El conflicto por la instalación de emprendimientos comerciales e industriales en la entrada de la zona de Melilla no es nuevo. Tiene incluso más de una década, y en todas las ocasiones la Intendencia de Montevideo (IM), con el consejo de la Comisión Especial Permanente de Montevideo Rural, rechazó las distintas propuestas.
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El grupo de trabajo, integrado por productores, sociedades de fomento, representantes de la academia y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se encarga de asesorar técnicamente a la comuna frente a las actividades desarrolladas en suelo rural. Sin embargo, no es vinculante, por lo que su opinión puede ser o no tomada en cuenta por el intendente.
Y al parecer, la segunda posibilidad se dio recientemente, cuando la IM le otorgó el visto bueno a la construcción de una estación de servicio de la cadena AXION (a solicitud de Cliwel S.A.) en la intersección de la Ruta 5 y Camino de la Redención, sobre dos padrones ubicados en un punto clave de Melilla.
La iniciativa fue rechazada por la Comisión departamental, al entender que el proyecto, que tendrá una extensión de 2.150 metros cuadrados —la estación ocupará 650 y el minimercado casi 400—, “alteraría el funcionamiento de la zona”, indicó a Búsqueda el secretario general del grupo e ingeniero agrónomo Eduardo Straconi.
“No es conveniente que se instale ahí, porque es la entrada a toda la zona de producción de Melilla, con actividades frutícolas y recreativas. Y eso implicará además la construcción de un supermercado, un estacionamiento y la circulación de 150 camiones”, aseguró el especialista.
Straconi explicó además que seis kilómetros al norte del punto donde se pretende instalar, ya funciona otra estación de servicio. Agregó que cuando culminen las obras del Parque Agroalimentario de la IM a menos de un kilómetro, también está prevista una nueva estación, por lo que “el proyecto carecería de todo sentido, tanto logístico como económico”.
Por otro lado, la Comisión decidió respaldar por unanimidad una carta que vecinos de la zona enviaron a la comuna el pasado 12 de setiembre, en el que rechazan la construcción de la estación. Según el documento al que accedió Búsqueda, los locatarios afirman que la construcción de la iniciativa afectaría “severamente” una zona “muy sensible, con especial protección”, y generaría consecuencias negativas ligadas no solo al ordenamiento territorial, sino también al impacto ambiental, patrimonial paisajístico y de seguridad vial.
El secretario general de la IM y actual director interino del Departamento de Desarrollo Ambiental, Fernando Nopitsch, dijo a Búsqueda que el proyecto igualmente está avanzando, y que hoy se encuentra en la órbita del Departamento de Planificación.
“Ya está aprobado, porque no hay ninguna norma que prohíba construir una estación de servicio en ese lugar, ya que no generan aspectos negativos a la zona. Las estaciones están en todo el Uruguay rural, no hay una limitación desde el punto de vista ambiental, no es que sea un tema ambientalmente peligroso”, explicó.
Discusiones.
Si bien el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo habilita la construcción de una estación de servicio sobre una ruta nacional, los vecinos indican que los padrones donde se pretende ubicar el proyecto están en una zona caracterizada por actividades de alto valor agrícola, ambiental, paisajístico e histórico. Además, sostienen que el lugar es explotado tanto por pequeños productores como por emprendimientos emblemáticos como Bodegas Bouza, por lo que “presenta una natural resistencia a proyectos urbanizadores”.
Desde el punto de vista ambiental, en el informe sostienen que la propia operativa de una estación de servicio genera derrames y filtraciones de hidrocarburos, por lo que además de argumentar que en la zona no hay saneamiento, afirman que esos desechos serán enviados a la cuenca del río Santa Lucía.
“No nos oponemos a la existencia de estaciones de servicio en la zona, lo que rechazamos es que esta se ubique en un punto que naturalmente no está destinado a recibir ese tipo de infraestructura”, explican.
Esto se debe, además, a que los vecinos mostraron su preocupación por la seguridad vial del lugar, donde —afirman— funcionan numerosas chacras y locales destinados a eventos, por lo que el traslado de camiones y la construcción de rotondas podría suponer un incremento de los riesgos.
La Comisión de Montevideo Rural ya se había manifestado frente a proyectos de este tipo, al considerar que “una estación de servicio en esa zona impactaría negativamente en las actividades rurales y turísticas del lugar”, y que “se trata de una instalación de alto riesgo ambiental al estar en una zona muy vulnerable” donde se recogen las aguas para riego. Además, mantiene históricamente la postura de no asesorar positivamente ninguna implantación no agrícola en el área rural de Ruta 5.
Inclusive, años atrás la empresa Isusa solicitó a la IM el permiso para instalar una planta de fertilizantes, algo que fue negado por el gobierno departamental. “Es muy distinta una cosa de la otra”, dijo Nopitsch al ser consultado por los criterios utilizados.
Hoy el proyecto no cuenta con todas las autorizaciones necesarias, pero desde la Unidad de Montevideo Rural confirmaron que el expediente sigue en curso. Específicamente, el caso se encuentra en la Unidad de Contralor de la Edificación, donde se iniciaron los trámites para adquirir un permiso de construcción.
“Se aprobó en ciertas áreas de la IM, la Oficina de Estudios de Impacto Territorial le dio el ok, pero no pasó por el Servicio de Regulación Territorial. Se están instalando sin todos los permisos que necesitan”, afirmó una fuente de la Unidad de Montevideo Rural a Búsqueda.
Según Straconi, una de las razones que podrían motivar la inicitiva es que los dueños del terreno donde se pretende construir la nueva estación de servicio son operadores de camiones del departamento de Tacuarembó, a cargo de una flota de 150 de estos vehículos.
Pedido de acceso.
Según un pedido de acceso a la información pública realizada por el edil nacionalista Diego Rodríguez en julio, la IM confirmó que había recibido un estudio de impacto territorial presentado por la empresa Cliwel S.A. Sin embargo, no dio información respecto a si desde la administración se había llevado adelante algún estudio de impacto ambiental para conocer qué consecuencias podría generar el proyecto en la zona ni cuál fue el procedimiento para la adjudicación de los padrones a la firma.
En el informe además, la IM indica que el proyecto no contaría con lavadero, ni lubricentro ni zona para cambio de aceite, y tendrá surtidores con capacidad para 150 motos, 350 autos y 50 camiones diarios.
