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El Poder Ejecutivo y el Grupo Eurnekian mantuvieron contactos en los últimos días por el proyecto de la planta regasificadora que el gobierno pretende reencauzar luego de que fracasara el contrato con GNLS –consorcio entre GDF Suez y Marubeni–. Fuentes del gobierno y allegados al grupo empresarial informaron a Búsqueda que hubo una “expresión de voluntad” del privado y que hay apoyo de los gobiernos de Uruguay y Argentina. Los informantes sostuvieron que las negociaciones están aún “muy verdes”.
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“La obra de la regasificadora se va a cumplir”, dijo el presidente Tabaré Vázquez el pasado jueves 7. Minutos antes se había reunido con su par argentino Mauricio Macri, con quien dijo tener un acuerdo “prácticamente concretado” para que Argentina compre la producción de gas en un año.
“Para ello Uruguay necesita que la instalación de la planta regasificadora se termine en un tiempo prudencial”, dijo Vázquez. Y adelantó que en marzo arribará el presidente de la japonesa Mitsubishi, encargada de construir el barco regasificador, para ultimar los detalles.
A su vez, Gas Sayago abrirá un llamado mañana viernes 15 para contratar a una consultora de ingeniería ambiental para que realice estudios en la faja costera de Montevideo, algo que GNLS todavía no había hecho.
Tras la caída del contrato con la adjudicataria GNLS en 2015 el proyecto se paralizó y la administración Vázquez decidió analizar nuevamente la viabilidad del negocio. Si bien la millonaria construcción era parte del problema, a quién vender el enorme excedente de gas regasificado era lo central.
La regasificadora tiene el sello de Vázquez. Durante su primer mandato en 2007 acordó con el entonces presidente argentino Néstor Kirchner la instalación de una planta regasificadora de gas natural licuado en una inversión estimada en los U$S 800 millones.
Se previó que estuviera activa en 2011 por lo que, cansado de esperar, el gobierno de José Mujica se cortó por su cuenta y decidió construir la planta solo. Aunque sin Argentina como socio, la sustentabilidad del proyecto dependía de si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner participaba al menos como comprador, dado que los niveles de producción anunciados son muy superiores a los que consumiría Uruguay, aun sustituyendo todo el consumo hidrocarburífero de UTE a gas (Búsqueda Nº 1.673).
En mayo de 2013 Gas Sayago —empresa de derecho privado propiedad de UTE y Ancap que está encargada de administrar la planta— adjudicó la obra a Gas de France Suez (GDF Suez), una de las cuatro postulantes.
La obra consiste en una escollera de 1,5 kilómetros de largo ubicada a 2,5 kilómetros de la costa, adonde llegarán barcos metaneros con gas natural licuado que será regasificado por un buque anclado en un muelle. El gas será bombeado por un gasoducto subacuático de unos tres kilómetros, que entrará a tierra en Punta Yeguas y se unirá al gasoducto Cruz del Sur.
En agosto de 2013 Ancap y la petrolera estatal de Argentina (YPF) firmaron un acuerdo para redactar un contrato de compra de gas de la futura planta. “Un gol de media cancha”, decían los jerarcas uruguayos (Búsqueda Nº 1.728). Pero no pasó de allí.
Fin de contrato.
GNLS eligió a la brasileña OAS para realizar la obra de la planta regasificadora y en enero de 2014 se puso en marcha la construcción. A medida que el proyecto avanzaba en Uruguay, en Brasil se destapaba el escándalo de corrupción en Petrobrás, con OAS como uno de sus involucrados.
En enero de 2015 la constructora brasileña se veía cada día más implicada en el escándalo y en Montevideo se comenzó a dudar de si podría completar la obra. En febrero OAS quebró, envió al seguro de paro a 152 trabajadores y los afiliados al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) paralizaron la obra. Con la construcción detenida y la posibilidad de multas por incumplimiento de plazos, GNLS decidió romper el contrato con OAS.
Gas Sayago intimó a GNLS a dar respuesta al reclamo de los trabajadores y, a su vez, GNLS presentó a Gas Sayago y sus accionistas una propuesta para retomar las obras.
La nueva propuesta incluía que las empresas Saceem y Dredging International, que construyeron el muelle C del Puerto de Montevideo, se hicieran cargo de la obra (Búsqueda Nº 1.814). Pero como aumentaba los costos, Vázquez la descartó y decidió romper con GNLS por su falta de cumplimiento y en setiembre ejecutó la garantía de unos U$S 100 millones. Desde ese momento la obra quedó paralizada.
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