Sin embargo, mediante las escuchas autorizadas por la jueza y observaciones de efectivos, los policías advirtieron que los convocados para la reunión habían modificado el lugar donde conversarían: ya no sería en una de las Pasivas de Montevideo sino en el Palacio Legislativo. Más precisamente, en la Presidencia del Senado.
La magistrada fue nuevamente enterada de este cambio. Pero, ante el cariz que empezaban a tomar los acontecimientos, el mando policial resolvió poner al tanto del tema a la ministra del Interior, Daisy Tourné. Preocupada, la secretaria de Estado informó sobre el asunto al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Y ambos —el presidente y la ministra— convocaron de urgencia al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa para que supiera lo que estaba ocurriendo, según informaron a Búsqueda altas fuentes políticas.
“Importantes negocios”.
La reunión de Nogueira García con sus socios, colaboradores y el anfitrión en el Palacio Legislativo fue confirmada por el propio narcotraficante en diciembre pasado, durante una entrevista publicada por el diario “El Mundo” de España. El periódico informó que Nogueira García le dijo a una de sus reporteras, Ana Bravo Cuiñas, que mantenía “importantes negocios con el gobierno de Uruguay, uno de los cuales estaba en fase de negociación cuando fue detenido por la Interpol en el transcurso de la ‘Operación Huracán’”.
“El día que me detuvieron, tuve una reunión con mi gerente y el comprador de pescado en el Palacio Legislativo en Montevideo. Pretendíamos conseguir una licencia para ir a pescar en las Malvinas”, declaró Nogueira García en la edición del 30 de diciembre de 2011 del diario “El Mundo”.
En su conversación con la periodista, Nogueira García mencionó a un capitán de navío de la Armada uruguaya, Milton Quintela, como “su persona de confianza” en los negocios de pesca que desarrollaba en Uruguay. Quintela, dijo Nogueira García, era quien tenía acceso a la caja fuerte de su empresa. Pero, relató, cuando el español fue detenido, el marino uruguayo lo “traicionó”, lo dejó “tirado” y permitió a su esposa y otros familiares que se llevaran toda la documentación, papeles y acciones de su empresa.
“El que tenía la documentación guardada era él, era el depositario de las acciones como persona mía de confianza. Cuando pasa todo esto, él entrega todo el paquete de acciones de las empresas y los poderes a mi socio y es cuando comienza el cambio de la empresa. Nunca pensé que mi hombre de confianza lo entregara sin consultarlo conmigo”, manifestó a la reportera de “El Mundo”.
Nogueira García fue extraditado a España por la Justicia uruguaya el 9 de octubre de 2008. Ahora, Nogueira García se acogió a la figura del “arrepentido” y está colaborando con los jueces españoles que investigan a la llamada “mafia gallega”, dedicada a la pesca pirata y, también, al narcotráfico.
El expediente judicial que acabó con la captura y posterior extradición de Nogueira García a España lleva la ficha IUE 88 - 182/08. En el marco de esa investigación fue que la jueza Gatti habilitó a la Policía a realizar las escuchas telefónicas, que están guardadas por la Justicia. La jueza Gatti desestimó la posibilidad de seguir adelante con la investigación de eventuales nuevas pistas que las escuchas telefónicas hubieran podido dejar abiertas a nivel nacional y, finalmente, el juez Jorge Díaz dispuso el archivo de las actuaciones judiciales.
El armador español, que poseía dos barcos en Uruguay, fue arrestado luego de que el 26 de julio de 2008, la Policía y la Aduana españolas abordaran en alta mar el barco Río Manzanares, cargado con 2.258 kilos de cocaína por valor de 70 millones de euros. Sus cinco tripulantes fueron detenidos y pocos días después, otras seis personas cayeron como responsables del traslado de droga desde América del Sur a España, que ingresaría a ese país adentro de contenedores con pescado congelado. Los buques pesqueros y los contenedores que portan pescado congelado son muy utilizados para el tráfico de drogas puesto que es harto difícil detectar la presencia de la mercancía ilegal en su interior.
En aquel momento, la Policía y la Fiscalía Antidroga españolas consideraban que Nogueira García, un armador oriundo de Marín (Pontevedra), era la cabeza de la organización delictiva en España, aunque estaba afincado en Uruguay dirigiendo sus negocios pesqueros. Por eso, el juez Garzón pidió la extradición.
Al principio, la Fiscalía solicitó una condena de 18 años de cárcel y el pago de dos multas de 210 millones de euros para Nogueira García, pero luego de su extradición —y de que el empresario decidiera cooperar con la Justicia española para ayudar a desentrañar toda la trama criminal— la pena bajó a nueve años de prisión. Nogueira García confirmó a la Justicia española que en un momento se involucró en negocios del narcotráfico. Advirtió que luego quiso abrirse, pero sus socios no se lo permitieron. Ahora, dice que vive “con miedo” por las amenazas que asegura estar recibiendo de sus exsocios narcotraficantes.
Dos barcos en Uruguay.
En Uruguay, Nogueira García era el adjudicatario de los permisos de pesca de dos barcos: el Cibeles (luego, Ainoha) y el Banzare. La llamada “mafia gallega” se inició en Galicia pero luego sus integrantes pasaron a operar principalmente desde bases en Sudáfrica, Namibia y Uruguay. Sus pesqueros llevan “pabellones de conveniencia” o las banderas de los países donde trabajan. Tanto el Ainoha como el Banzare operaban bajo el pabellón de Uruguay.
