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El suscrito abogado, Dr. en Diplomacia y profesor José Antonio Loinaz Barbosa, CI 2.646.957-1, con Antel 4442 2905, e integrante suplente de la Comisión Directiva de la Asociación de Afiliados a la Caja Profesional Universitaria, expresa que:
No se precisa ser adivino, únicamente con ser una persona con un mínimo de sentido común y de conocimiento en materia de seguridad social, para pronosticar que la Caja Profesional Universitaria desaparecerá del mapa de pasivos del Uruguay, salvo que se vayan urgentemente los nefastos y desastrosos integrantes del actual directorio de la citada Caja, o sea, estamos alertando, con suficiente antelación, de una auténtica muerte anunciada, de un instituto que fuera modelo ejemplar en materia jubilatoria en las doradas décadas pasadas.
La actual y dramática situación económica de la Caja Profesional es consecuencia directa de una pésima gestión directriz que ha llevado a que ochenta mil profesionales declaren no ejercer debido a que no hay una acción efectiva de fiscalización sobre la declaración de no ejercicio a la liviandad con que se aceptan declaraciones retroactivas que dejan sin efecto las deudas generadas, a la inoperancia que se muestra en relación a la aplicación a la ley que permite el bloqueo de las cuentas bancarias de los deudores, o sea, una grave morosidad y como consecuencia de ello ha provocado un déficit de setenta millones de dólares, que llevará a que la Caja, si sigue por ese camino, fatalmente desaparecerá, para los próximas generaciones de profesionales del Uruguay. Ello es plenamente reconocido por la Comisión Asesora y de Contralor de la Caja Profesional, en informe del 26 de mayo próximo pasado, siendo de destacar que dicha Comisión, por así disponerlo el art. 33 de la Ley orgánica 17.738, tiene a su cargo el contralor del Directorio de la Caja, es honorario y tiene la mayor representación democrática, en tanto está constituido por representantes de todas las gremiales, cuyos miembros están a filiados a la Caja.
En definitiva, para salvar a la Caja Profesional se debe hacer todo lo diametralmente opuesto a lo recién referido, o sea, se debe lograr que los ochenta mil profesionales omisos en declarar el ejercicio de su profesión lo hagan; en fiscalizar debidamente sobre la declaración de no ejercicio de su profesión, tomando como ejemplo lo que hace en materia tributaria la Dirección General Impositiva, que aplica a rajatabla el art. 380 de la ley Nº 19.090, numeral 8, que habilita legalmente trabar embargo sobre los deudores profesionales omisos en pagar sus tributos, y que todos los nuevos profesionales, mediante una eficaz e inteligente campaña nacional de concientización resuelvan aportar como corresponde a derecho, sus tributos, para poder jubilarse al fin de su carrera activa profesional.
Para completar su pésima gestión, el actual Directorio de la Caja, con el único voto discordante del Dr. Hugo de los Campos, en su calidad de director en representación de los jubilados resolvió en sesión del 22 de junio de 2016 (acta Nº 145), no renovar el Adicional de la tasa de Remplazo; cesar la Compensación de Salud y su Complemento, y dejar sin efecto la Compensación de fin de año. Con ello los jubilados y pensionistas profesionales, que son si duda la clase más perjudicada del Uruguay, recibe un nuevo y durísimo mazazo que se suma a los despojos del IASS, y del Fonasa, al verse recortadas ilegal e injustamente sus menguadas pasividades que ahora, dicha pérdida económica pasa a superar largamente dos meses enteros de sus haberes jubilatorios, o sea, a partir del fatídico 22 de junio de 2016 los pasivos de la Caja Profesional en lugar de cobrar enteramente los doce meses de la pasividad, pasamos a percibir efectivamente, después de pagar el IASS, el Fonasa, y los “regalos” pecuniarios recibidos por la Resolución de la Caja antes referida, menos de diez meses de haberes jubilatorios.
Difícil de encontrar en el Uruguay de hoy un caso tan escandaloso y deshumanizado de despojo material a una clase social que es la de los jubilados, totalmente desprotegida en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos, quedando en la total deriva, y solo librado a la buena de Dios.
Para completar esta increíble crónica, cabe agregar dos perlas más a la increíble trayectoria que viene transitando la actual Caja Profesional: la primera, que tiene un gerente general que percibe un salario mensual de $U 379.791, a lo que se suman $U 94.948, por objetivos cumplidos, lo que suman una remuneración mensual total de $U 474.439 o sea, aunque parezca de Ripley, dicho funcionario de la Caja gana muchísimo más que el presidente de la República, y la segunda perla proviene de un informe brindado recientemente nada menos que por la propia Caja Profesional, en el cual se expresa, léase bien, que en el año anterior 2015, un superávit de $U 1.310.336.986, que sigue y aumenta el superávit del año 2014, de $U 1.023.003.633, y a lo cual se agrega que la Caja Profesional cuenta con millonarias inversiones de altísima rentabilidad en inmuebles urbanos y rurales, como ser la comercialización de la Torre de los Profesionales y de los campos dados en arrendamientos ganadero, forestal y venta de montes en pie, según el acuerdo firmado con Forestal Oriental en marzo del 2012, por lo cual se cobró un total de U$S 2.801.755,27; y a lo cual se agrega nada menos que el reconocimiento público de la propia Caja que actualmente cuenta con alrededor de 55.000 aportantes, que según los estudios tienen una morosidad del 1,5%, siendo que la gran mayoría de ellos nunca se ha atrasado en el pago de sus obligaciones y que hoy la Caja paga prestaciones a tan solo 15.000 jubilados y pensionistas.
A manera de conclusión debo manifestar que el único camino que nos queda a los jubilados y pensionistas de la Caja Profesional es el que adoptó acertadamente nuestra Asociación de Afiliados a dicha Caja que es la de iniciar el reclamo legal y judicial correspondientes, que es lo que se está tramitando actualmente con el asesoramiento de ilustrados abogados.
Y a manera de mi humilde apoyo a esta valiente campaña gremial contra la maldita resolución del 22 de junio próximo pasado, voy a proponer en la Comisión Directiva de nuestra Asociación, se inicien las acciones legales y pertinentes para hacer responsable a la Caja del daño causado a terceros, que en el caso concreto de autos, somos todos los jubilados y pensionistas de la Caja, y que deberá repetirse contra los seis directores que votaron la citada Resolución, porque obraron con culpa grave e intención, y a la vez, como dentro de los seis directores de la Caja, hay dos que están en representación del Poder Ejecutivo, por lo tanto, los perjuicios a los jubilados y pensionistas son responsabilidad de este gobierno. Dicha proposición cuenta con el respaldo nada menos que de los ilustres juristas en materia de seguridad social, los Dres. Hugo de los Campos y José Pedro Gianero, ver al respecto las páginas 8 a 11 y 22, de la revista de la Asociación de Afiliados a la Caja Profesional Universitaria Nº 286, del mes de setiembre 2016.
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