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Cuando empiece a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en julio de este año, habrá un cambio radical en la forma en que se juzgan los delitos. La reforma fue pensada para darles más garantías a los indagados, ya que buena parte de los operadores del sistema coinciden en que el proceso penal actual viola los derechos humanos.
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Los sospechosos tendrán derecho a un abogado desde el momento en que son detenidos, la prisión preventiva dejará de ser la regla, con lo que se evitará que las personas vayan presas sin estar condenadas —hoy más del 60% de los presos no tienen condena—, y el proceso dejará la oscuridad de las oficinas y de los expedientes secretos y pasará a ser oral y público.
Además, el viejo sistema inquisitivo, que cayó en desuso en gran parte del mundo pero que se mantiene vigente en Uruguay, se sustituirá por uno acusatorio, donde serán los fiscales, y no los jueces, los responsables de investigar.
Pero todos esos cambios solo aplicarán al proceso penal de los adultos. Los menores de 18 años que cometen delitos tienen otro sistema —regulado por el Código de la Niñez y la Adolescencia— y continuarán siendo juzgados con un proceso inquisitivo, sin las garantías que se darán a los criminales adultos.
Por esa razón, cuando el Parlamento retome su actividad luego del receso, el Poder Judicial y la Fiscalía presentarán un proyecto para reformar el proceso penal adolescente y ponerlo a tono con los avances que tendrá la Justicia de los mayores.
“Es un cambio importante, pero la realidad es que si creemos que el sistema acusatorio es mejor, y que brinda mayores garantías, y el Estado se lo va a brindar a los adultos, con más razón debería de brindárselo a los adolescentes”, dijo a Búsqueda Graciela Gatti, ministra del Tribunal de Apelaciones penal de 1er turno y coordinadora de la implementación del CPP.
Gatti explicó que la idea es que a los procesos de adolescentes se les aplique “un sistema similar” al que regirá para los adultos. “Habría que partir del CPP y hacer las adaptaciones necesarias para que pudiera funcionar adecuadamente para un proceso de adolescentes”, sostuvo.
“Es una aspiración del Poder Judicial”, afirmó. “Estamos en una etapa de análisis. Todos quienes participamos en las comisiones de coordinación entre la Fiscalía y el Poder Judicial estamos de acuerdo con que hay que hacerlo. Ahora tenemos que ver si el Parlamento está de acuerdo, porque es quien tiene la decisión”, añadió.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se ha referido en varias ocasiones a la necesidad de que se reforme el proceso penal adolescente. “No tendría ningún sentido tener para los menores un proceso menos garantista que el de los adultos”, dijo a Búsqueda. “Es imprescindible desde el punto de vista normativo y filosófico”, consideró.
Por otra parte, si no se armonizan ambos sistemas, “habrá dificultades de funcionamiento”, señaló. Es que, por ejemplo, en una rapiña cometida por menores y adultos, tendría que aplicarse un sistema acusatorio para unos y uno inquisitivo para otros. “Sería absurdo trabajar de ese modo”.
Dijo también que la reforma no implicaría grandes costos, ya que los delitos de los menores son un porcentaje pequeño del total de los casos.
“Hay un consenso generalizado sobre el tema, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. No tiene sentido no hacerlo y pienso que no habrá dificultades para aprobarlo”, evaluó.
Ajustes.
La reforma del proceso juvenil no es la única propuesta que la Justicia llevará al Parlamento. Es que también se deberán realizar algunos “ajustes” al CPP antes de ponerlo en marcha. “Se van a requerir ajustes legislativos, porque tenemos algunos problemas que son casi insolubles”, dijo Gatti.
A fines de noviembre se creó una comisión interinstitucional integrada por la Fiscalía, el Poder Judicial, el Parlamento y el Ministerio del Interior, para trabajar en conjunto en la puesta en marcha del CPP. El plan original era presentar el proyecto en conjunto entre el Poder Judicial y la Fiscalía, pero ahora se buscará tratarlos en esa comisión más amplia y presentarlos desde ese ámbito, dijo Gatti.
“El código fue cambiando desde que lo pensaron originalmente, a cómo salió del Parlamento, y a cómo terminó con las reformas que salieron este año. Por eso hay que ajustarlo”, afirmó. “No sería un proyecto muy pretencioso, no es un nuevo código y no cambia las estructuras procesales, sino simplemente normas de ajuste”, añadió.
La magistrada expuso algunos ejemplos: cuando se redactó el nuevo código, el proceso abreviado (previsto para situaciones poco complejas en las que el fiscal acuerda con el defensor y se evita ir a juicio) no existía, pero la Ley Nº 19.436 que se aprobó posteriormente lo incorporó. “Entonces, hay un artículo en el código que dice que para poder dictar sentencia tenés que tener la certeza de que la persona es culpable. Pero en el proceso abreviado, no hay certeza, sino un acuerdo. La persona reconoce su responsabilidad pero no se diligenció prueba. Si mantenés esa norma vigente, no podes dictar sentencia de condena porque no tenés certeza procesal”.
También se está trabajando en proponer cambios en lo relacionado con los menores víctimas de abuso sexual, porque hay normas que contemplan cómo se debe tomar la declaración para evitar la revictimización y “no están debidamente recogidas en el código”, dijo.
El Poder Judicial y la Fiscalía propondrán también que se adapten algunos institutos del nuevo código para los procesos que están en trámite hoy (y que seguirán bajo el proceso penal actual). Por ejemplo, el proceso abreviado o los acuerdos reparatorios, dijo Gatti.
Se requieren a su vez ajustes vinculados a la organización de la oficina judicial. “Para poder crear la oficina penal centralizada en Montevideo, hay que redefinir las funciones de los actuarios y establecer cuál es la función del director de esa oficina, que será elegido por sus méritos como administrador”, explicó.
