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Durante algunas décadas, Uruguay tuvo firmados solo un par de acuerdos para intercambiar datos con administaciones tributarias extranjeras —de Hungría y Alemania— que ayudan a investigar casos de evasión, y a su amparo la Dirección General Impositiva (DGI) casi no recibía pedidos. Tras la última crisis financiera mundial gestada en 2007-2008, el país se vio forzado a suscribir más tratados de ese tipo y con contrapartes cuyos vínculos económicos fueran relevantes, por lo que el número de solicitudes de información trepó a cerca del centenar en años recientes, en especial los provenientes de Argentina. Pero en 2019 la cifra global cayó a 27.
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Así surge de las estadísticas proporcionadas a Búsqueda por la DGI en respuesta a un pedido de acceso a la información pública, que también incluyó las solicitudes de datos hechas por esa repartición a administraciones tributarias extranjeras con las que hay acuerdos de intercambio: el año pasado no cursó ninguna.
Históricamente, para algunos argentinos con altos patrimonios, Uruguay ha sido una plaza que ofrecía seguridad y discresión para poner sus capitales lejos del alcance del fisco de su país, ya sea a través de instituciones financieras —bajo la sombra del secreto bancario—, inversiones inmobiliarias o de otro tipo. Simultáneamente con la firma de más de 30 tratados bilaterales de intercambio de información tributaria, parte de ese esquema de opacidad se fue debilitando, al exigirse por ejemplo el registro del dueño y el beneficiario final de las sociedades anónimas. Sin embargo, Uruguay todavía recibe una puntuación intermedia —incluso más inclinada hacia el secreto total que a la transparencia plena— en la medición de la organización Tax Justice Network en la que evalúa a distintas jurisdicciones territoriales del mundo como conductos de los flujos ilícitos, cuya última edición se conoció la semana pasada. Entre los 20 indicadores que toma en cuenta, en lo que el país puntúa mejor es precisamente en materia de acuerdos bilaterales para intercambiar información y en el mecanismo para entregar datos bancarios de manera automática que puso en práctica en 2018.
Varios países africanos y asiáticos y algún sudamericano están entre los que tienen peor índice, aunque es en Islas Caimán, Estados Unidos y Suiza donde más dinero se oculta.
Tratados y su uso
Para Uruguay, la firma de un número creciente de acuerdos de intercambio de información fue más una imposición desde países poderosos —agrupados en el G20 o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos— que una decisión propia. De hecho, en abril de 2009, en Brecha, el hoy ministro de Economía saliente, Danilo Astori, decía que negociar un tratado con Argentina “sería un error mayúsculo desde el punto de vista de la presencia de capitales argentinos, sobre todo en zonas como Punta del Este, que experimentarían una corrida importante”. Según él, en Maldonado “son miles y miles de puestos de trabajo. ¿Cómo voy a comprometerlos?”. Pero, ante el riesgo de represalias económicas, el gobierno aceptó firmar con ese país un acuerdo, que por estos días cumple siete años en vigor. Ha sido, hasta ahora, el más utilizado de todos.
Según las estadísticas entregadas por la DGI, desde 2013 a 2019 la Administración Federal de Ingresos Públicos argentina le cursó 292 solicitudes de datos, de los cuales algo más de la mitad (54%) referían a personas jurídicas. Pero 145 no le fueron contestadas o lo hizo parcialmente, en general porque no fue probada la “previsible pertinencia o nexo con el país”.
El uso del acuerdo bilateral fue decayendo en los últimos años, tras el pico de 94 pedidos provenientes desde Argentina del 2016: hubo 22 en 2017, 16 en 2018 y 15 en 2019. A su vez, Uruguay se amparó en ese tratado por última vez en 2018, cuando envió tres solicitudes en el marco de investigaciones de presunta evasión por parte de personas jurídicas.
Sumando la quincena que llegó desde Argentina, el año pasado la DGI recibió en total 27 pedidos de información; tres de España, la misma cantidad de Francia, dos de Alemania y otros dos de Ecuador, uno del Reino Unido (relacionado con una persona física) y uno más de Ucrania (al que no contestó).
Pedidos
Si bien algunos residentes en Uruguay tienen dinero depositado en bancos en el exterior (poco más de US$ 6.000 millones a setiembre pasado, según el Banco Internacional de Pagos), el país es un receptor neto de capitales. Por ello, es entendible que la DGI reciba más solicitudes de sus contrapartes en los tratados de intercambio de datos fiscales que las que hace. La serie que le entregó a Búsqueda empieza en 2013; ese año la oficina recaudadora realizó un solo pedido, a España. En 2014 se dio el máximo (9), para luego intercalarse años con dos o tres solicitudes y otros sin ninguna, como el 2019.
De los 22 pedidos cursados entre 2013 y 2019, Argentina y Suiza fueron los que recibieron más (seis en cada caso). La DGI aclaró que para todos recibió la información desde las distintas oficinas impositivas.
