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Si bien algunos residentes en Uruguay tienen dinero depositado en bancos en el exterior o poseen propiedades en Miami, por ejemplo, el país es un receptor neto de capitales. Por ello, es entendible que la Dirección General Impositiva (DGI) reciba más solicitudes de información fiscal de sus contrapartes extranjeras en los tratados de intercambio que las que hace.
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De hecho, hasta hace una década Uruguay tuvo muy pocos acuerdos de este tipo; luego de la crisis financiera mundial de 2008-2009 y bajo la presión de algunos países y grupos como el G-7, debió negociar más, a riesgo de ser sancionado. También desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se alentó ese impulso contra la opacidad fiscal internacional e instrumentos como el “secreto bancario”, que en el sistema uruguayo fue siendo erosionado en los últimos años.
El uso de los más de 30 tratados bilaterales de intercambio de información tributaria que tiene vigentes Uruguay varía año a año, aunque siempre son más los pedidos que recibe la DGI que los que hace –cuando así ocurre– la oficina recaudadora nacional. Esa tendencia se mantuvo en 2020, un año atípico para el funcionamiento de las economías –con recesiones que afectaron la recaudación tributaria– dado el contexto de la pandemia de Covid-19. Así surge de los datos aportados el martes 2 a Búsqueda por la Impositiva, a partir de un pedido de acceso a la información pública.
El año pasado a la DGI llegaron 26 pedidos de datos desde administraciones tributarias extranjeras, 12 referidas a personas jurídicas (empresas) y 14 a individuos. Los orígenes suelen repetirse: 13 provinieron de Argentina –de donde son la mayor parte de los depósitos de no residentes que tienen los bancos en Uruguay–; siete de España; dos de Bulgaria; y en todos los casos, uno de Colombia, Alemania, Ecuador y México.
“A la fecha, hemos brindado respuesta a 14 de dichas solicitudes”, otras 11 están “en curso” y uno de los “Estados requirentes” desistió de su pedido, contestó la DGI.
La cifra global de 26 se compara con una muy similar del 2019: 27. En ese año las solicitudes cursadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina habían sido una quincena.
Búsqueda también requirió la información referida a los pedidos que la DGI hace a organismos similares del exterior. Contestó que en 2020 envió tres, a España, Liechtenstein y Países Bajos, todos relacionados con personas jurídicas. Todavía espera por una respuesta.
En 2019 la administración tributaria uruguaya no había hecho ninguna solicitud de datos (Búsqueda N° 2.061).