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    Inversión en investigación tiene un retorno efectivo medido en incremento neto de la productividad

    “Sembrar en investigación es cosechar en progreso”. Con esta frase se celebraban en 1989 los 75 años de la Estación Experimental La Estanzuela perteneciente al Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Böerger (CIAAB). Hoy, cumpliéndose un siglo de investigación agropecuaria, 1914-2014, con los 100 años de INIA La Estanzuela y los 25 años de aprobación de la ley de creación de INIA, “esta consigna parece estar más vigente que nunca”, afirmó a Campo Enrique Fernández, director del centro.

    Recordó que la creación de INIA, como nuevo instituto de investigación agropecuaria en el año 1989, “se da en un contexto institucional marcado por dos fenómenos relevantes” y destacó por un lado “la consolidación de las libertades democráticas y, por otro, la expansión de una corriente internacional de pensamiento en torno a nuevas formas de organización de la institucionalidad pública agropecuaria”.

    El director de La Estanzuela dijo que “durante la década de los 80, liderado por un grupo de técnicos del CIAAB, se inició un movimiento de concientización sobre la problemática —la crisis financiera, tecnológica y de capital humano— de la investigación agropecuaria”. Contó que este grupo de técnicos se movilizó y llegó a los sectores clave del país: el político y el productivo agropecuario. Fernández resumió las ideas fundacionales de INIA: “La cofinanciación, por un lado por parte de los productores y, por otro, por parte del Estado; la cogestión institucional, por parte del Estado y de los productores; la investigación dirigida por la demanda y no por la oferta tecnológica, asegurada a través de la participación de los productores en los Consejos Asesores Regionales y los Grupos de Trabajo técnicos; el modelo jurídico de figura pública de carácter no estatal; la limitación de las responsabilidades de transferencia tecnológica de la organización, y por último el mandato centrado en tres ejes: investigación agropecuaria, gestión del conocimiento de la ciencia y tecnología agropecuaria del país y articulación de la transferencia tecnológica con públicos y privados”.

    Impacto económico de la investigación

    Enrique Fernández se refirió a un estudio publicado a fines de 2011 por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) titulado “Evolución de los impactos económicos, sociales, ambientales e institucionales de 20 años de inversión e innovación agropecuaria por parte del INIA”, realizado por destacados técnicos.

    Dijo que el trabajo fue encargado a una consultoría externa e independiente por el propio Instituto, e hizo referencia al resumen ejecutivo del estudio donde se menciona: “Los resultados de la estimación muestran que la productividad global del sector agropecuario creció a una tasa del 2% anual entre 1980 y 2009, pero desde 2001, ese crecimiento se ha acelerado hasta alcanzar 4,5% acumulativo anual. Del producto bruto agropecuario actual, el 32% corresponde al crecimiento de la productividad ocurrido desde la fundación del INIA. Una fracción de ese 32% es efecto directo de la acción del INIA, otra fracción corresponde al resto del sector público, principalmente UdelaR, a la investigación del sector privado, cambios en infraestructura, aprovechamiento de economías de escala, mejoras en los sistemas de comunicación, y en los procesos de gestión, etc. Los resultados del modelo formulado estarían indicando que la inversión pública en I+D+i tiene un efecto significativo sobre el crecimiento de la productividad del agro. Para el período 1980-2009, se estimó que por cada 1% que aumenta el stock de conocimientos total, incluyendo INIA, UdelaR e IPA, la productividad agropecuaria crece 0.35%...”.

    El director de La Estanzuela resaltó que con relación al impacto de INIA, particularmente el estudio menciona: “…La inversión original en la creación del INIA aparece positivamente justificada, con una relación beneficio/costo que se estima en alrededor de 16:1, dependiendo de la tasa de descuento empleada. Por cada peso que representó el INIA en gasto público en I+D+i en el período de 20 años analizado, en promedio se obtuvieron 16,26 pesos de beneficio neto. Los 137.000 millones de pesos de beneficios brutos de la investigación de INIA son equivalentes al 11% del VBP agropecuario acumulado de los últimos 20 años. En la hipótesis de que el INIA no hubiese sido creado en 1990, y en cambio el CIAAB se hubiese mantenido, en términos relativos, con la misma asignación presupuestaria del MGAP de 1989, el VBP agropecuario acumulado en los últimos 20 años habría sido aproximadamente 11% inferior al efectivamente logrado...”.

    Comentó a Campo que en una segunda parte en relación con el impacto económico, el estudio analiza los principales cambios ocurridos en diferentes subsectores como la lechería, la agricultura de secano, los sistemas de rotación arroz-ganadería y la ganadería extensiva. “En casi todos ellos hay indicios claros de un impacto positivo de las acciones llevadas adelante por INIA a través del progreso técnico. Se verifica una importante contribución al incremento del valor de la producción en el caso de los sistemas lecheros y arroceros, un impacto variable en los diferentes cultivos componentes del conjunto de la agricultura de secano y un escaso cambio técnico en la ganadería extensiva”.

    Fernández dijo que este estudio no es el primero que el INIA encarga a expertos externos a fin de orientar sus objetivos estratégicos y de rendir cuentas a la sociedad de su inversión en la Institución. Todos ellos han tenido resultados en el mismo sentido, demostrando que la inversión que el país realiza a través de INIA en investigación, desarrollo e innovación tiene un retorno efectivo que se puede verificar a través de un incremento neto en la productividad del sector. Señaló además que adicionalmente el trabajo citado explora los beneficios obtenidos en los aspectos sociales y ambientales que constituyen elementos fundamentales en la mejora de la calidad de vida y sustentabilidad de los recursos.

    Organización institucional modelo

    Finalmente, dentro de los aspectos evaluados, resaltó que es ineludible la mención al modelo institucional y dijo que sobre este particular “INIA tiene un marco jurídico que, por sí mismo, ha sido una innovación institucional regional y hemisférica: recursos financieros asegurados para la I+D+i agropecuaria, aportados por los propios productores y por el Estado; un modelo de institución pública no estatal que asegura la cogestión institucional, y un mandato institucional claro y focalizado en la investigación, la gestión del conocimiento y la articulación de la transferencia tecnológica agropecuaria”.

    El director de La Estanzuela señaló que en 1914 el gobierno de la época entendió que el estancamiento de la producción solo podía ser abordado invirtiendo en investigación y generando tecnología y que así se fundó La Estanzuela. Luego, agregó, “paulatinamente creció la apuesta: nacen otras Estaciones Experimentales reconociendo la necesaria regionalización de la investigación, se funda el CIAAB como rama especializada del MGAP y posteriormente se crea el INIA como organismo cogestionado”.

    Para Fernández, “la trayectoria de la investigación en Uruguay ha sido una constante siembra que sabemos se ha constituido en factor de desarrollo; en definitiva, de progreso”.