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La señora quería presentarse al llamado de la Universidad para limpiar unos locales, transportar materiales y atender el teléfono. Sin embargo había un impedimento clave: tenía más de 45 años. La misma traba encontraron otras mujeres cuando quisieron presentarse a un llamado de la Intendencia de Montevideo.
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Esos son solo dos casos que les llegó a los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos en el último año y medio. Pero son varias las quejas de personas porque el Estado pone un límite de edad en muchos llamados a concursos para ingresar a la función pública, lo que según la institución implica una “discriminación”.
La Institución Nacional de Derechos Humanos envió más de una vez una resolución a los organismos estatales planteando que no es correcto poner límites de edad en los llamados. “No hemos sido muy exitosos”, lamentó Ariela Peralta, integrante de la institución, al comparecer el miércoles 13 en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.
Peralta relató que han recibido varias denuncias por la imposición de este límite y explicó que se emitió una resolución porque se estarían “violando los derechos a no discriminar y de igualdad”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica establecen que “no puede haber discriminación por edad”. “Se tiene que demostrar cuál es la forma menos lesiva de violar ese derecho y la razón por la que es violado. En otras palabras, no se puede llamar a un concurso con un límite de 35 años de edad”, explicó Peralta.
Sostuvo que “hay un incumplimiento del Estado sin motivo” y aseguró que hay “muchísima gente” que “se siente limitada por eso”.
En julio de 2013, la Institución Nacional de Derechos Humanos aprobó una resolución en la que recomienda a los organismos del Estado que en la elaboración de los pliegos de los llamados a concurso para el ingreso a la función pública “se eliminen las limitaciones de edad respetando el principio de no discriminación”.
En el texto, los integrantes de la Institución recuerdan que el principio de no discriminación “es uno de los pilares del Derecho del Trabajo y de los Derechos Humanos”. Hacen referencia a la normativa internacional y a la Constitución de la República, que resguarda este principio.
“Hemos enviado esta resolución a varias instituciones del Estado pero no tuvimos éxito. Hemos dialogado, y muchas veces las explicaciones tienen que ver con los años que las personas permanecerían en el cargo, pero no hay un motivo específico y demostrable por el que se tenga que lesionar ese derecho a la no discriminación por edad”, afirmó Peralta.
Discapacidad y derecho de admisión.
En la comisión, Peralta también planteó otras preocupaciones de la Institución de Derechos Humanos. Por ejemplo, dijo que trabajan con instituciones sobre el derecho de admisión. “Estamos de acuerdo en que hay un vacío en la reglamentación del derecho de admisión. (…) Hay una creencia popular de que el derecho de admisión está establecido en algún lugar, pero no es así”.
“Ustedes conocerán mucho mejor que nosotros que el ejercicio de ese derecho implica la absoluta arbitrariedad de la persona que ofrece un servicio al público o que organiza un espectáculo público de decidir quién ingresa y quién no. Estoy segurísima de que ustedes han escuchado o recibido denuncias de la existencia de arbitrariedades sin límites, por cualquier razón”, afirmó Peralta.
Recordó que los estándares a nivel de derecho internacional en derechos humanos “han establecido el derecho a no discriminar y a la igualdad como derechos transversales”. “Se ha ponderado que el derecho de no discriminación y de igualdad deben ser los que primen, y en ese sentido se ha producido un desarrollo”.
Mirtha Guianze, presidenta de la Institución de Derechos Humanos, explicó que a lo que más prestaron atención es a la situación de las personas con discapacidades.
“Las personas en situación de discapacidad son las que sufren mayor nivel de discriminación. Hemos recibido muchas denuncias, individuales y colectivas”, afirmó.
Guianze dijo que van a trabajar con la Oficina Nacional del Servicio Civil para que se cumpla la ley 18.651, en especial en asegurar una cuota para discapacitados en los llamados a concurso. Según la ley, el Estado debe destinar al menos el 4% de sus vacantes a personas con discapacidad. La institución no tiene información actualizada sobre si se cumple con esa norma.
Según su memoria del 2014, ese año la Institución realizó 449 intervenciones entre denuncias y asesoramientos. En 2013 registró 380 intervenciones.
Los cinco principales derechos vulnerados son la integridad personal (20,5%), el derecho al trabajo (17%), acceso a la Justicia (15,5%), igualdad y no discriminación (12,9%) y derechos específicos de la niñez y la adolescencia (11%).
En cuanto al origen de las denuncias, el 98,3% fueron de parte y el 1,7% de oficio. Respecto al tipo de persona que presentó la denuncia, en el 79% de los casos fueron físicas, en el 3% jurídicas y en el 18% colectivas.
El informe dice que, igual que en 2013, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Estado son objeto del mayor número de denuncias.
La categoría “Estado”, explica la Institución, es una “denominación utilizada para casos en los que la vulneración del derecho no puede ser adjudicada a un organismo público en particular. Algunos casos refieren, por ejemplo, a personas que consultan en relación a la búsqueda de su identidad biológica, pero la mayoría corresponde a problemas vinculados a vacíos normativos”.
Del total de denuncias, el 16,5% fueron al Ministerio del Interior, el 10,2% al Poder Judicial, el 7,4% al Estado, el 5,7% al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el 5,1% al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente del INAU, el 5,1% a la Intendencia de Montevideo y otro 5,1% al Ministerio de Salud Pública.
