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    Jueza realiza denuncia penal a una colega por presunta “obstrucción” en el desarrollo de una investigación que involucra a sus propios hijos

    La Suprema Corte de Justicia dispuso el inicio de una investigación administrativa ante versiones encontradas

    Lo que parecía ser una disputa por la sucesión de un inmueble, derivó en una denuncia penal y otra ante la Suprema Corte de Justicia de la jueza Fanny Canessa contra su colega Alicia Moré por “obstruir” una investigación por la presunta usurpación de un apartamento cometida por sus hijos.

    Pero eso fue solo el principio. Además de la denuncia a Moré, los ministros de la Corte tienen en sus despachos una contradenuncia que presentó la jueza laboral en la que cuestiona a Canessa y al actuario de la sede, César Mononi, a quien acusa de haber intervenido como escribano en una cesión de derechos de promitente comprador con relación a ese inmueble.

    Ante las versiones encontradas, la corporación dispuso el inicio de una investigación administrativa a cargo del ministro de Tribunal de Apelaciones Penal William Corujo.

    A su vez, Moré interpuso una recusación contra Canessa por entender que la jueza penal prejuzgó en el caso que involucra a sus hijos y que le tiene animosidad. Ese recurso fue rechazado por Canessa y elevado a un Tribunal de Apelaciones Penal para que decida.

    Peripecias.

    Según la contestación a la recusación presentada por Canessa, a la que accedió Búsqueda de fuentes que recibieron el material, en horas de la tarde del 12 de marzo de 2013 falleció en el sanatorio del Casmu una mujer que ocupaba un apartamento en un edificio ubicado en la calle Acevedo Díaz. Esa misma noche personas que dijeron ser sobrinos de la difunta cambiaron la cerradura del apartamento y se apropiaron de las pertenencias que había en su interior, lo que motivó una denuncia de la persona que cuidó a la mujer enferma en sus últimos días de vida.

    Al principio la jueza Canessa creyó que se trataba de un diferendo por los bienes muebles y dispuso que la denunciante y los denunciados concurrieran a un centro de mediación, según el relato de la propia magistrada. Sin embargo, el 15 de abril cuando tuvo toda la documentación a disposición, resolvió el inicio de una investigación criminal en el entendido de que podía haberse producido el delito de usurpación.

    En su denuncia, Canessa dice que después de la declaración de las denunciantes, el juzgado hizo reiteradas citaciones a un joven que los testigos señalaron como uno de los participantes del cambio de cerradura, sin que el involucrado concurriera a declarar.

    “Pero ya en ocasión de la primera citación llamó al juzgado su madre identificándose como jueza letrada y preguntándole a una de las actuarias las razones por las que había sido citado su hijo (señal de que había recibido la citación)”, relata.

    Como el joven no concurrió hubo otra citación por parte del juzgado a la que el denunciado tampoco asistió. Su madre, la jueza Moré, anunció telefónicamente que no vendría por que estaba en Paysandú.

    En razón de eso, la jueza penal dictó una orden de captura contra el joven, la que no se pudo cumplir. De acuerdo con la descripción de los hechos que hace Canessa, el Departamento de Operaciones Especiales “da cuenta de las peripecias sufridas por los funcionarios policiales, por parte de la doctora Moré, que desconoció la validez de la documentación judicial que se le exhibió y siempre obstruyó la labor policial”.

    “Posteriormente (Moré) concurrió una tarde al juzgado y sin anunciarse irrumpió intempestivamente en mi despacho cuando estaba hablando con la Policía y como el actuario de la sede le dijo que debía retirarse (del despacho) y esperar afuera, se ubicó en el lugar donde esperan los declarantes manifestándole a la actuaria adjunta que no se iría hasta que la suscrita la atendiera”, continúa. “Obviamente que ante esa presión manifestada a la actuaria no la atendí, sino que me retiré”.

    “Griterío”.

    El 5 de agosto, las denunciantes ampliaron la información y pocos días después el portero del edificio afirmó en la sede judicial que el 24 de julio no solo vio a los hijos de la jueza cambiando la cerradura, sino que la propia doctora Moré estuvo en el edificio.

    “Al día siguiente volvieron los hermanos y la doctora Moré, subieron y se quedaron aproximadamente una hora en el apartamento y se retiraron”, contó el testigo. El 30 de julio, llegaron los hermanos en un camión, se llevaron objetos y trajeron otros, continúa el relato.

    “Con todos estos datos y sabiendo que no concurrirían a declarar los hermanos se da la orden a la Policía de allanar el domicilio de los involucrados y conducirlos a declarar”, explica Canessa.

    “Una vez en el Centro de Instrucción Criminal mientras atendía otro caso, comienzo a escuchar un griterío que llamó la atención a todas las personas presentes, lo que motivó que el actuario a mi solicitud ingresara en el box donde declaraba uno de los hermanos con la doctora Moré actuando en calidad de defensora, circunstancia que hizo calmar los ánimos”, prosigue.

    Sin embargo “apenas se retiró el actuario, los gritos de la doctora Moré se reanudaron a mayor volumen aún, por lo que salió la receptora con los nervios totalmente alterados y manifestó que la doctora Moré no paraba de gritarle, no la dejaba interrogar, contestaba por el hijo y que no podía soportar más semejante destrato”.

    Más adelante Canessa expresa: “Al revisar las actas advertí que aparentemente la doctora Moré también habría estado implicada en el hecho por penetrar al apartamento y hacerse presente después que cambiaron la cerradura, por lo que entendí que era incompatible eso con el ejercicio de defensa de su hijo (y) por resolución designé al defensor de oficio de turno”.

    Búsqueda se comunicó con la doctora Moré para conocer su punto de vista sobre estos hechos pero la magistrada prefirió no realizar ningún comentario al respecto.