Por la cantidad de postulantes que hoy en día aplican a algunos cargos públicos, la idea de que el Estado es un buen lugar para trabajar —retratada hace décadas en cuentos de oficina de Mario Benedetti— parece perenne.
La Oficina Nacional del Servicio Civil perfiló las renuncias a partir de 1.950 casos entre 2020 y 2024; en otro estudio constató que el “principal motor” del progreso en la carrera fue por la compensación especial, no por el ascenso como tal
Por la cantidad de postulantes que hoy en día aplican a algunos cargos públicos, la idea de que el Estado es un buen lugar para trabajar —retratada hace décadas en cuentos de oficina de Mario Benedetti— parece perenne.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAunque en los últimos años la plantilla pública se mantuvo más o menos rígida en algo más de 300.000 vínculos —entre funcionarios y otras categorías—, también hay quienes quieren irse. Entre 2020 y 2024, en la administración central —Presidencia y los ministerios— hubo 1.950 renuncias, un promedio anual de 390, y se dieron 3,4 veces más entre los no funcionarios que entre los que sí lo eran. Los profesionales representaron el escalafón con mayor proporción de renuncias (30,5%) y el Ministerio del Interior fue donde más hubo (20%).
Por otro lado, la mayoría de las renuncias correspondieron a mujeres (64%), y la edad promedio de los renunciantes fue de 36,2 años.
Esos datos surgen del estudio Rotación por renuncias en la administración central, elaborado por el Observatorio de la Gestión Humana del Estado, un área de análisis de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). La cifra indicada no es un total completo, ya que la investigación dejó por fuera escalafones muy numerosos —como policías y militares—, además de los de particular confianza, así como los vínculos de adscriptos, asistentes, voluntarios sociales, retirados policiales, arrendamientos de obra, docentes no escalafonados, reincorporados y reservistas. Tampoco tomó en cuenta aquellas renuncias de personas mayores de 60 años en vínculos presupuestados, contratos de función pública o permanente, provisoriatos, efectivos y contratos policiales, por entenderse que su salida del cargo podría ser para acogerse al derecho jubilatorio que no fueron registradas como tales.
El análisis, basado en estadísticas del software de gestión humana estatal, no profundiza en los posibles motivos de las renuncias.
El informe sobre las renuncias explica que, a diferencia de otras formas de egreso, como las jubilaciones, destituciones o fallecimientos, esa forma de salida implica una decisión voluntaria por parte del funcionario de interrumpir su vínculo laboral por “motivaciones individuales y organizacionales más que a factores normativos o biológicos. En particular, la renuncia refleja procesos de insatisfacción, búsqueda de mejores condiciones laborales o salariales, interés en acceder a nuevas oportunidades profesionales, e incluso necesidades vinculadas a la conciliación entre la vida laboral y personal”.
Estudiar las renuncias “no solo permite identificar perfiles y tendencias, sino también aportar insumos para el diseño de políticas públicas orientadas a retener talento, reducir desigualdades y garantizar la eficiencia en la gestión del empleo público”.
Como otros estudios previos de la ONSC, este nuevo análisis muestra que las renuncias se concentran en determinados escalafones y tramos etarios, lo que “sugiere que no se trata de un fenómeno aleatorio, sino asociado a características estructurales”.
Agrega que investigaciones sobre las diferencias salariales entre sectores públicos y privados en Uruguay encontraron que el Estado tiende a ofrecer “mejores condiciones relativas para trabajadores con niveles educativos bajos o medios, pero peores para profesionales universitarios, quienes encuentran mayores incentivos en el mercado privado. Esta brecha tiene impacto en la distribución de las renuncias por escalafón, donde los trabajadores profesionales concentran una parte significativa de los egresos. Estudios previos muestran que existen notorias disparidades salariales según organismo, lo que también opera como incentivo para la movilidad interna”.
Esas desigualdades en las remuneraciones está siendo analizado por las autoridades de la ONSC y pretende ser corregido en el marco de la discusión de las ocupaciones y una nueva carrera administrativa, luego de un intento de reforma en el gobierno anterior que quedó en letra muerta.
En 2020 y 2021 se dio la menor cantidad de renuncias, coincidiendo con la pandemia por Covid-19 y la “consiguiente contracción económica y poca disponibilidad de oferta de empleo”, interpreta el Observatorio.
Los años 2022 y 2023 concentran el mayor número de renuncias entre el universo de vínculos analizados, con 511 y 495 respectivamente.
La rotación por renuncias en todo el período analizado fue de un 9%, y un 1,8% como promedio anual.
Los organismos con mayor número de renuncias entre 2020 y 2024 fueron, además del Ministerio del Interior, Presidencia de la República (18%) y las carteras de Economía (12%) y de Desarrollo Social (12%).
En relación con la movilidad laboral, la mitad de los funcionarios que vuelven a ingresar luego de su renuncia a la administración central lo hicieron en el Ministerio de Economía, y el 83% de quienes reingresaron experimentaron un aumento salarial respecto a su vínculo anterior.
Otro estudio del Observatorio de la ONSC, también publicado en estos días, abordó la cuestión de la movilidad de personal en la administración central entre 2020 y 2025: la conclusión principal es que más de la mitad de las funcionarias y los funcionarios presupuestados (54,1%) tuvo algún tipo de movilidad en el período, y que el “principal motor” del progreso en la carrera fue el incremento en la compensación especial (40,1% del total). Los ascensos formales explicaron en un 9,4% los movimientos.
El 2024 concentró la mayor cantidad de ascensos, así como los niveles más altos de movilidad por rotación dentro del inciso y por cambio de escalafón.
El escalafón “administrativo” fue el que, considerando todo el período analizado, tuvo mayor proporción de ascensos.
Por incisos de la administración central, el estudio constató “marcadas heterogeneidades”, con los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores con los mayores niveles de ascensos, y otros —Industria, Energía y Minería, Transporte y Obras Públicas, y Salud Pública— que “no otorgaron ascensos, pero concentraron altos porcentajes de movilidad vía compensaciones especiales”.