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La subdirectora general de Salud Pública, María del Luján Giudici, enfrenta embargos millonarios por deudas con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI) como consecuencia de no pagar durante años los aportes e impuestos que le correspondían como propietaria de residenciales de ancianos.
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Giudici era dueña de dos geriátricos en Florida hasta que a mediados del 2018 los cerró después de acumular deudas con el Estado, según fuentes vinculadas a los emprendimientos, registros públicos y otros documentos analizados por Búsqueda.
El BPS decidió recurrir a la Justicia para conseguir cobrarle a la actual jerarca. El 30 de octubre del 2019 el Juzgado Letrado de Florida de 2º turno accedió a trabar un embargo genérico sobre la doctora por $ 3.016.281, según los registros públicos.
La deuda con el BPS, según los informantes, superaba la semana pasada los $ 5 millones.
La DGI recorrió un camino similar al del BPS. El 19 de diciembre del 2019, el mismo juzgado de Florida embargó a Giudici a pedido del fisco por $ 515.418.
De acuerdo con la información del Registro Nacional de Actos Personales, los embargos estaban vigentes hasta la semana pasada.
Además de esos reclamos, la jerarca está embargada por una deuda de $ 1.605.000 con el Banco de Desarrollo (Bandes) de Venezuela y otra con una extrabajadora que le reclama $ 99.945.
Amenaza
A medida que las deudas crecían, Giudici decidió cerrar los dos residenciales, uno de los cuales funcionaba en un local alquilado y el otro, llamado Luna Hermosa, en una casa a su nombre.
Pero no abandonó el negocio. En agosto de 2018 en la casa de su propiedad siguió funcionando el residencial Luna Hermosa, aunque a partir de ese momento propiedad de Merli S.R.L.
Giudici es directora técnica del residencial que funciona en su casa, pero no aparece como la propietaria.
Merli S.R.L. incurrió también en incumplimientos. La empresa solicitó en 2019 un plan de pagos y así hacer frente a una deuda millonaria, según fuentes de esa institución.
En 2018, cuando cerró sus locales, Giudici ya era coordinadora del Área de la Persona Mayor de la Intendencia de Florida.
Búsqueda consultó el miércoles 25 a Giudici, quien dijo que estaba solucionando el problema de los embargos y que era un tema de su “vida personal”. No permitió que se le hicieran preguntas y anunció que quien se contactaría sería su abogada Laura Peña.
Peña dijo que la información sobre los embargos es reservada y no son datos públicos.
Búsqueda le explicó varias veces que en el Registro Nacional de Actos Personales, de la Dirección General de Registro, se puede conseguir los montos de los embargos, el número de expediente, sede judicial que lo aprobó y también las partes que participan en el juicio. Por lo cual, la información sobre los embargos de Giudici es pública.
La abogada no quiso responder a preguntas vinculadas a los juicios. “Eso no se lo voy a contar porque no es información que yo le pueda decir ni que le competa. Lo único —hablándole bien, no hay afán de nada—: tenga cuidado con lo que publica, porque puede estar sometido a un juicio (…). Cada cual sabe lo que hace, cada cual sabe la información de dónde la saca, cómo la maneja, y es para lo único que yo estaba llamándolo”.
Y sobre el final, agregó: “Espero no tener que encontrármelo en el futuro”.
