Hotel San Rafael

Luego de lo dispuesto por el intendente de Maldonado, en el expediente administrativo 2018-88-01-09585, por Resolución Nº 05638/2018, Acta Nº 01248/2018, con la base de los informes la Dirección Agrimensura y Catastro, de la Dirección General de Urbanismo, de la Dirección General de Planeamiento en actuación Nº 7, lo expresado por la comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones en Expte. Nº 426/1/2018 y del Dec. De la Junta Dep. de 16 de julio de 2018, expediente 0426/2018, resulta absolutamente cristalino el interés manifiesto en dichos documentos por preservar, “rehabilitar”, salvaguardar y recuperar el Hotel San Rafael. De dichos documentos también se desprende que la propuesta presentada por la dupla Cipriani-Vignoli sería el único camino para evitar el proceso de deterioro que actualmente afecta al edificio. En este sentido, recomendamos a todos aquellos que tengan alguna duda sobre este punto que se tomen el trabajo de revisar esa documentación.

Tomaremos como válidas y bien intencionadas, sin embargo, las diversas argumentaciones en favor de brindar excepciones normativas de altura, aceptando incluso que estas tuvieron por objeto —tal como se expresó oportunamente— salvar al hotel de la progresiva ruina.

Pero lo que resulta increíble es que desde hace algunos días, la voz de la dupla Cipriani-Vignoly se ha hecho oír —con mucho espacio en los medios de comunicación— denostando las calidades espaciales, constructivas y estilísticas del edificio, proyectado por aquellos tres grandes arquitectos de la época, que fueron O. de los Campos, A. Puente y H. Tournier. Ningún valor le reconocen ambos al edificio, a pesar de que el marketing hasta ahora expuesto por la empresa de Cipriani se basa, fundamentalmente, en la importancia histórica y el glamour que tuvo ese hotel en el pasado. Mal comienzo entonces para una iniciativa empresarial: destruirles a los clientes lo que antes se le ha ofrecido como un bien y como un valor.

En paralelo, distintos voceros de la Junta Departamental y de la Intendencia de Maldonado —entre ellos el propio intendente— han empezado a dar por tierra con el argumento más fuerte, esgrimido hasta ahora, en favor del proyecto, que es —o más bien era— salvaguardar el hotel. Desde hace pocos días, parecería que el hotel dejó de valer y las excepciones votadas no se habrían basado, aparentemente, en la necesidad de preservarlo. Una gran vuelta carnero indica que tales excepciones serían ahora una suerte de obsequio que los fernandinos le harían a la empresa de Cipriani. Nuevos argumentos como la importancia de las fuentes laborales creadas y el desarrollo irrumpen con fuerza desde ayer, donde todos los que se oponen al proyecto también se oponen “al progreso”.

No es posible dejar de establecer algunas aclaraciones que tienen por objeto impedir la continuidad de falsos conceptos y argumentaciones al servicio de un negocio. Empecemos por lo que ha dicho el arquitecto R. Vignoly, quien sin ningún tipo de fundamento ha expresado que el Hotel San Rafael era un mal ejemplo del estilo Tudor (ver programa En perspectiva, Entrevista, con Emiliano Cotelo), como manera evidente de abrir camino para su futura destrucción. Sobre esa falsa premisa cargó otras críticas contra el edificio, sugiriendo la necesidad de cambios profundos en él, aunque sin manifestarse sobre su definitiva demolición. La liviandad de lo argumentado quizá no merezca dar respuesta alguna, pero, como siempre hemos creído que estas discusiones aportan y enriquecen la cultura arquitectónica del colectivo social, lo haremos igualmente. Debemos explicarle al Arq. Vignoly, antes que nada, que entre el auge del llamado estilo Tudor y el edificio puntaesteño median más de 500 años y que, por lo tanto, difícilmente los arquitectos De los Campos, Puente y Tournier quisieran reproducir en hormigón armado lo que había sido pensado antes para sistemas constructivos absolutamente diferentes: estructura de madera y mampuestos. Menos aún estaría entre sus propósitos volver a lógicas espaciales y funcionales anacrónicas. Eran demasiado buenos arquitectos como para no entender esto y cometer el dislate de un “falso histórico”. Por el contrario, aportaron una interesante reformulación moderna, a partir de una cuidada selección de detalles del pasado. No buscaron, por tanto, ni una copia a la antigua ni una copia a la moderna, que es quizá lo que se esté intentando ahora, al demolerlo y construirlo nuevamente.

Respecto de lo que dijo el empresario Cipriani (diario El País, mes de marzo) —con una capacidad argumental todavía más escasa y menos fundada—, de que el edificio debió resolverse mal y bajo grandes limitaciones materiales por ser construido en tiempos de la II Guerra Mundial, lo entendemos, simplemente, como otro paupérrimo argumento para justificar su demolición. Apenas le diremos a Cipriani que muchos otros edificios del país se resolvieron adecuadamente, a pesar de las dificultades para conseguir acero, propias de aquella época, sin por esto correr peligro alguno en su estabilidad. Y como para muestra alcanza un botón, le recomendaremos a este empresario que observe la Facultad de Arquitectura —Universidad de la República—, hecha, exactamente, en la misma época. Todavía está funcionando —y muy bien— en la esquina de Bv. Artigas y Bv. España.

Finalmente, y en directa alusión a todos aquellos actores departamentales —de la Intendencia o de la Junta Departamental— que sostienen la ausencia de contradicciones entre lo votado oportunamente y la nueva posibilidad de demolición, les diremos simplemente que se escuchen a sí mismos. Que se escuchen en discursos dados, en entrevistas televisivas o radiales emitidas. Que se lean en los distintos escritos en que han plasmado sus firmas. Nada más. Estos documentos son buena prueba de lo que decimos y obrarán, seguramente, a nuestro favor.

Como no tenemos duda acerca de la enorme contradicción de los argumentos manejados recientemente frente a lo expresado y firmado antes en muy diferentes documentos —se usaron, concretamente, términos tan claros y elocuentes como rehabilitar, salvaguardar el patrimonio, etc.— apelaré, como ciudadano, a todos los medios legales que estén a mi alcance para impedir una demolición que deja muy malos antecedentes para el patrimonio cultural de la nación. Pero, en paralelo, hay también prácticas que deben desaparecer y conceptos absolutamente perimidos que no deben volver a plantearse, como el de demoler un bien patrimonial —cargado de historia y de importantes obras artísticas imposibles de reproducir a nuevo—, a efectos de intentar una “mejor copia” o reproducción, que no solo perderá el vínculo con vivencias y realidades pasadas, sino que será un lamentable y vacío espectro, incapaz siquiera de operar como recuerdo.

William Rey Ashfield

CI 1.284.134-7