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A principios de 2019 el Ministerio del Interior lideró más de veinte allanamientos en Ciudad Vieja que terminaron con el cierre de la boca de venta de drogas más grande de la zona. Se ubicaba en una finca donde funcionaron los Juzgados de Crimen Organizado, en las calles Brecha y Buenos Aires, ocupada de forma ilegal. Semanas después otro operativo culminó con tres personas detenidas por comercializar pasta base en una construcción de tres pisos ubicada en San José y Florida, a solo una cuadra de la Torre Ejecutiva. A medio terminar desde hace años, era utilizada como vivienda por algunas familias y como boca por una pequeña organización delictiva. Situaciones similares se repiten en barrios de todo el país, con vecinos que denuncian a la Policía el uso de construcciones abandonadas para vender drogas o habitarlas ilegalmente.
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El Ministerio del Interior pretende solucionar parte del problema con un nuevo decreto que le permitirá a una de sus dependencias clausurar el acceso a esos lugares. “Cuando los servicios de la Dirección Nacional de Bomberos dispongan la evacuación total o parcial, con prohibición de reingreso, de personas que habiten construcciones que hayan sufrido deterioros donde exista peligro de siniestro o riesgo de derrumbes, que representen un peligro potencial para su estabilidad y habitabilidad, para la seguridad de la vida humana o la seguridad pública, se podrá proceder inmediatamente por parte de la referida Dirección Nacional a tapiar las vías de acceso a las referidas construcciones”, indica el documento firmado el miércoles 7 por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro Luis Alberto Heber.
El decreto justifica el accionar directo de Bomberos —que hasta ahora no estaba previsto legalmente— por la necesidad de “adecuar y coordinar” todas las acciones tendientes a la prevención e intervención de construcciones en donde existe peligro de siniestro o riesgo de derrumbes. Asegura que estas construcciones representan un peligro potencial para su estabilidad y habitabilidad y por lo tanto también “para la seguridad de la vida humana o de los bienes o la seguridad pública”. Habilita entonces a que Bomberos, que depende del Ministerio del Interior, prevea la evacuación total o parcial en este tipo de inmuebles con “prohibición de reingreso de personas de existir peligro de siniestro o riesgo de derrumbes”.
Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
La nueva disposición se apoya jurídicamente en la Ley Orgánica Policial, que atribuye a la Policía Nacional el cometido de proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. Aunque no está mencionado explícitamente en el decreto, fuentes del Ministerio del Interior señalaron a Búsqueda que con la acción directa de Bomberos se busca evitar que los edificios sean ocupados ilegalmente y se conviertan en base para el narcomenudeo u otros delitos.
El cambio estaba previsto en el artículo 65 de la Rendición de Cuentas, pero será retirado y quedará únicamente por decreto. En el proyecto de ley de la rendición se sustituye el artículo 20 de la Ley 15.896 de 1987, que regula las habilitaciones que otorga la Dirección Nacional de Bomberos. Esa regulación establece que cuando los servicios de Bomberos procedan a la evacuación total o parcial de un edificio lo pondrán en conocimiento inmediato de la autoridad judicial, policial o municipal competente, que será en adelante la responsable de la situación.
Más allá de autorizar a los bomberos a tapiar inmediatamente las vías de acceso de ciertas construcciones, el decreto los obliga a comunicarlo a las autoridades departamentales y municipales, policiales y judiciales competentes. En caso de haber menores de edad en los edificios clausurados, Bomberos tendrá que avisar al Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
