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La jueza penal Fanny Canessa condenó al ex procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, Gualberto Pérez Riestra, que había sido procesado a fines de 2010, como coautor de tres delitos de estafa. La sentencia definitiva de primera instancia fijó la condena al ex jerarca designado durante el gobierno de Tabaré Vázquez y a otros tres autores de estafas mediante la ejecución de conformes falsificados por ellos.
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La sentencia determinó una condena de tres años de penitenciaría para Pérez Riestra como coautor de tres delitos de estafa agravados en reiteración real, según el fallo del 30 de noviembre pasado al que accedió Búsqueda.
Pérez Riestra, que resultó procesado con prisión, cumplió un año, seis meses y cinco días de preventiva en Cárcel Central y fue puesto en libertad provisional en marzo de 2012.
La actuación de la Justicia había comenzado a raíz de la denuncia realizada por familiares de un matrimonio fallecido, que había dejado como herencia una propiedad en el barrio La Mondiola para la Fundación Peluffo Giguens.
La acusación a cargo de los fiscales Beatriz Scapucio y Luis Bajac concluyó que los ahora condenados habían montado un esquema para realizar estafas, para las cuales localizaban propiedades que se encontraran vacías y luego de una somera investigación falsificaban vales que ejecutaban en su contra.
Un allanamiento judicial realizado el 13 de setiembre de 2010 en el despacho del Procurador del Estado había permitido ubicar una serie de documentos probatorios de las estafas contra los dueños de varias propiedades, entre ellas la de una funcionaria de la misma oficina estatal que tenía problemas psiquiátricos.
La investigación de las cuentas bancarias y de las comunicaciones a través de teléfonos celulares entre los integrantes del grupo criminal, las pericias caligráficas, junto a las declaraciones de diversos testigos y a la colaboración de uno de los cuatro procesados permitieron a la Policía y a la jueza probar la existencia de al menos tres dolos.
“Progresista”.
El caso cobró notoriedad debido al cargo que ocupaba Pérez Riestra, un abogado que había realizado su carrera en la actividad privada, luego nombrado fiscal de gobierno y que, según el gremio de los fiscales, no contaba con los antecedentes profesionales para ocupar un puesto como del que fue investido, que actúa en los litigios contra el Estado.
“Confiamos en él. Nos alegramos que ocupe este cargo que trascenderá esta administración con lo cual es una responsabilidad grande. Se lo legamos a futuras administraciones y tenemos la tranquilidad de hacerlo a conciencia”, había afirmado la ministra María Simon el 26 de junio de 2009 en el acto en el que asumió el nuevo jerarca.
Cuando se produjo el procesamiento, todas las miradas cayeron sobre Simon, entonces subsecretaria de la misma cartera, y el ex subsecretario Felipe Michelini.
“Asumo mi sugerencia al entonces ministro Jorge Brovetto para ocupar la Fiscalía de Gobierno, pero en su designación como procurador del Estado no tuve nada que ver y de hecho yo era partidario de que se nombrara a un abogado con especialidad en Derecho Administrativo”, sostuvo Michelini consultado por Búsqueda luego del procesamiento.
Cuando se le preguntó de quién es entonces la responsabilidad de haberlo designado en ese cargo, Michelini contestó: “Es una decisión que tomó la ministra en acuerdo con el presidente”.
El semanario “Brecha” publicó entonces que la iniciativa para designar a Pérez Riestra había correspondido al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, líder de Alianza Progresista, sector al que pertenecía el ahora condenado.
Nin lo negó. “Todo esto es una historia inventada. Nunca jamás hablé con Tabaré por ese cargo. (…) Esto no es un cargo de confianza ni es un cargo político en el escalafón del Estado. (...) Quien propone esos cargos es el Ministerio de Educación y Cultura, que es de quien dependen. (…) Yo jamás participé, jamás intervine. Lo único que hice fue ir a la asunción porque efectivamente (Pérez Riestra) era un hombre vinculado a la Alianza Progresista. Ni siquiera militante, yo lo veía una o dos veces por año en el congreso de la Alianza, donde iban 500 o 600 personas”, se defendió, entrevistado por Radio Sarandí.
Por su parte, la Asociación de Fiscales del Uruguay emitió un comunicado en el que señala que Pérez Riestra “no integra ni nunca integró el cuerpo de Fiscales de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación”, porque “no ostenta la investidura como Magistrado del Ministerio Público” y puntualizó que para ser designado en ese cargo “no se requieren las exigencias constitucionales consagradas para la designación de los fiscales que integran el Ministerio Público”, pero que hasta el nombramiento de Pérez Riestra, en junio de 2009, el cargo había sido ocupado por fiscales de “larga y prestigiosa trayectoria”.
