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    Institución de Derechos Humanos investiga denuncia de malos tratos en Aldeas Infantiles

    La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) tiene a estudio hace más de un año una denuncia presentada por una organización social por posibles maltratos a menores de edad en uno de los centros de Aldeas Infantiles.

    La denuncia fue presentada en enero del año pasado por la organización Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI), una cooperativa de abogadas que trabaja en la defensa y promoción de los derechos de niños y adolescentes. El documento fue firmado por la abogada Diana González, quien hoy dirige la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación.

    La institución aún no tomó una resolución sobre la denuncia debido a que todavía espera información complementaria que solicitó al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), según dijeron a Búsqueda fuentes de la institución.

    Desde Aldeas Infantiles explicaron a Búsqueda que enviaron información sobre el caso denunciado al INAU, que se realizó una investigación interna y se aplicaron sanciones. No obstante, la persona denunciada sigue trabajando en el lugar.

    La organización de abogadas relató en la denuncia que en abril y diciembre de 2015, adolescentes que vivieron en la Aldea de Santiago Vázquez (Montevideo) denunciaron maltratos físicos “ocurridos desde el año 2013”.

    La primera denuncia fue realizada por un adolescente ante las autoridades del liceo al que concurría. Pero las autoridades educativas enviaron la denuncia al mismo director del centro que era acusado por el menor. En el documento, la cooperativa de abogadas cuestionó esa decisión, ya que dejó “expuesta a la víctima”.

    Según informaron a Búsqueda miembros de la organización civil, el centro de Aldeas Infantiles inició un proceso de investigación interna en el que los adolescentes confirmaron la denuncia y relataron “otros hechos de maltrato que coinciden en el tiempo y tipos de maltrato”. Narraron, entre otras cosas, que el director los tomaba del cuello, los sacudía o los golpeaba contra la pared.

    No obstante, la Dirección Nacional de Aldeas Infantiles concluyó que no había elementos para sancionar al director ni adoptar medidas de protección especial, según relató González.

    La segunda denuncia fue planteada por un adolescente cuando estaba en un centro de Canelones. Allí denunció maltratos en la Aldea de Santiago Vázquez. En este caso, el estudio jurídico que asesora a Aldeas Infantiles realizó una investigación y concluyó que la información obtenida era insuficiente para adoptar medidas sancionatorias, según afirma la organización de abogadas en la denuncia.

    Desde la organización señalaron además que “ninguna de las dos denuncias” fue comunicada al INAU. Por otra parte, indicaron que las situaciones “previas de abuso y maltrato que sí fueron comunicadas” al INAU no fueron investigadas a fondo.

    En el informe presentado se hace referencia a las condiciones de trabajo de las personas encargadas de la atención de los niños y adolescentes. Según la denuncia, las denominadas “madres” o “tías sociales” trabajan sin límite de horario y no cobran horas extras ni nocturnidad. Estas mujeres reciben una baja remuneración, se agrega. Por otro lado, los directores tienen “altas remuneraciones y se consideran de gran confianza institucional”.

    “Este contexto genera un clima autoritario, de silenciamiento, que propicia el maltrato y su continuidad”, agrega González en el informe.

    Investigación.

    El INAU fue consultado por la INDDHH sobre la denuncia. En julio de 2016, el INAU respondió que en la división responsable de la supervisión del proyecto “no existe registro de ninguna comunicación relativa a situaciones que pudieran configurar vulneración de derechos en las que hubiera estado involucrado” el responsable de Aldeas Infantiles.

    Además, informó que en diciembre de 2015, dos educadoras fueron “desvinculadas como consecuencia de la constatación de hechos que configuraban maltrato hacia niños, niñas y/o adolescentes integrados en la casa asignada a las mismas”.

    Diana González dijo a Búsqueda que le preocupa que un caso de “vulneración de derechos” esté en “segundo plano” porque se trata de hechos “que no hacen ruido”. González aclaró que ahora no sigue el caso debido al cargo que ocupa en la Fiscalía.

    Fuentes de la INDDHH dijeron que el organismo tiene aún a estudio la denuncia, y explicaron que falta información complementaria que debe enviar el INAU. Con base en un planteo de IACI, se pidió información sobre los indicadores de los proyectos, cómo se recaba información y cuántas denuncias llegan por la vía de la Línea Azul que tiene el INAU para recibir casos de maltrato y abuso.

    Anainés Zignago, directora nacional de Aldeas Infantiles, dijo a Búsqueda que la INDDHH nunca les informó sobre la denuncia. Recordó que se enteraron de la situación en una reunión del Comité por los Derechos del Niño, donde se les pidió información sobre el caso.

    Luego el INAU los contactó y solicitó información. “Nosotros le dimos toda la información pertinente y después de eso no tuvimos más contacto”, afirmó.

    Zignago dijo que la organización realizó una investigación interna. Informó que por una de las denuncias se aplicó al director una “sanción” (tres días de suspensión) y se le ordenó llevar a cabo un “plan de desarrollo” (que es la tarea que debe realizar en el cargo que ocupa). “Entendemos que tomamos las medidas y respondemos como se debe”, aseguró.

    La directora señaló que Aldeas Infantiles tiene una “política de protección infantil y un protocolo para dar respuestas y prevenir situaciones” que se puedan “dar” en los centros.

    Informó también que la organización atiende a 450 niños y adolescentes mediante un convenio con el INAU.

    Según la información que publica Aldeas en su sitio web, en la actualidad la organización desarrolla programas en 134 países y territorios en cooperación con los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades. En Uruguay comenzó a trabajar en 1960, siendo el primer país de América Latina en tener una asociación.

    Con el INAU implementan el programa de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar. El organismo estatal paga 28 Unidades Reajustables ($ 27.691) por la atención de cada niño. “Nuestros servicios se basan en un modelo integral de protección a la niñez fundamentado en conceptos de desarrollo humano sostenible, el enfoque de derechos y la equidad de género. Mediante el servicio de Acogimiento brindamos protección a niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado de su familia”, dice Aldeas en su presentación.

    Información Nacional
    2017-06-08T00:00:00