Juez antimafia se manifiesta en contra de las sociedades anónimas; son un “punto muy vulnerable” y “mayormente” se usan para lavar

El magistrado, que sustituyó el año pasado a la jueza Graciela Gatti, expuso en el Parlamento sobre los cambios que a su juicio es necesario introducir a la legislación y sobre algunos problemas que observa en la práctica con la normativa vigente.

“Aquí es donde veo que se dan, mayormente, las operaciones de lavado de dinero de las que habla la prensa argentina”, añadió el juez haciendo referencia al caso de presunto lavado de activos vinculado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que denunció el periodista argentino Jorge Lanata.

Valetti dijo que a este fenómeno “contribuyen muchos estudios contables” del país que se dedican a “fabricar” las sociedades.

“Lo puedo decir así porque fabrican cientos de sociedades anónimas y luego las venden a cualquier usuario. Nunca se va a ver a alguien importante al frente de esa sociedad. Son los empleados del estudio, que de repente ganan $ 20.000 o menos, los que figuran como titulares”, informó Valetti, quien investiga algunos de los casos más sonados, como el del ex tesorero del Partido Popular español, Luis Bárcenas, quien presuntamente lavó dinero a través de una sociedad anónima uruguaya.

El juez antimafia añadió algunos detalles de cómo funciona la operativa vinculada a la creación y venta de sociedades anónimas en Uruguay. “Voy a poner el ejemplo de una muchacha que figura en treinta sociedades anónimas, lo que no tiene el menor sentido”, apuntó.

“Ella ni siquiera conoce el giro de las sociedades anónimas. Ella firma porque simplemente se lo ordena el contador o contadora de la empresa”, afirmó.

“Eso es muy grave”, reflexionó Valetti, quien de inmediato añadió: “Los estudios contables no sólo ofrecen al cliente la sociedad anónima sino también la posibilidad de continuar con su administración. Entonces, aparecen como titulares empleados del estudio, los que no tienen la menor idea ni responsabilidad alguna y no los verdaderos agentes que, generalmente, están en el exterior. Esa es una preocupación muy grande y un punto vulnerable del sistema nacional que habría que ver”, sostuvo el juez.

Valetti agregó que “otro tema a tener en cuenta” es “todo lo atinente al sistema de zonas francas y al régimen portuario, en cuanto a los contenedores”.

“Todo eso es bastante problemático y pienso que por ahí hay grandes vacíos en nuestro sistema en lo que tiene que ver con el combate al lavado de activos”, opinó.

Un allanamiento realizado por la jueza Adriana de los Santos y por el fiscal Juan Gómez en colaboración con la Justicia argentina al Royal Bank of Canada (el principal banco de ese país y uno de los más grandes del mundo), ubicado en Zonamérica, desató en las últimas semanas una fuerte polémica en los operadores financieros y en el propio gobierno. El banco anunció su retiro del Uruguay y eso generó preocupación en el vicepresidente Danilo Astori, aunque fue festejado por el viceministro de Economía, Alejandro Antonelli. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y el titular de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, también respaldaron el operativo judicial y le quitaron dramatismo a la decisión del banco.

Exageración.

Con respecto a los déficits que existen en Uruguay en materia de control del lavado de dinero, el juez Valetti dijo que eso responde a una “exageración de parte del periodismo argentino”, que pretende crear “una falsa imagen de Uruguay como un paraíso fiscal”, aunque reconoció debilidades.

“Obviamente tenemos debilidades; no podemos engañarnos a nosotros mismos y decir que todo funciona perfecto”, dijo.

“Nosotros tenemos fronteras muy extensas tanto por tierra como por agua, con medios muy escasos, donde se hace difícil controlar, empezando por el contrabando. Si no podemos controlar el contrabando, ¿cómo podemos controlar que no pasen bolsos con dinero en efectivo, en lanchas, durante la noche, a lo largo del río Uruguay o a través de la amplia frontera terrestre con Brasil?”, preguntó. “Es imposible”, señaló.

Tampoco se puede controlar que llegue dinero en vuelos privados, dijo. “No quiero mencionar ningún caso concreto, pero últimamente se sabe que hay de estas empresas privadas de aviación que ni siquiera han reportado vuelos. Es de pública notoriedad. Entonces, ahí no se puede saber qué transportan”.

Para Valetti esto no quiere decir que los controladores, como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, hagan mal su trabajo.

“Ahora, ¿qué mecanismos tiene la UIAF para tener conocimiento de esto, si el agente privado o la entidad financiera no reportó la operación como sospechosa?”, inquirió el magistrado.