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    Interior planea llevar a un edificio a mujeres con custodia para disponer de más policías

    Buscando contar con más efectivos para dar la pelea en las calles contra la delincuencia, el Poder Ejecutivo analiza modificar el sistema de custodias a mujeres víctimas de violencia de género, dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior.

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    Una de las opciones a estudio es reunir a las mujeres que denuncian agresiones domésticas en un edificio proporcionado por el Ministerio de Vivienda, facilitando así su acompañamiento. Se entiende que el sistema actual de custodia está “afectando muchísimo” el accionar de la Policía, ya que hay alrededor de 500 oficiales dedicados al control permanente de las víctimas que no pueden destinarse para tareas de patrullaje o respuesta de emergencia, explicaron los informantes.

    Por otro lado, como tocado por el señalamiento de fallas en el accionar contra la delincuencia que realizó en El Observador el director nacional de Policía, Mario Layera, el Poder Ejecutivo hizo gestos y anunció nuevas medidas esta semana. De hecho, el asunto de la seguridad pasó a ser un tema central en la agenda del presidente Tabaré Vázquez en estos días.

    El mandatario visitó el lunes 21 el balneario canario de San Luis para dialogar con vecinos, preocupados por los frecuentes robos. Anunció la instalación de cámaras de videovigilancia, la extensión del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), el despliegue de la Guardia Republicana, la incorporación de 500 policías para el norte del país y el traslado de otros hacia las zonas de mayor conflicto con la delincuencia. Y el Ministerio del Interior prepara la compra de armas no letales, informó el miércoles 23 su titular, Eduardo Bonomi.

    Una de las opciones a estudio es reunir a las mujeres que denuncian agresiones domésticas en un edificio proporcionado por el Ministerio de Vivienda, facilitando así su acompañamiento.

    El martes 22 Vázquez encabezó un encuentro en Suárez y Reyes con autoridades de Interior y Desarrollo Social, de la Administración Nacional de Educación Pública, del Banco de Previsión Social y de la Fiscalía de la Nación, tras el cual se anunció la creación de un organismo central de coordinación. Se buscará “tensar al máximo las herramientas de combate al narcotráfico y el resto del crimen organizado”, señaló el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.

    En otro plano, ese mismo día la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó cinco de los 12 artículos del proyecto de ley que la semana pasada envió el Poder Ejecutivo para reformar aspectos del nuevo Código del Proceso Penal. El texto prevé dar mayores potestades a la Policía, limitar el beneficio de la libertad anticipada y establecer en forma obligatoria la prisión preventiva para reincidentes en delitos graves, entre otras cosas.

    El oficialismo y la oposición coincidieron en aprobar rápidamente el texto. De todas formas, la senadora Constanza Moreira (Frente Amplio) anunció que no acompañará varios artículos, porque en los hechos reinstala la prisión preventiva.

    La comisión votó otro proyecto para que el homicidio intencional no sea excarcelable.

    Mientras, el miércoles 23 integrantes del sector blanco Alianza Nacional lanzaron una campaña para juntar firmas con el propósito de plebiscitar en 2019 una reforma constitucional que permita sentenciar a cadena perpetua a quienes cometen delitos graves, entre otras cosas.