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Las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) y del Ministerio del Interior están ajustando los detalles para concretar la instalación de una planta de clasificación de residuos en la cárcel de Punta de Rieles.
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El objetivo es que los reclusos de ese centro trabajen en la planta y obtengan un ingreso a partir de la venta de los materiales reciclables. El gobierno planea empezar por Punta de Rieles pero no descarta que el proyecto pueda extenderse a otras cárceles.
“La intendencia, a través de la división de Desarrollo Social, está conversando la posibilidad de instalar plantas de clasificación en algunas de las cárceles”, dijo a Búsqueda el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Juan Canessa. “Están bastante avanzadas las conversaciones porque hay un interés mutuo”, indicó.
Aún hay “cuestiones de seguridad” que se deben resolver, añadió. Por ejemplo, respecto a los objetos que pueden llegar entre los residuos y que luego pueden ser utilizados como armas —los cortes carcelarios, según la jerga— por los presos, explicó.
También se están analizando las “condiciones locativas”. La clasificación no se puede hacer a cielo abierto, porque la lluvia estropea los materiales. Por eso se necesita un galpón para que puedan trabajar.
El acuerdo “cubre dos cosas: la necesidad práctica de trabajar y tener un ingreso, y la necesidad de las cárceles de que la gente trabaje y esté ocupada”, explicó Canessa. Además, los reclusos “se van haciendo la idea de que a partir de ahí pueden reinsertarse en un trabajo formal cuando salgan”, agregó. Es que la clasificación de residuos formal puede ser una salida laboral para los presos una vez que terminen la condena, indicó.
Otra ventaja para los prisioneros es la posibilidad de obtener un ingreso a partir de la venta de los materiales. “Está bueno que los reclusos que van a trabajar en eso tengan un ingreso real”, señaló Canessa.
“Pueblo carcelario”.
Por el momento, las conversaciones están avanzadas para instalar la primera planta en la cárcel de Punta de Rieles, donde ya hoy los prisioneros desempeñan algunas labores. No obstante, las autoridades no descartan instalar más plantas en otros centros carcelarios.
Las autoridades del Ministerio del Interior consultadas afirmaron que ese centro es un lugar apropiado para llevar adelante el proyecto porque es de mínima seguridad, con lo cual no supone riesgos.
Ese centro de reclusión fue inaugurado en diciembre de 2010 con el objetivo de alojar a presos que muestran buena conducta y que no cometieron delitos graves; eso permite que las reglas de seguridad internas sean más flexibles que en otras cárceles.
Dentro del predio hay más de 30 emprendimientos productivos en los que trabajan cerca de 400 reclusos. También tienen gimnasio y un lugar para comprar comida. “Es casi un pueblo carcelario”, explicó a Búsqueda el director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera.
Según datos de esa Secretaría difundidos en diciembre, el 100% de las personas recluidas en Punta de Rieles estudian, trabajan o realizan ambas actividades.
Clasificación.
La Intendencia está impulsando desde hace un par de años la clasificación de los residuos en hogares y empresas. Instaló puntos de entrega voluntaria en 280 lugares de la ciudad (esperan que sean más de 350 al finalizar el periodo de gobierno) y contenedores herméticos con compartimentos separados para depositar residuos húmedos y secos. Además, intenta incentivar a las empresas e instituciones públicas a que adopten la clasificación de residuos.
El material valioso que recogen de estos puntos (plásticos, vidrios, papel, cartón) es luego trasladado a plantas donde se clasifica y se prepara para vender.
En la actualidad hay cuatro plantas de clasificación en funcionamiento, que fueron construidas en el marco de la Ley de Envases. Estas plantas emplean a decenas de clasificadores que antes trabajaban de manera informal.
La posibilidad de que los reclusos se sumen a la tarea de clasificación le permitiría a la Intendencia contar con más puntos a donde destinar los residuos reciclables. Las autoridades municipales esperan que la cantidad de residuos separados aumente progresivamente a medida que crezca la adhesión de los ciudadanos a la clasificación.
El objetivo de la comuna es destinar a las plantas que se construyan en las cárceles los residuos de instituciones y comercios que no pueden llevarse a las plantas de la Ley de Envases, que, de acuerdo con la ley, se encargan solo de residuos domiciliarios.
