La Caja de Profesionales evalúa posibles cambios para garantizar viabilidad financiera a largo plazo

Por ello, contó Olivera, su directiva solicitó estudios de consultoría. En la primera parte del trabajo presentada en marzo —a la que accedió Búsqueda— se hizo un diagnóstico del modelo vigente. Para principios de setiembre se espera tener pronta la segunda parte, que consiste en un planteo de alternativas para mejorar el modelo del organismo, por lo menos en una fase “embrionaria” para continuar profundizando, aclaró.

Ese año la CJPPU tuvo ingresos operativos por unos U$S 200 millones y egresos por U$S 190 millones.

Problemas y alternativas.

“La Caja adolece, con sus particularidades, de algunos temas que hoy en el mundo están en el tapete”, dijo su presidente.

El primero es el aumento de la expectativa de vida, que es mayor entre los profesionales que en la sociedad en general y obliga a pagar prestaciones por más tiempo. Luego se da la feminización del trabajo, que es un problema en tanto que el porcentaje de las mujeres que se declara en libre ejercicio profesional es menor al de los hombres. Y por último, el porcentaje de trabajadores de las nuevas profesiones que ejercen libremente es menor al de las demás. Los afiliados que realizan una declaración jurada de no ejercicio no deben efectuar aportes.

Según proyecciones, la relación entre los activos y pasivos pasará de 6 en 2001 a 4,8 en 2040.

Las alternativas son amplias, según Olivera. A modo de ejemplo, explicó que pueden implicar desde mantener el modelo actual ajustando algunos parámetros (edad de retiro, tasa de reemplazo, etc.), incorporar elementos de ahorro individual o pasar a cuentas nocionales, una forma mixta que combina el esquema de capitalización en la forma de cálculo, pero los beneficios del régimen de reparto.

Para ser considerada, cualquier alternativa debe cumplir con ciertas premisas “indeclinables”, dijo. La primera es la de sostenibilidad, para que se esté respetando “un compromiso intergeneracional que es central en seguridad social”. También se tienen que preservar los “derechos adquiridos” y los principios de equidad en el aporte y en la prestación, de solidaridad interna y con la sociedad en su conjunto, agregó.

En el estudio se hace una revisión de la normativa actual y se presentan algunos “puntos de articulación con las alternativas teóricas” como nociones preliminares. En ese marco, se afirma que es “esperable” que un “incremento de la edad mínima de retiro” integre “el elenco de alternativas” y se maneja la posibilidad de contemplar de alguna manera la maternidad. Otro aspecto “que deberá estar presente en cualquiera de las alternativas de rediseño” es el estudio de cambios en el cálculo del sueldo básico jubilatorio y aumentar las prestaciones por enfermedad “parece central”. De mantener los aportes a base de fictos, “cabría analizar” el establecimiento de más categorías o revisar el lapso de permanencia en cada una, se afirma.

En el estudio se señala que es “poco probable” que la regulación que habilita al directorio a brindar ajustes superiores al mínimo, adelantos y asignaciones extraordinarias, se “pueda mantener”, y se agrega que asociada a la misma está “buena parte de las dificultades financieras existentes en el mediano plazo”.

Personalmente, Olivera considera que el abordaje de estos temas precisa de “un proceso democrático profundo” y declaró manejar la posibilidad de convocar a un plebiscito entre todos los profesionales “que quieran participar” en la adopción de alguna alternativa.

Por lo pronto, una vez conocido el resultado de nuevos cálculos de proyección financiera, la CJPPU convocará a las gremiales universitarias para dárselos a conocer a sus autoridades, anticipó.