En las oficinas de la ex Fripur, en el barrio de La Aguada, hay cierta actividad. Son una veintena de personas que empezaron a trabajar contratadas por Perindes, la sociedad del grupo canadiense Cooke que este miércoles 14 escrituró ante la Justicia la compra de activos de la pesquera. Pero, de acuerdo a lo que se conoce del plan de negocios del nuevo dueño, el movimiento que había en la planta hace unos años no volverá a verse, a tono con un sector en retracción.
Un año atrás, Wanchese Fishing, del grupo Cooke Seafood, ofertó unos U$S 15 millones por Fripur. Su propuesta para 2016 era emplear a un centenar de personas. Pero el proceso de compra de la mayor industria pesquera del país se dilató.
Hoy la cooperativa formada por un grupo de ex trabajadores (Eco Fripur), que también se interesó por la empresa, sigue cuestionando el proceso concursal ante la Justicia, además de reclamar que el gobierno interceda para que la compañía canadiense amplíe su previsión de personal y acceda a negociar el usufructo de los espacios ociosos de la planta de La Aguada, inactiva desde agosto de 2015.
El trámite judicial avanzó este miércoles con la escrituración de los activos, informaron a Búsqueda fuentes de la sindicatura del concurso, a cargo del estudio Rueda Abadi Pereira.
Pero aun si la nueva empresa en manos de los canadienses saliera a la mar, las perspectivas para la industria pesquera nacional “no son buenas”, señaló a Búsqueda Daniel Gilardoni, titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).
En caída
La pérdida de preferencias arancelarias para la pesca en 2010, la crisis de las economías centrales y más recientemente de los países de la región, pautaron un escenario de contracción para esta actividad en Uruguay, aun cuando Fripur estaba funcionando, recordó el jerarca. Además, la baja del precio del petróleo afectó las economías de los países africanos que compraban las capturas uruguayas, y eso hizo caer los precios internacionales.
Más allá del panorama mundial, Uruguay tiene sus “propios problemas de competitividad”, reconoció Gilardoni. Se refirió a los altos costos salariales y al régimen de jubilación bonificada para las tripulaciones, que hoy está suspendido, pero que se prevé se vuelva a plantear como un problema en febrero. Para el titular de la Dinara, mientras esas cosas no tengan una solución de fondo, el sector seguirá “empantanado”.
Dijo que las empresas “se están comenzando a complicar en lo financiero” puesto que tienen dificultades de comercialización y el stock de pescado comienza a ser “importante”.
Según las estadísticas de la Dinara, en los primeros nueve meses del año la captura industrial de especies cayó 18% frente a igual lapso de 2015.
En enero-octubre se exportaron 41.500 toneladas de productos pesqueros por U$S 77,8 millones, un descenso de 16% en volumen y 23% en monto respecto a los mismos meses de 2015. El precio promedio fue 9% más bajo.
Por especies, las principales caídas se dieron en merluza (100%), tiburón azul (30%) y corvina (14%). Se mantuvieron las ventas de pescadilla de calada y aumentaron las de calamar.
Brasil fue el principal comprador, seguido por China, Benin, Colombia y Gabón.
Gilardoni dijo que las perspectivas para 2017 “no son buenas”.
“No veo que se vayan a cambiar las cosas para encontrar una rentabilidad al sector o sacarle algunos costos que son muy asimétricos con el resto de los países competidores”, sostuvo. “Si se mantuviera el actual nivel de actividad, sería lo mejor que podría pasar”, remató.
Vigilia y “trancas”
La operación del grupo Cooke en Uruguay se dilató. Las fuentes alegaron que el fin del proceso judicial se demoró porque se interpusieron “trancas” de distinto tipo.
Los informantes indicaron que en total habría unos 20 trabajadores contratados por Perindes —algunos de ellos ex empleados de Fripur—, que se instalaron en las antiguas oficinas.
Los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) levantaron la vigilia que mantenían en la planta como habían acordado hacerlo cuando el comprador depositara la totalidad del pago, lo que sucedió a mediados de noviembre. Pero la medida de guardia todavía es mantenida por los integrantes de la cooperativa Eco Fripur.
Cooperativistas explicaron a Búsqueda que se mantienen en la planta puesto que no comparten lo que en su momento acordó el Suntma y porque reclaman el 100% de los créditos laborales, a diferencia del sindicato. “Es muy difícil levantar la medida sin nada a cambio”, señaló uno.
Eco Fripur aspira a que el grupo canadiense genere más puestos de trabajo e intenta dialogar con sus representantes para —eventualmente— alcanzar algún tipo de acuerdo para ofrecerle servicios, o bien, que puedan hacer uso de la planta para algún micro emprendimiento.
Un año atrás, Wanchese Fishing presentó un plan de negocios donde propuso “retomar” la actividad “lo más rápido posible”, si bien planteaba tres etapas para desarrollar los negocios. La primera iba a transcurrir en 2016 y consistía en el ingreso de un barco cangrejero y dos fresqueros merluceros para su puesta a punto para salir a pescar. Para ello emplearía a 90 trabajadores embarcados y otros 10 en tierra y administración; planeaba invertir unos U$S 3 millones en capital de trabajo para reiniciar las operaciones.
En una segunda etapa (2017-2018) apuntaría a la reparación y modernización de la flota, para lo cual la empresa pondría a punto tres barcos merluceros y sustituiría el buque cangrejero por otro más eficiente, con una inversión adicional de U$S 5 millones. Con estas actividades se emplearía en total a 245 trabajadores. “Dependiendo de los volúmenes de pesca alcanzados, condiciones macroeconómicas y situación de los mercados, se evaluará la reapertura de la planta de procesamiento”, indicaban.
Por último, entre 2018 y 2020 preveía la “consolidación” del negocio, con una inversión adicional de U$S 8 millones y dando trabajo a 350 personas.
Hasta ahora los 900 ex empleados de Fripur no han cobrado sus créditos laborales. Y los que reunían los requisitos necesarios han venido percibiendo el subsidio por desempleo especial.
La cooperativa cuestionó la validez del proceso concursal porque sostiene que no correspondía la venta en bloque de la pesquera dado que la misma no estaba en funcionamiento, por lo cual era “contrario a derecho”. Además, solicitó que la Justicia diera por perdida a la canadiense la licitación, al haber incumplido con el pago al contado. Asimismo, intimó el pago del 100% de los créditos laborales, algo que la sindicatura sostiene que no es posible. En el Parlamento, el síndico explicó que los créditos laborales, —estimados en unos U$S 5 millones— serían liquidados a prorrata ya que el dinero obtenido por la venta en bloque no alcanza, debido a que hay que cumplir con un acuerdo con los acreedores prendarios e hipotecarios (los bancos República, Santander y de Previsión Social) para pagarles parte de la deuda a cambio de renunciar a las garantías reales. Eso fue aceptado por el Suntma.
Ahora, la sindicatura alega que se está en la etapa final del proceso y que en los últimos días se han dado “pasos favorables” dado que la Justicia desestimó las acciones de Eco Fripur y ordenó otorgar la escritura, lo que se concretó este miércoles.
