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    jueves 11 de julio de 2024

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    ITHG señala bases de salida irreales, dicen emergencias médicas que compiten por traslados

    ASSE espera poner en marcha el convenio marco para ambulancias en marzo

    La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) está en la etapa final de evaluación de precios del convenio marco para el servicio de traslados en ambulancias comunes y especializadas, cuya apertura de ofertas fue, luego de siete prórrogas, el 27 de noviembre. El gerente administrativo del prestador público, Juan Behrend, dijo a Búsqueda que una vez terminada esta fase lo resuelto será comunicado al Tribunal de Cuentas (TCR) y a los proveedores interesados, 41 en total. “Si en ese entonces no se presenta un recurso que tenga efecto suspensivo, se empezará a ejecutar. Estamos haciendo todo lo posible para que esto comience en marzo”, agregó.

    El convenio marco fue el mecanismo que escogió ASSE para resolver finalmente “de manera transparente”, término escogido por su presidente, Leonardo Cipriani, los traslados en ambulancia a escala nacional. Eso fue resuelto luego de que en agosto el organismo decidiera dejar sin efecto dos licitaciones con ese mismo objetivo tras haber recibido duras observaciones del TCR (Búsqueda Nº 2.241). Ambas licitaciones habían sido ganadas por ITHG. Esta empresa y su vínculo con el prestador público, que data de junio de 2021, han sido duramente cuestionados por la oposición y reiteradamente observados por el tribunal.

    Las demoras en terminar la evaluación se deben a que luego de la apertura de las ofertas se registraron 22 observaciones de los interesados a analizar. La mayoría de ellos objetaron justamente las postulaciones de ITHG y de JD&A, sobre todo en el interior uruguayo. JD&A, cuyo nombre de fantasía es Solidar, es una empresa que ITHG ha subcontratado para realizar los traslados; incluso han llegado a compartir oficinas, como constató una inspección del Ministerio de Salud Pública (MSP) el año pasado (Búsqueda Nº 2.224).

    Observaciones

    La Cámara de Emergencias Médicas (Ceamex) no se expresó como tal ante esta situación, ya que desde que la UCM denunciara en diciembre de 2022 “prácticas anticompetitivas” y “conductas concertadas” de sus socios —algo que hoy está bajo estudio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas— hay una fuerte división interna. Sin embargo, de manera individual, “prácticamente todos los asociados que participaron en este convenio objetaron las ofertas de estas empresas”, dijo a Búsqueda una fuente del sector.

    Entre algunas de las objeciones señaladas por participantes, disponibles en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), se indica que JD&A no tiene un domicilio fijo en las ciudades de Durazno, Trinidad, Artigas, Treinta y Tres, Canelones y Salto para hacer los traslados ahí. Uno de los elementos más destacados de este convenio marco para poder cotizar es la división en tres zonas: hasta 25 kilómetros desde la base señalada, de 25 a 50 kilómetros desde la base y a más de 50 kilómetros.

    Otros señalamientos son aún más extraños. Por caso, en una observación firmada conjuntamente por SUAT y Alcaraz (SEMM), se indica que en un relevamiento “in situ” de los listados de base de salida presentados por ITHG y JD&A “algunas de esas plantas físicas no son tales”. El texto enumera que la indicada en La Capuera, en Maldonado, “es una esquina donde no se ubica ninguna planta física que permita suponer” que de ahí salen ambulancias; la de Tacuarembó está en un local con un cartel de “Hotel”, “por lo que mal podría ser un local habilitado por el MSP como base de salida”; la de Paso de los Toros es una casa “vacía” y en “aparente abandono”; la de Cardona es “una casa común y corriente”; la de Melo, una “panadería”; la de Punta del Este, una “edificación residencial”. En otro reclamo la empresa Cardiomovil, de Maldonado, incluso adjunta fotos y certificado notarial que constata la inexistencia de una base de salida en la dirección señalada por estas firmas para La Capuera.

    El presidente de ASSE dijo no tener conocimiento de estas observaciones al ser consultado por Búsqueda. “Este es un sistema bien transparente y bien claro. Hay que cumplir los requisitos que se piden, por proximidad y por precios”, resumió Cipriani.

    Fuentes de la cámara señalaron que desde ASSE les manifestaron que ellos, como contratantes, “van a controlar la existencia de las bases (de salida) una vez adjudicada la compra”, lo que resultaría en su anulación, de constatarse su inexistencia. Esto, agregaron, es lo que ha frenado reclamos más fuertes.

    Gastos millonarios

    ITHG, una empresa nacida en 2020 como proveedora de insumos marinos, ha sido mirada con lupa desde que su vínculo con ASSE saltó a la luz pública en un artículo publicado por Búsqueda (No 2.209) en enero de 2023. Allí se señalaba que esta empresa, que aún no tenía autorización del MSP, tenía distintas direcciones registradas, donde funcionaban una distribuidora de calzado en Cerrito de la Victoria, una frutería en la Ciudad Vieja y un estudio contable en Cordón.

    Según un pedido de acceso a la información cursado por Búsqueda, SAME 105 —el servicio de emergencias de ASSE— le pagó por distintos servicios a ITHG un total de $ 1.499.464.870 entre junio de 2021 y diciembre de 2023 (US$ 38,4 millones al cambio actual). Según publicó El País el 8 de febrero, el TCR volvió a observar las contrataciones realizadas a esta empresa en el último trimestre. La minoría frenteamplista del tribunal ya había pedido suspender a esta unidad ejecutora su categoría de “ordenador de gasto”, lo que equivale a decir que le impediría seguir comprando servicios; esto no fue respaldado por la mayoría del TCR (Búsqueda 2.255).

    Cipriani, que ha defendido en reiteradas acciones las compras directas a ITHG, sobre todo durante la operativa en la pandemia, dijo a Búsqueda que esta empresa representa “solo el 28% de los gastos en traslados” que ha realizado ASSE desde el inicio de la actual gestión y que los gastos observados “ocurrieron siempre”.

    ASSE repetirá el convenio marco como herramienta para arreglar otras contrataciones, adelantó Behrend. Una de ellas será para los estudios médicos realizados en otras instituciones y otra será el alquiler de camas de CTI, ambas para todo Uruguay.

    Información Nacional
    2024-02-21T23:24:00