Informe revela que el gobierno de Nicolás Maduro emplea “fuerza brutal, incluidas torturas” contra los manifestantes opositores

Este informe se suma a varias condenas de organizaciones nacionales e internacionales al gobierno de Nicolás Maduro por sus constantes ataques a la libertad de expresión. Varias asociaciones locales reportan constantes ataques e intimidaciones por parte del Estado a periodistas que buscan ejercer su oficio libremente.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela lleva un registro de al menos 49 medios de comunicación cerrados en el país durante 2017, todos por decisión del gobierno y todos críticos con la gestión de Maduro.

“Torturas aberrantes”.

Según el informe, miembros de las fuerzas de seguridad “golpearon violentamente a detenidos y los torturaron con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas brutales”.

También emplearon la fuerza excesiva contra personas en las calles, y detuvieron y procesaron arbitrariamente a opositores del gobierno. “Aunque no fue la primera arremetida contra críticos del gobierno de Nicolás Maduro, la magnitud y gravedad de la represión en 2017 llegó a niveles inéditos en la historia reciente venezolana”, señala el documento.

“Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno en Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“No se trata de abusos aislados u ocasionales por parte de agentes insubordinados, sino más bien de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, agregó.

Para realizar la investigación, las organizaciones entrevistaron a más de 120 personas, entre las que había víctimas y sus familiares, abogados que asistieron de forma honoraria a las víctimas en audiencias judiciales y médicos que atendieron a personas heridas durante las manifestaciones o en lugares próximos a ellas.

En abril de 2017, decenas de miles de personas salieron a las calles en Venezuela en repudio al intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de quitarle los poderes a la Asamblea Nacional. Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos.

Además de los testimonios, los investigadores accedieron a evidencia que corroboró las declaraciones que recabaron. Además de fotografías y videos, revisaron partes médicos, forenses y sentencias judiciales.

“En algunos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en ambientes cerrados donde había personas detenidas, hacinaron a los detenidos en pequeñas celdas de confinamiento por períodos prolongados y les negaron acceso a alimentos o agua, o los obligaron a ingerir alimentos contaminados deliberadamente con excremento, cenizas de cigarrillos o insectos”, sostiene el informe.

Abusos físicos.

“En varios casos, los detenidos fueron víctimas de abusos físicos y psicológicos, con la presunta intención de castigarlos o coaccionarlos para que se incriminaran o comprometieran a otros, incluyendo a dirigentes opositores. El tipo de abusos y el momento en que se produjeron muchos de ellos —así como la expresión frecuente de epítetos políticos por los agresores— sugieren que el propósito no fue garantizar la aplicación de la ley ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por sus supuestas opiniones políticas”, señalaron Human Rights Watch y el Foro Penal.

A pesar de las “evidencias abrumadoras de violaciones de derechos humanos”, ni Human Rights Watch ni el Foro Penal consiguieron indicio alguno de que funcionarios públicos en puestos clave —incluidos aquellos que sabían o debían haber sabido sobre los abusos— hayan adoptado medidas para prevenir y sancionarlos.

“Por el contrario, a menudo han restado gravedad a los abusos o han negado indiscriminadamente, y con total inverosimilitud, lo sucedido”, añaden.

La magnitud total de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Maduro no ha podido ser determinada por las organizaciones que elaboraron el informe. Sin embargo, los resultados dejan “en clara evidencia” que no se trata de casos “aislados”.

“El hecho de que estos abusos generalizados hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares en 13 estados y la capital (incluso en entornos controlados como instalaciones militares y otras instituciones estatales), durante el período de seis meses cubierto por este informe, avala la conclusión de que los abusos han formado parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”, señala el informe.