Los días pasan y la denuncia no se concreta. Esa es la preocupación que tienen las autoridades del Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa) respecto a qué ocurrirá con las irregularidades detectadas en algunas obras realizadas en varios centros destinados a la atención de adolescentes presos.
Para los miembros del Inisa hay presuntos delitos que deben ser investigados por la Justicia. La semana pasada, autoridades de ese organismo plantearon este tema a integrantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con quien deben relacionarse jerárquicamente. De ese encuentro no quedó claro si desde el Poder Ejecutivo se hará la denuncia, dijeron fuentes del Inisa. Hasta el momento, tanto la ministra Marina Arismendi como las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), han señalado que si se observan irregularidades se hará la denuncia.
Pero esta denuncia “no se concreta”, dicen en el Inisa. Los informantes de este organismo aseguraron a Búsqueda que entre los directores hay acuerdo para presentar la denuncia penal correspondiente en caso de que el Mides o el INAU no lo hagan. Explicaron que ya tienen los elementos necesarios para ello, en especial una auditoría que detectó fallas en las obras realizadas en varios centros.
En el período de gobierno anterior, el Parlamento habilitó al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (hoy Inisa) a que contratara de manera directa por un valor de $ 400 millones a empresas para realizar una serie de obras que mejoraran la infraestructura de varios centros.
Los problemas de construcción se detectaron en el ex Batallón Nº 9, el Hogar Colibrí, el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) y el Centro de Ingreso, Estudio y Derivación (CIED).
Tresor, el consorcio Fedal y Calpusa fueron las empresas adjudicatarias para realizar las obras.
La Justicia ya está investigando estas obras debido a la denuncia del ex funcionario del INAU, José Cioli. En esa denuncia se pidió que se investigue al ex presidente del organismo, Javier Salsamendi, y al ex presidente del Sirpa, Ruben Villaverde.
El tema además fue planteado en el Parlamento. El 6 de julio una delegación del Inisa fue a la Comisión de Presupuesto y de Hacienda de Diputados en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.
Eduardo Katz, director del organismo, dijo que cuando recorrió el ex batallón, el Ceprili y La Tablada pudo “captar” que los tres centros “no cumplían con las condiciones adecuadas”.
“En cualquiera de los tres centros —en avenida Belloni, donde estaba el Batallón, en bulevar Artigas y Cufré, y en La Tablada, en un pequeño sector de lo que es el casco, no es donde estamos planificando construir— encontramos los mismos, diferentes o peores vicios de construcción. A mi criterio, no solo no cumplen con los requisitos mínimos indispensables para un centro de máxima o de mediana seguridad desde el punto de vista edilicio y programático, sino que ni siquiera sirven para una casa-habitación. Por ejemplo, el metal, que nosotros podíamos arrancar de las paredes, se doblaba, lo que indica que es hierro dulce. Materiales indestructibles no hay, pero las paredes deben tener determinada firmeza para que no se rompan; sin embargo, están hechas de hormigón, de relleno y hormigón, por lo que se pueden romper fácilmente y, de hecho, lo hicimos para corroborarlo. Imagínense qué no pueden hacer estos chicos con esas edades y energía física”.
Katz recordó que los actuales jerarcas no participaron “de la gestión anterior, ni de la construcción, ni del mecanismo por el cual se concedió la forma de contratación”.
“Si nosotros aceptábamos una situación de ese tipo, íbamos a continuar con algo que entendíamos debía transparentarse y estudiarse para ver qué fue lo que allí aconteció. Y debíamos desmarcarnos. Considero que cuando uno asume un cargo, asume una responsabilidad y si uno continúa con la responsabilidad anterior, sin desmarcarse, quiere decir que, de alguna forma, está aprobando lo que sucedió antes. Y en definitiva, esa no era mi voluntad”, señaló.
“La idea que tenemos es que esos centros que, en principio, nos fueron presentados como centros de máxima seguridad y que, obviamente, a la postre, resultaron que no lo son, que son de cartón, tengan una utilidad”, aclaró.
El 19 de julio, en la misma comisión, el director del INAU, Dardo Rodríguez, respondió a los dichos de Katz en cuanto a que se encontró una situación caótica. “Si lo que se heredó fue una situación caótica, imaginen lo que heredamos nosotros cuando asumimos (en 2010). En ese momento había 2.216 fugas por año, no había personal, había una verdadera crisis edilicia, ya que hacía veinte años que no había inversiones, había una presión social y política brutal sobre el INAU para que resolviera estos problemas”, afirmó. “La situación que heredaron las autoridades del Inisa el año pasado dista bastante de ser un caos”, agregó.
En cuanto a las denuncias de irregularidades en las obras de nuevos centros, Rodríguez dijo que si se confirman se irá a la Justicia. Además, aseguró que se demandará a las empresas por daños y perjuicios y no se pagarán los costos adicionales de obra.
Tras escuchar a las autoridades, el diputado Jorge Gandini (Partido Nacional) reclamó que se presente la denuncia. Dijo que si no la hacían las autoridades la haría él y aseguró que evalúa pedir una comisión investigadora.
Nuevo centro.
Las autoridades del Inisa tienen la idea de realizar un nuevo centro de atención a adolescentes infractores de la ley. Gabriela Fulco, presidenta del Inisa, dijo esta semana que el nuevo centro estará pronto a fines de 2017 y albergará a 200 personas. Con esta obra, se cerrará la Colonia Berro, informó. “Hoy tenemos 18 centros y ninguno de ellos reúne las condiciones para gestionar la situación de jóvenes” privados de libertad, afirmó Fulco.
El sistema tiene hoy 460 adolescentes presos, de los cuales 447 están en Montevideo y el resto en Lavalleja y Soriano.
El Inisa firmó un memorándum de entendimiento con la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Uruguay el martes 9. Este acuerdo busca capacitar personal, mejorar la gestión del sistema y ayudar en el nuevo diseño institucional, explicó Denise Cook, representante de Naciones Unidas. Cook señaló que es “elevado” el número de adolescentes presos y recordó que se han realizado “denuncias serias” sobre la forma en que son tratados.
A la vez, Cook destacó la energía y compromiso de Fulco y el resto del directorio del Inisa para realizar los cambios en la institución.
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