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En decenas de despachos de legisladores, en escritorios de abogados y jueces, en divisiones jurídicas, y en carpetas en manos de la división de crimen organizado de la Policía hay documentos relacionados con UTE. En los últimos meses la empresa estatal de energía se vio vinculada a diversos casos que trascienden su órbita ordinaria: una sucesión de denuncias penales, impugnaciones y acusaciones cruzadas la han puesto en el ojo de la tormenta y hoy se enfrenta a una investigación judicial y otra interna por presuntas irregularidades en al menos cinco de sus principales licitaciones de los últimos años.
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El último caso refiere a una denuncia del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, por corrupción en una millonaria licitación para el mantenimiento de centrales eléctricas que involucra a un ex director y varios jerarcas (Búsqueda Nº 1.685). En una derivación de esta denuncia, la Justicia especializada en crimen organizado investiga por qué el ex vicepresidente de UTE Pedro de Aurrecoechea omitió declarar su vínculo con la empresa Ciemsa SA —que contrata con el ente estatal— a un comité interno de la compañía eléctrica.
De Aurrecoechea fue indagado porque una licitación para el mantenimiento de las centrales térmicas por U$S 7 millones abierta en 2011 fue adjudicada en 2012 a Ciemsa SA, de la que el ex jerarca posee el 4% del paquete accionario.
El caso llevó a que la petrolera estatal Ancap pusiera en stand by un contrato que Gas Sayago (empresa encargada del proyecto de la planta regasificadora de la que posee el 50%) tenía con CSI —la consultora de Ciemsa SA— hasta que no se “aclaren” las denuncias presentadas. (Búsqueda Nº 1.686)
Declaración e implicancia.
Según dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas a la investigación, la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Adriana de los Santos solicitaron a UTE todas las licitaciones que hayan sido adjudicadas al consorcio Ciemsa-CSI en la administración pasada y en el actual período. Además, las magistradas requirieron cualquier otro tipo de documentación que pueda considerarse relevante para la investigación.
En ese contexto, la Presidencia de UTE envió al juzgado una cantidad de carpetas con documentos entre los que se incluye la declaración que De Aurrecoechea formuló en el “Comité de Implicancias” de la empresa. Ese comité se encarga de evaluar si existen incompatibilidades entre los funcionarios y sus vínculos (o el de sus familiares) con empresas privadas. En base a ello informa al Directorio de la compañía estatal.
En la declaración que De Aurrecoechea formuló en ese comité el 29 de agosto de 2005 no figura ningún vínculo con la empresa Ciemsa, si bien él mismo declaró a la prensa que tiene un porcentaje minoritario de acciones en esa empresa.
La declaración fue llenada a máquina de escribir con letra imprenta mayúscula. Allí figuran todos los datos de De Aurrecoechea.
Del otro lado del documento se aclara cuál es el alcance de la declaración. Textualmente dice: “El suscrito, cuya identificación luce anteriormente, declara bajo juramento (subrayado en el original): 1) Que tiene conocimiento de lo establecido en los artículos 25 a 30 del Decreto N 30/003 de 23 de enero de 2003 y artículo N 239 del Código Penal transcripto al pie del presente formulario. 2) En la hipótesis prevista en el artículo 29 del decreto 30/003 se detallan las personas físicas y jurídicas con las que el funcionario tiene alguna relación personal o la tienen sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad o su cónyuge, las que han contratado, contratan o proyectan hacerlo o son contratadas o mantienen vínculos de cualquier clase con el organismo en que revista”.
A continuación existen tres campos que deben ser llenados si existe algún tipo de vínculo: “Persona Física o Jurídica”; “Carácter de la vinculación del Declarante con la Persona Física o Jurídica”; “Ubicación jerárquica del vínculo en la Persona Física o Jurídica”.
Estos tres campos aparecen tachados con una raya, indicando que De Aurrecoechea no tiene nada que declarar en ellos.
Luego aparece un campo destinado a “Observaciones”, que también está en blanco, y otro en el que se pide un “Pronunciamiento del jerarca respecto a la eventual incompatibilidad”, en el que tampoco figuran comentarios.
Luce sí la firma de De Aurrecoechea y su aclaración de firma.
Al final del documento se transcribe en letra pequeña el artículo 239 del Código Penal (que tipifica la “Falsificación ideológica por un particular”): “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, presentare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.
El hecho de que esa declaración esté en blanco generó sorpresa en diversos operadores, que señalaron que el jerarca es habitualmente una persona “muy prolija”. De hecho, según fuentes consultadas en UTE, De Aurrecoechea nunca ocultó su vínculo con Ciemsa en los pasillos de la empresa. Las fuentes señalaron también que en la declaración formulada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública presuntamente esa vinculación sí está declarada.
Las fuentes indicaron que la Justicia tratará de determinar ahora si se trata de una omisión menor o si eso puede tener algún tipo de reproche penal.
Consultado por Búsqueda, De Aurrecoechea dijo que declaró de esa manera porque “esos cuadros se llenan si uno está en actividad” en una empresa privada pero que “la participación accionaria no es considerada actividad”.
“No lo puse ahí pero sí lo dije en la comisión anticorrupción”, agregó.