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La semana pasada, Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), salió de buen humor de la Torre Ejecutiva luego de reunirse con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Es que Abdala recibió el compromiso del Poder Ejecutivo de que habrá una “contemplación especial”, y el organismo no tendrá recortes.
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Uno de los programas que el INAU quiere reforzar con recursos es el de Acogimiento Familiar, que busca atender la situación de niños y adolescentes que no viven con su familia de origen y están institucionalizados. El INAU tiene unas 2.700 personas en esta situación, de las cuales solo 400 están en condiciones de ser adoptados.
Una de las principales preocupaciones del actual Directorio del INAU es lograr la desinternación de los niños y adolescentes que están a su cargo. Abdala dijo que los tres directores del organismo coinciden en que se debe avanzar para que los menores de edad vivan en una familia.
Por eso, una de las medidas a adoptar es “reforzar” los planes de acogida, y para ello la intención es “mejorar” la asistencia que el Estado brinda a las familias que se incorporan al programa. Además, se propone también hacer una transferencia a la familia de origen para ayudarla.
Según datos que maneja el INAU, el 80% de los niños y adolescentes que están en el sistema mantienen el vínculo con la familia de origen. Abdala comentó a Búsqueda que en el 20% de los casos de las personas institucionalizadas la principal causa por la que no están con su familia de origen es económica, ya que no pueden mantenerlos.
La familia de acogida recibe un monto de dinero para la atención de la persona a cargo. El monto varía según la modalidad y puede ir de una Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), al valor actual $ 4.519, a cinco BPC en casos de urgencia ($ 22.595).
“Hay que hacer un mayor esfuerzo económico”, dijo Abdala. Explicó que la gran mayoría de las familias de acogida recibe dos BPC por mes de asistencia. Los casos de tres BPC están reservados para niños menores de dos años o que requieren cuidados especiales. Y los de cuatro o cinco BPC son por casos excepcionales.
La “idea inicial” que manejan en el INAU es aumentar a la mayoría de los casos a un pago de tres BPC. Lo mismo cobrarían las familias de origen del niño. Esta propuesta es “desarrollista”, comentó Abdala, y recordó que en Chile se aplicó una medida similar.
El presidente del INAU explicó el alcance de esta medida cuando, a comienzos de mes, participó de la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados. “El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que lo primero que debe agotarse es la posibilidad de que los niños y niñas se mantengan apegados a su madre, vinculados a su familia biológica. Eso, muchas veces, hay que apuntalarlo desde el punto de vista material porque en el sistema de internación, en el sistema de 24 horas, en el de protección, una parte muy importante de los niños y las niñas llegan por problemas de carácter estrictamente económico en cuanto a manutención y sostenimiento de esos niños. Entonces, sería importante apuntalar a esas familias para evitar la internación y el ingreso al sistema de protección”.
Abdala planteó que es necesario realizar una “gran campaña” pública sobre el sistema de acogimiento familiar. Esto deberá permitir “involucrar, comprometer y seducir a muchas personas y familias que hoy no integran el sistema, que están lejos de él”.
“Si llegamos a ellos en términos de explicar de qué se trata y por esa vía hacer un llamado a la solidaridad, y más que a ello, al compromiso con la sociedad que en general todos los uruguayos tenemos, creo que podremos tener éxito en cuanto a agrandar el sistema de acogimiento familiar”. Hoy el sistema tiene alrededor de 800 familias.
Abdala se mostró de acuerdo con un planteo de la senadora colorada Carmen Sanguinetti respecto a aprobar una ley de desinternación.
Según Abdala, con que esa fuera solo una ley declarativa “ayudaría y mucho”. Aclaró que no pretende que se reglamente el sistema, sino que plantea que el tema sea definido como un “objetivo nacional”.
