ejecutivo anunció el incremento en el precio de los combustibles, los directivos de Campo Unido entraron en contacto y al día siguiente los teléfonos no paraban de sonar para coordinar la divulgación de un comunicado sobre el tema.
Fue así que la ACA, la ANPL y la FR lograron ponerse de acuerdo en cuestionar esa medida. “La nueva metodología de cálculo del precio de los combustibles no asegura a los sectores productivos un precio competitivo y no refleja condiciones de competencia, manteniendo el monopolio”, señalaron. Y se quejaron de que “las reformas estructurales para volver a un Uruguay competitivo no llegan, el tiempo pasa, y la frustración crece”.
Sobre la decisión de no firmar el comunicado en rechazo al incremento del precio de los combustibles, el presidente de la ARU declaró que en esa gremial “se entendió que primero se necesitaba consultar a la directiva” y que eso no significó “ser indiferentes” ante esa medida. “El poner arriba de la mesa el método de fijación de precios atado al precio del petróleo y mostrar los demás factores que inciden en el valor de los combustibles de cierta manera sincera la formación de los precios”, rescató.
Para el productor lechero el uso de combustibles es “fundamental”, al igual que la energía eléctrica, por lo que depende de estos factores para su actividad, dijo a Búsqueda el presidente de la ANPL, Walter Frisch, y comparó que el tambo “consume mucho más combustible por hectárea que cualquier otro sector” del agro, lo que “encarece” la producción.
En lo que sí se manifestó en coincidencia con los otros directivos de las demás gremiales es en que si baja el precio del petróleo también se reclamará al Poder Ejecutivo que traslade esa disminución a los precios de los combustibles, “sin que aparezca ningún factor x”.
La presidenta de la FR, Mónica Silva, destacó en varios medios de prensa el impacto negativo del alza en los costos de los insumos para el agro, especialmente en el caso del gasoil.
Si bien no firmó el comunicado, CAF también advirtió sobre la preocupación por el efecto de esa medida del Ejecutivo en la operativa de los productores, considerando además al sistema cooperativo que tiene una ligazón con la fase industrial en su proceso. Esa gremial analizó varios temas de la competitividad del sector en su asamblea anual realizada el martes 3 con la presencia del nuevo ministro de Ganadería, Fernando Mattos.
Prioridades y agenda
Una muestra de las diferencias que hay en las prioridades de los temas y en las posturas de cada una de las asociaciones es la agenda que plantean en las reuniones que mantienen con el titular de Ganadería. Como es habitual a pocos días de asumir ese cargo, el jerarca recibió en su despacho a los directivos de las seis gremiales de Campo Unido, pero luego inició una ronda de encuentros con cada una de ellas.
Ayer miércoles 11 el titular del MGAP participó en una reunión con la directiva de la CNFR, quien le resaltó la importancia de defender el rol y el financiamiento del INC para la radicación de la agricultura familiar, así como de buscar un equilibrio en la competencia entre rubros del agro, considerando la expansión forestal y las condiciones otorgadas a las empresas de producción de celulosa, entre otros puntos.
“En los temas vinculados a la tierra hay visiones diferentes, entonces tenés que juntarte para las cosas que te unen y no para las que te separan”, señaló a Búsqueda el secretario de la CNFR, Fernando López, quien participa en las reuniones de Campo Unido. Y dijo que “no es un tema para abordarlo entre las seis gremiales, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo”.
En cuanto a la normativa forestal, la CNFR sostiene que “las plantaciones deberían estar limitadas a los suelos de prioridad, porque eso presiona la competencia por la tierra y desplaza a los productores chicos”.
Cabildo Abierto, que impulsó el proyecto de ley que cuenta con media sanción de Diputados (Búsqueda Nº 2.128), tiene “una mirada mucho más amplia” en la forestación, como la idea de analizar “si es pertinente mantener las exoneraciones” fiscales al sector, advirtió López.
Uno de los asuntos de mayor preocupación que destacó la ARU en los años recientes, especialmente durante la presidencia de Gabriel Capurro, fue el del despoblamiento del campo.
Atendiendo a esa posición y a la función de Colonización en la entrega de tierras del Estado para sostener la producción rural, el actual presidente de la ARU, Gonzalo Valdés, dijo a Búsqueda que “el redireccionamiento de los fondos del INC para los asentamientos es una medida adecuada y especialmente para este momento de crisis sanitaria, teniendo en consideración además que según nos comunicaron algunos directores (de ese ente estatal) puede financiarse con sus recursos genuinos”. “Esta derivación de recursos no implica la desaparición ni que Colonización se vea afectado por menos fondos”, señaló.
Consideró a su vez que “la renta que percibe le da para su funcionamiento y eso nos da la tranquilidad de que (el INC) no se esté condenando a futuro”. “Sí apoyamos que no compre más campos”, enfatizó Valdés, al tiempo que comentó “la posibilidad de que estén pensando en vender algunos predios que no son estrictamente productivos, sino más bien turísticos, que están ubicados en zonas balnearias y con eso comprar otros campos productivos”. “Mejorar la cartera de tierras y la productividad del conjunto y sacar las que no son aptas para la producción”, planteó. Y contó que en esa línea de trabajo “Colonización está incorporando al Instituto Plan Agropecuario no como asistencia técnica extensionista, sino para el relevamiento de la productividad de los predios”. Eso se hace “para tratar de adecuarlos en el sentido en que fueron concedidos a los colonos para obtener la mayor productividad”, argumentó.
Retomando el discurso del extitular de la ARU, Valdés se refirió a que “justamente” el objetivo es que “el INC logre asentar gente en el campo por la vía de una buena productividad y que no signifique dar una escala menor, que no sea autosustentable y que condene al productor al fracaso”.
La FR está en línea con la posición de la ARU respecto al objetivo de redireccionar los fondos de ese ente autónomo para los asentamientos y cuestionó la gestión y administración de la cartera de tierras estatales en los últimos años.
En cambio, las gremiales de tamberos discrepan con esa visión y manifestaron su desacuerdo con la propuesta de utilizar los fondos de Colonización para otros objetivos que no sean los de afincar al productor y al trabajador rural (ver nota aparte).
Respecto a las limitaciones a la forestación, la ARU tiene previsto comparecer este jueves 12 ante la Comisión de Ganadería del Senado. Pero esa gremial pretende darle un enfoque al asunto sin entrar a profundizar en un sector específico, sino en enfatizar su posición contraria a las prohibiciones a cualquiera que sea la actividad productiva en una propiedad privada, dijo Valdés.
Sobre el argumento de algunos sectores en cuanto a no plantar eucaliptos en suelos de alta productividad agrícola, ese directivo respondió que “bajo el principio de libertad de propiedad privada es cada productor quien debe decidir qué tipo de recursos afecta a qué tipo de actividad, según su mejor entender”.
Consultado sobre la estrategia de posicionamiento conjunto entre las gremiales del agro, el titular de la ACA, Alfredo Lago, dijo a Búsqueda que la unidad en la gremial agropecuaria lleva mucho tiempo, con asuntos que los relacionan, como los Consejos de Salarios y la participación en la gobernanza de instituciones público-privadas, entre otras. A veces se realizan gestiones por separado, en temas puntuales, y la idea es tratar de “consensuar” y estar “en continua interacción”, valoró.
