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Herederos de Lussich aspiran a construir edificios en Punta Ballena, pero Ambiente pidió que presenten un proyecto menos “invasivo”
La iniciativa ya contaba con la aprobación de la Intendencia de Maldonado y fue presentada en conjunto con un socio argentino, luego de conseguir que la Justicia les reconociera la propiedad de varios predios en la zona
El Ministerio de Ambiente teme por el impacto paisajístico de las construcciones que se proyectan en la zona. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
Con una vista privilegiada de la península y un entorno tranquilo, Punta Ballena es uno de los balnearios de la costa uruguaya más valorados por los visitantes. La zona también tiene un enorme atractivo para los inversionistas privados, que en los últimos años han impulsado su desarrollo. Los proyectos inmobiliarios, sin embargo, pueden afectar el encanto del entorno y las vistas panorámicas características del lugar.
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Esa preocupación llevó al Ministerio de Ambiente a expresar reparos sobre un proyecto inmobiliario que impulsan los herederos del fallecido escritor Antonio Lussich, propietarios de terrenos en la zona, junto con un socio argentino, dueño también de varios predios. El proyecto, que proponía la construcción de un gran complejo habitacional, con edificios y bloques de viviendas a ambos lados de la “punta de la ballena”, ya contaba con la aprobación de la Intendencia de Maldonado (IDM).
Pero según informó a Búsqueda el titular del ministerio, Adrián Peña, tras evaluar el proyecto desde una perspectiva ambiental su secretaría “consideró que era demasiado invasivo para un lugar que tiene un gran valor patrimonial”. El proyecto fue definido como “categoría C”, que incluye aquella actividad o construcción “cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos” en la zona, según consta en la web del ministerio.
Por lo tanto, la secretaría pidió a los inversores “reorientar la iniciativa a espacios más grandes o incorporar una consideración de la visual en la construcción que no fuera tan invasiva para la actual estructura de la punta”.
A raíz de las consideraciones y comentarios técnicos que planteó el ministerio sobre la iniciativa, que fue presentada en 2020, los inversores preparan actualmente un nuevo proyecto alternativo “más amigable” con el espacio en el que pretenden instalarse, indicó el ministro.
El anteproyecto ya había recibido la autorización de la intendencia, con anuencia de la Junta Departamental de Maldonado, pero por estar ubicado en la costa su viabilidad “estaba condicionada a que obtuviera también la autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente”, explicó a Búsqueda la directora general de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda.
La jerarca añadió que los edificios de apartamentos que los socios pretendían construir eran de una altura permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial de Maldonado (siete metros), aunque señaló que desde el Ministerio de Ambiente “objetaron la afectación al paisaje”.
Juicio
La propiedad de los terrenos de Punta Ballena ha sido un tema polémico que se dirimió tras un litigio que duró varias décadas. La Justicia determinó que la zona sur del balneario —a partir del museo y hotel Casapueblo— era propiedad de los herederos de Lussich. Posteriormente, se llegó a un acuerdo con la IDM en el que se estableció que cerca del 10% de esos terrenos serían considerados espacios públicos —como la ruta panorámica, los miradores y el borde costero—, mientras que unas 17 hectáreas de superficie ubicada a derecha e izquierda de la ruta serían declarados padrones privados.
Tras eso, los dueños de los predios presentaron años atrás una consulta de viabilidad de arquitectura ante la comuna fernandina, con el objetivo de que se establezcan los parámetros permitidos para la construcción de un futuro emprendimiento.
Según explicó Laguarda, en el acuerdo con la IDM, donde se definieron los lotes que quedaron bajo propiedad de la familia Lussich, la comuna se preocupó de que la playa, “la punta misma de la ballena” y algunos lugares de interés paisajísticos quedarán como espacios públicos. Pero en el resto, “al ser predios urbanos privados, tienen derecho a edificar”, afirmó.
“El proyecto original era expresivo de la máxima potencialidad de la tierra, el nuevo no lo conozco. Los procesos urbanísticos en esta zona son algo lentos, creo que no es previsible que ese proyecto se concrete integralmente a corto plazo”, señaló.
Peña explicó que durante el transcurso del juicio por estos terrenos, los derechos sobre los padrones “se fueron trasladando a otros privados”, y hoy la mayoría de los herederos de la familia Lussich ya vendieron sus terrenos a un propietario argentino.
Ecosistema y paisaje
La gerenta del Área de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, Rosario Lucas, dijo a Búsqueda que el desarrollo inmobiliario presentado por los dueños de los terrenos en 2020 mostraba un aforo de población “a máxima capacidad”. Además, señaló que uno de los aspectos ambientales por los que decidieron clasificar la iniciativa como C se debe a que el área donde se pretendía instalar “está definida como de fragilidad ecosistémica” por la biodiversidad de su entorno, que incluye especies endémicas. Y, por otro lado, “está el tema paisajístico”, en paralelo a todos los impactos que puede tener una urbanización de estas características, explicó.
Ahora las autoridades del ministerio aguardan por la segunda etapa del proyecto, el cual deberá incluir además la elaboración de un estudio de impacto ambiental completo que permita llevar adelante la evaluación ambiental definitiva.
“Los proponentes están realizando modificaciones al proyecto en función del informe del ministerio en el que se hicieron observaciones vinculadas a algunos de los asuntos ambientales a resolver” para poder obtener la autorización ambiental previa, dijo Lucas. Para denegar la autorización el proyecto tendría que causar “impactos inadmisibles”, ya que en realidad “cualquier actividad humana genera un impacto ambiental negativo con mayor o menor grado”. Es por eso, aclaró, que “es parte del proceso” que los interesados implementen las adecuaciones al proyecto, para que esos impactos sean tolerables.
