Sería pertinente invitarlos a vivir en la zona de Valparaíso previamente delimitada, para que experimenten de primera mano las “sensaciones térmicas” que por esos lugares reinan.
Estamos hablando de una constante de rapiñas, hurtos y particularmente amenazas para aquellos vecinos que se atreven a realizar las denuncias luego de ser víctimas de algún evento delictivo por parte de delincuentes que llegan de otras zonas. Amenazas que van desde agresiones físicas acompañadas de palabras que sugieren el cese de realizar dichas denuncias, hasta directamente daños a la propiedad realizados con armas de fuego. Algunos vecinos sufren disparos en sus hogares como advertencia de lo que puede suceder si continúan reclamando la intervención policial.
Así lo pudo constatar la representante nacional Gloria Rodríguez Santo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, en una Asamblea de vecinos del barrio Valparaíso celebrada el pasado 3 de febrero, en donde los vecinos que allí participaron se declararon directamente en estado de emergencia por riesgo de muerte, también sobre el temor a la violencia que se ejerce asiduamente contra ellos, como con el correspondiente miedo por la integridad física propia y de sus familiares, sumado a todo ello el factor de que la intervención policial, si es que existe, es una macabra sátira para con los honrados ciudadanos denunciantes que ha llegado a sostener la carencia de papel para realizar más denuncias, que carecen de móviles para una rápida respuesta, se los dirige a otra Comisaría a realizar la denuncia, entre otras, dieron pie a la formación de un escenario en que existen personas vulneradas, con lágrimas en los ojos, con verdadero temor en sus corazones. Se encuentran impedidos de recibir a familiares y amigos en sus hogares a causa de que ellos correrían los mismos riesgos, colocaron cámaras de seguridad, rejas y cercas electrificadas para apalear la situación, pero ninguna medida ni el cúmulo de ellas logra sus objetivos.
En esa oportunidad los vecinos procedieron a entregarle a la representante una carta firmada por los participantes de dicha Asamblea, en la cual se narran los lamentables hechos que sufren y solicitando en forma urgente a la diputada el amparo por parte del Estado a efectos de cesar la violación que sufren a sus derechos más fundamentales, al respeto por sus derechos humanos a vivir una vida en paz, el derecho a la vida, a la propiedad, a concurrir al lugar de trabajo sin tener que sufrir persecuciones por delincuentes. En definitiva, que sean amparados por lo establecido en el art. 7 de la Constitución de la República.
Son personas que se encuentran indefensas hasta para salir a trabajar; son sistemáticamente rapiñados en paradas de ómnibus, o al subir y bajar de los vehículos, son amenazados y agredidos en sus hogares por denunciar ante la seccional policial, Jefatura de Policía, Delitos Complejos, Asuntos Internos, Unidad de Narcóticos y la Fiscalía, sobre delitos de rapiña, arrebatos, copamientos, receptación; también por hacer lo propio con integrantes de bandas de narcotraficantes.
Solicitan la aplicación inmediata de las disposiciones de la Ley 10.071 a efectos de declarar en estado peligroso a las personas comprendidas en las categorías enumeradas en su artículo 2º; tales como los vagos, mendigos y ebrios, proxenetas y demás, buscando con ello una reinserción social a la masa de trabajadores honrados y evitar que se continúe con estas acciones delictivas.
En base a semejantes declaraciones la diputada procedió a comunicarse con el jefe de Policía de Montevideo, inspector principal Mario Layera, así como con el director nacional de Policía a los efectos de coordinar una entrevista para buscar la forma de revertir la situación de desamparo que viven estos vecinos.
El aparato burocrático parece ser más efectivo oponiendo trabas al administrado que reprimiendo el delito para el cual fue primeramente constituido.
Quizás esta sea una zona, entre varias de ellas, en las que hasta la Policía teme a quienes cometen los delitos. Ello no supondría una sorpresa de ser realidad, puesto que es perfectamente sabido por los delincuentes el momento y lugar en cual cometer sus reprochables acciones sin sufrir por ellas mayores consecuencias.
Entonces hemos de concluir que es necesario hablar directamente con el Ministerio del Interior.
Puesto que una fuerza de vital importancia como es la policial si se debilita en uno de sus eslabones se debilita la cadena toda, obteniendo como resultado el que rige al día de hoy: vecinos que sienten directamente temor a la inseguridad en un estado tal, que pasan a sentir riesgo por su propia vida y la de sus seres queridos, un estado generalizado de emergencia por vivir en una zona en la que reina el caos y desorden, para finalmente encontrar una burla en el aparato estatal luego de haber sido forzados a estar en los zapatos de ser víctima de alguno de estos individuos que trabajan día y noche para mantener dicho estado de desorden, de tierra de nadie, de carencia de la actividad represiva.
Asimismo es un sentimiento de discriminación por zonas el que nace en las víctimas, ya que están todos seguros de que, de suceder algo parecido en otras zonas, la actividad policial se desarrollaría con la más imperiosa de las urgencias, cumpliendo sí con los cometidos para los cuales fueron designados.
Quizás lo que sucede es que el mismo Ministerio del Interior conoce de pies a cabeza la realidad que allí impera y reconoce que no posee los medios para afrontar un ritmo de delitos tal como el que en el lugar se desarrolla.
Así el estado de las cosas, no parece muy realista la concreción de la promesa electoral de bajar el delito de rapiña en un 30% por parte del gobierno, mucho menos la de obtener una reducción de las tasas en los otros delitos.
Pero siempre debemos tener en cuenta que ello no es más que una promesa electoral, y así nos lo recuerdan el mismo ministro del Interior cuando desde sus dependencias se realizan declaraciones tales como que ello no dependerá únicamente de la acción policial, que hay otros factores en juego y que ese 30% es solo una meta, la cual se alcanzará o no.
Algunos vecinos la sufren más que otros, algunas zonas o barrios están siendo más hostigados que otros y se percibe un dejo de discriminación por mayor protección en unos y menor o inexistente en otros; pero en algo tenemos que ponernos todos de acuerdo: la inseguridad dejó de ser un sentimiento, mudó a la dimensión de realidad que gobierna nuestro día a día, que rige nuestras vidas.
Montevideo dejó de ser una ciudad segura hace mucho tiempo, el derecho humano fundamental y establecido en nuestra Carta Magna de libre ambulación ya no se respeta, ya no se ejerce en los hechos, y se puja la línea del crimen hasta sus límites, accionando para hacer reinar el temor sobre la propia vida de aquellos vecinos que buscan su forma de vivir honradamente, honestamente y con tranquilidad.
El incremento sostenido en las tasas de delitos es constante año a año, y entiendo sea ardua la tarea de reprimir y controlar una ciudad dentro de la cual la característica principal del delito es que ya es estructural a la misma.
Pero ¿cómo explicar eso a los vecinos que viven el miedo a la inseguridad en carne propia, en forma diaria? ¿Cómo justificar el hecho de tener que vivir con temor y asumir el riesgo de transitar y residir en estos barrios tan peligrosos, con un argumento sólido que explique la falta de control? ¿Cómo asumir que no se han tomado las medidas por ellos solicitadas basadas en denuncias y demandas correspondientes por discriminación e inoperancia del Ministerio del Interior? ¿Cómo evitar los daños y perjuicios derivados de ellas?
Tal justificación no existe, las respuestas no las tiene el ministro del Interior, así que por lo pronto tendrá que alcanzarle con oponer una vieja excusa para la falta de contralor:
Montevideo es una ciudad muy grande.
Gloria Rodríguez
Representante nacional
