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Ambiente intima a empresa que mantiene basura electrónica de Antel, con plomo y mercurio, desde hace siete años
Toneladas de plomo contenidas en más de 8.000 monitores de Antel con categoría alta de peligrosidad se acumulan en depósitos en un barrio de Montevideo, a la espera de su disposición final
¿Qué hacer con más de 8.000 monitores de computadoras obsoletos, en desuso? A fines del año 2018, la empresa estatal Antel convocó por licitación abreviada a llamados de interés para contratar un servicio integral de retiro, transporte, tratamiento y disposición final de estos aparatos con tubos de rayos catódicos que contienen mercurio y plomo en su interior.
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El llamado exigía que el trabajo se completara en un plazo máximo de seis meses. Los primeros monitores fueron retirados por la empresa ganadora de la licitación —New Life Recycling— en junio de 2019. Pasaron seis meses. Pasó el primer plazo. Y siguieron pasando los tiempos establecidos. En este 2026 se cumplen siete años sin que exista una gestión final de esos residuos desechados por Antel y que siguen amontonados en depósitos de la empresa en el barrio Jardines del Hipódromo. Hay un gran volumen de mercurio y varias toneladas de plomo en esos galpones. Cada uno de los tubos de los más de 8.000 monitores almacena entre dos y cuatro kilos de plomo, un contenido con potencial riesgo sanitario y ambiental para los trabajadores de la empresa y los vecinos de una zona densamente poblada.
Este volumen de basura electrónica ha permanecido sin ser destruido a lo largo de siete años bajo la inacción de dos organismos estatales en el período anterior. Primero Antel, generador del residuo y por ende responsable de su disposición final. Y después, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que en todo este proceso verificó irregularidades en el cumplimiento de los plazos y descartó sanciones o advertencias para forzar la retirada y destrucción de los aparatos. La legislación prohíbe el almacenamiento transitorio de residuos industriales sin la autorización previa de la Dinama.
Compañías competidoras en la licitación de 2018 advirtieron más de una vez sobre los incumplimientos a las direcciones correspondientes, según dijeron a Búsqueda fuentes empresariales. Y hubo pedidos de acceso a la información que constataron la situación irregular, el acopio extendido y fuera de los plazos previstos, sin que se tomaran medidas para solucionar el problema. En febrero de este año, Antel intimó al Ministerio de Ambiente para que dé una respuesta sobre la gestión final de estos monitores. Y ese mismo mes hubo una inspección de funcionarios de la cartera que verificaron que “la gran mayoría” de los residuos permanece en los galpones de la empresa New Life en Jardines del Hipódromo, informó a Búsqueda el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente (Dinacea), Alejandro Nario.
En esa visita se intimó a la empresa a que presente un plan para la gestión final de la basura electrónica, algo que según Nario aún no ha ocurrido. El director de la Dinacea puntualizó que en la fiscalización no surgió que hubiera “problemas en las condiciones de acopio”, sin embargo, subrayó que la empresa se expone a sanciones si no resuelve a corto plazo la destrucción y eliminación de los residuos que tiene bajo custodia desde 2019.
Según el Catálogo de Residuos Sólidos Industriales y Asimilados del Ministerio de Ambiente, estos monitores revisten la categoría I de peligrosidad, que incluye residuos peligrosos caracterizados por toxicidad, inflamabilidad, corrosividad o ecotoxicidad.
Hace 25 años, en el barrio de La Teja, se registraron casos de plombemia, plomo en sangre, por una mala disposición de los residuos que contenían este material pesado.
La versión de la empresa: las restricciones de Holanda y la posibilidad de un “tratamiento”
Consultado por Búsqueda, el director de la empresa New Life, Federico Rodríguez, aseguró que el material está acopiado “en condiciones óptimas y bajo techo”. Y señaló que “nunca ocultó” esa situación, ni “se sentó a esperar” mientras planea alternativas para la gestión final de la basura electrónica. Anunció que le entregará un plan a la Dinacea. Dijo, además, que se maneja la posibilidad de hacer un “tratamiento” de los residuos peligrosos y encapsular el material en celdas que tiene para ese fin la Cámara de Industrias. Esta opción no estaba en el menú de opciones cuando ganó la licitación, en junio de 2019. Por esa época, la única posibilidad de eliminar estos residuos era la exportación a Holanda.
Ese era su plan inicial, dijo Rodríguez a Búsqueda. Pero entre 2019 y 2025, el país europeo endureció las medidas de restricción al ingreso de este tipo de residuos, especialmente el obsoleto, como los monitores de Antel, y si bien no hay una prohibición total, se hace operativamente inviable su exportación.
En julio de 2020, ante un pedido de acceso a la información, Antel respondió que, a más de un año del retiro de los materiales, New Life había cumplido el servicio contratado en cuanto al acopio y al acondicionamiento. Y que se encontraba “en trámite ante la Dinama la solicitud de autorización presentada por la empresa adjudicataria para la exportación del material y su disposición final”. Algo que nunca ocurrió.
