Los dos gobiernos anteriores intentaron meterlo, pero no tuvieron mayor éxito. Ahora, el concepto de la productividad no figura en los lineamientos que dictó el Poder Ejecutivo para la sexta ronda de los Consejos de Salarios que acaba de empezar.
Los dos gobiernos anteriores intentaron meterlo, pero no tuvieron mayor éxito. Ahora, el concepto de la productividad no figura en los lineamientos que dictó el Poder Ejecutivo para la sexta ronda de los Consejos de Salarios que acaba de empezar.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn el estudio titulado “Negociación colectiva, salarios y productividad: el caso uruguayo”, publicado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo, Juan Manuel Rodríguez, Graciela Mazzuchi y Eloísa González analizan las pautas y los resultados que arrojó la negociación colectiva desde su reinstalación en 2005.
La ronda inicial apuntó a recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de recesión (1998-2002). Mientras que la de 2010 incorporó en los lineamientos de ajuste la inflación esperada, un componente que refleja la situación de la economía en general y otro sectorial (ventas declaradas ante la Dirección General Impositiva y personal inscripto en el Banco de Previsión Social) de “enorme complejidad”. Esto “implicó una ruptura con la forma tradicional de negociar crecimientos salariales”, pero los actores “no confiaron en esas cifras” como para modificar la histórica manera de negociar, señalan los autores.
Se firmaron 227 convenios, aunque remarcan que solo 20 incluyeron ajustes en función de algún indicador sectorial.
En 2012, cuando vencían 67 de los convenios, el Poder Ejecutivo anunció pautas de negociación que “en realidad fueron muy similares a las del período anterior”. En el componente sectorial fue donde se presentaron al menos dos diferencias: se flexibilizó la elección del indicador que sería acordado por las partes y se fijaron topes al crecimiento de este componente.
Se firmaron 61 convenios y, “pese a la mayor flexibilidad” fueron “muy pocos” los que incorporaron ajustes asociados a componentes variables macro y/o sectoriales. Afirman que los acuerdos de ramas como licorerías y banca tomaron un indicador que “sugiere el cálculo de productividad”. También la salud, pero actores consultados para la investigación consideran que la fórmula acordada “no refleja la productividad del sector y que su nivel de complejidad es tan alto que hace que los trabajadores ni siquiera se preocupen por calcularlo”.
Según Rodríguez, Mazzuchi y González, mientras la productividad se recuperó a partir de 2003, el salario real continuó cayendo y recién comenzó a crecer a partir del 2005. A su entender, la incorporación de indicadores de productividad para los ajustes de salarios en la negociación de rama ha sido muy reciente y a su vez poco extendida como para que se puedan extraer conclusiones.
Luego sostienen que las pautas para 2013 fueron anunciadas por el Ejecutivo bajo un contexto macro “más complejo”, de desaceleración de la economía y un mercado laboral menos dinámico. En esta instancia “ni siquiera se sugiere indicador sectorial”.
En resumen, observan que a medida que fueron pasando las rondas las autoridades fueron “abandonando la idea de ajustes variables en función de indicadores que dieran cuenta de la productividad”.
¿Por qué tan pocos sectores incorporaron ajustes por productividad en la negociación colectiva?
Según los autores, la implementación de un sistema de remuneración por productividad o por resultados implica resolver un conjunto de aspectos conceptuales y técnicos que admiten diversas opciones. “Ninguna de las definiciones (...) es sencilla. Este es un problema relevante porque la remuneración por resultados es una idea defendible pero su implementación efectiva depende de que los actores conozcan las opciones elegidas y que el sistema tenga transparencia y dé garantías. Particularmente cuando se introducen elementos absolutamente novedosos en la negociación, como ocurrió en este caso en Uruguay. Si los indicadores, las variables, las fuentes de información no están claras, el sistema genera una inseguridad que desestimula el apoyo de los actores. Debe pensarse que estas decisiones pasan a integrar un convenio colectivo que implica costos para un empresario e ingresos para un trabajador. Ni uno ni otro estará dispuesto a pasar a este sistema si las incertidumbres son elevadas”, observan.
A partir de entrevistas con actores involucrados, añaden que tanto trabajadores como empresarios señalan tres problemas principales al momento de negociar productividad: los sectores son heterogéneos, es difícil definir y medir indicadores sectoriales, y se deberían cambiar aspectos culturales arraigados. A esos factores los investigadores suman otros dos: los magros salarios en algunos sectores y la “baja capacidad de los negociadores del gobierno para incluir estos temas”. Los sindicalistas que consultaron explicaron que los trabajadores en una asamblea no aprobarían un convenio que no entienden y nadie explicó claramente.
En esa línea, de cara a negociaciones futuras, Rodríguez, Mazzuchi y González afirman que es “absolutamente imprescindible que los negociadores cuenten con la preparación necesaria para encarar una negociación tan diferente en su contenido con respecto a la tradición. Todo indica que esto no ocurrió por parte de ninguno de los actores”.
Empresarios y trabajadores entrevistados para el estudio coincidieron en proponer que el tema de la productividad se instale “claramente” y que este punto sea discutido a nivel de empresas, en lugar de sectores.
“¿Es positivo/necesario el crecimiento de la productividad y su asociación con las remuneraciones? En la teoría económica esta pregunta quizá no tenga lugar, porque no caben dudas sobre su respuesta positiva. Pero, la amplia mayoría de los ciudadanos no son economistas y tampoco lo son los empresarios y los sindicalistas. La ausencia de la presencia de este tema es una dificultad que permea todo el proceso anterior. No existe en Uruguay —como sí ocurre en otros países— la convicción de que el desarrollo requiere un crecimiento sostenido de la productividad. Si existiera sería más fácil conformar acuerdos para lograr este objetivo. Quizá en un futuro, si se retomara la idea —hoy casi abandonada hasta por el Poder Ejecutivo— de asociar salarios a productividad (por lo menos a nivel de sector) habría que generar ámbitos de discusión sobre la importancia de la productividad”, rematan los autores.