El Ainoha —cuya propiedad es adjudicada en ámbitos portuarios a Luis Nogueira García, hermano de José— fue confiscado por la Justicia uruguaya luego del arresto de José Nogueira García y, según fuentes policiales confiaron a Búsqueda, ese buque fue sustituido por otro barco llamado Bouzón para realizar las mismas actividades que el Ainoha.
Antes de ser incautado, el Ainoha disponía de una licencia para pescar en aguas internacionales del Atlántico concedida por la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat, por su sigla en inglés).
El Banzare, en cambio, es un barco palanguero autorizado para la pesca de bacalao polar en el Atlántico sur por la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCAMLR, por su sigla en inglés).
La empresa Elprinths SA, propiedad de José Nogueira García y con dirección en Juncal 1327, oficina 704, era la que operaba el Banzare y el Ainoha. Albino Domínguez, otro ciudadano de origen gallego, figuró como dueño de Elprinths SA por lo menos hasta diciembre de 2008. Y, en el sitio web de la Cámara de Industrias del Uruguay, el nombre del capitán de fragata (r) Milton Quintela aparece como responsable de Elprinths SA. Además, el capitán Quintela es el gerente de ULSIT SA, la empresa que opera el Bouzón. El 28 de diciembre de 2011, el Banco de Previsión Social (BPS) informó en un comunicado público que el día anterior había suspendido la vigencia de los certificados de situación regular de pagos de las contribuciones a la seguridad social de decenas de empresas. Entre ellas, con el número de certificado 162986/2011, el número de registro 5.380.726 y el número de RUC 216.596.190.017, figuraba Ulsit SA.
En setiembre de 2008, Domínguez declaró en el diario “El País” que sus empresas no tenían problemas, que se manejaban con “honradez” y que tenían “las manos limpias”.
Respecto a José Nogueira García, Domínguez afirmó: “Quizás abusando de nuestra confianza nos pudo engañar. Cuando llegue a España y sea juzgado se sabrá si es culpable o inocente de lo que se le acusa. No lo juzgamos, para eso están los jueces. Pero la empresa no tuvo nada que ver con lo que se le acusa, ni con narcotráfico ni con contrabando o piratería”.
En su perfil de Facebook, Domínguez tiene solo dos “amigos”: uno de ellos es Milton Quintela. Este tiene más “amigos” en su página y uno de ellos es Domínguez.
Once a la cárcel.
En enero pasado, la Justicia española condenó a prisión a 11 personas por narcotráfico en el marco de la “Operación Huracán”. Manuel Díaz Vázquez y Francisco Pérez Alonso eran el contacto en España de dos narcos colombianos, conocidos como “Andrés” y “Marcos” pero que no fueron localizados, quienes habían ideado el transporte de la droga hacia España. También fueron condenados Ángel Manuel Barge Bustabad, Alberto Nogueira Zafanes (sobrino de José Nogueira García), Juan Carlos Ruibal Santiago y José Nogueira García, así como los cinco tripulantes del Río Manzanares.
Según la sentencia judicial, la operación delictiva se inició en el primer trimestre de 2008, cuando los dos colombianos residentes en España propusieron a Díaz Vázquez y a Pérez Alonso “la introducción por vía marítima y la posterior distribución de una importante cantidad de cocaína en territorio español”.
El diario “El Mundo” informó que una vez “aceptada la propuesta”, Díaz Vázquez y Pérez Alonso “contactaron con dos ramas de la organización. Por un lado, con José Nogueira García, su sobrino Alberto Nogueira Zafanes y Juan Carlos Ruibal Santiago, para que pusiesen la embarcación que debía recoger la droga del barco nodriza en alta mar y llevarla a tierra. De otro lado, con Ángel Manuel Barge Bustabad”.
De acuerdo con la sentencia, los involucrados “trataron de localizar un barco, tipo pesquero, que estuviera ya faenando por el Atlántico, próximo a las costas de África” y en esas “gestiones intervino José Nogueira, quien mantuvo dos reuniones con personas de su confianza”: Francisco Gude González (armador de barcos pesqueros) y Serafín Valiño Carnean.
Al final, fue Barge Bustabad el que localizó un barco y a una persona de su total confianza.
El tribunal español consideró probado que los narcos colombianos le pidieron a José Nogueira García que viajara de Uruguay a Bogotá (Colombia) con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el punto de encuentro de las dos embarcaciones y como medida de garantía exigida por quienes suministraban la droga. Pero Nogueira García no viajó a Bogotá sino a Panamá y, cuando le exigieron que se desplazara a Colombia como habían quedado, se negó. De ese modo, el traslado de la droga entre el buque nodriza y el que debía recogerlo se frustró. El resto de la red responsabilizó a Nogueira García por el fracaso de la operación.
Cuando el Río Manzanares (el barco cargado con la droga) esperaba en la zona acordada para el intercambio, fue interceptado a las 4:05 horas de la madrugada del 26 de julio de 2008 por un buque de la Vigilancia Aduanera española. Allí se hallaron los 2.258 kilos de cocaína.
Política
2012-03-29T00:00:00
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