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“Abusos y excesos”. Son palabras que en la tarde del martes 1º se escucharon en el Senado. De esta manera, los legisladores se refirieron a la situación producida con aquellos funcionarios públicos que han utilizado el mecanismo de las licencias médicas para faltar de manera sistemática al trabajo. El problema, según los senadores, no es solo de esos funcionarios, sino también de los jerarcas encargados de controlar y los médicos que aprueban certificaciones.
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En el Presupuesto hay cinco artículos que regulan las licencias médicas de los empleados estatales. El nuevo régimen establece que los funcionarios —como en el sector privado— no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días. A partir del cuarto, recibirán un monto equivalente al 75% de su salario. No obstante, se establecen excepciones: tendrán derecho a percibir un subsidio del 100% de su salario cinco días el primer año, acumulables tres días por año, y en caso de estar hospitalizados también cobrarán el 100%. Este régimen comenzará a aplicarse el 1º de abril de 2021. Además, se crea una comisión que trabajará en el tema.
Los artículos generaron un largo debate entre oficialismo y oposición.
Daniel Olesker (Frente Amplio) dijo que su partido no apoyaba esas medidas porque “igualan para abajo”, hacen “pagar a justos por pecadores” y son normas “perjudiciales para los trabajadores”.
Jorge Gandini (Partido Nacional) explicó que se está ante un “problema”, ya que la administración no controla los “abusos y excesos” de algunos funcionarios. Señaló que hay empleados que conocen los “rincones y las grietas” del sistema para saber “colarse”, “abusar del Estado y de sus compañeros” no yendo a trabajar.
El senador blanco cuestionó además a esos médicos certificadores que con su “sola firma aseguran que un funcionario deja de ir a trabajar”. Por eso, destacó que en el proyecto se establece que las licencias deberán ser certificadas por un médico del organismo o del servicio en el que se atiende.
También se le pedirá al Banco de Previsión Social que cruce información para confirmar cuándo una persona está certificada en el empleo público, pero, si se desempeña en la actividad privada, trabaja.
“Hay funcionarios que se toman licencia médica por 87 días, tres días antes de que se cumpla el plazo para ir a la junta médica. Hay que terminar con eso”, dijo Gandini.
Amanda Della Ventura (Frente Amplio) opinó que con esta medida se plasma el “rechazo en general a los empleados públicos”. Advirtió que perjudicará a los trabajadores que tenían derechos adquiridos. Consideró que son “los menos” quienes utilizan mal las licencias. Afirmó que la “gran responsabilidad” es del cuerpo médico que otorga licencias cuando no debería.
El blanco Sebastián da Silva dijo que es momento de “ponerle el cascabel al gato” a uno de los puntos “más injustos que existe en la República”.
“Esto lo voto a desgano”, dijo, y expresó su deseo de haber ido más a fondo en el tema.
El colorado Tabaré Viera, en tanto, señaló que la “primera responsabilidad” es de “quien debe controlar” estas situaciones. Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) aseguró que todos están “cansados” de ver estos “abusos” en la función pública.
Con los votos de la coalición, se aprobó además el polémico artículo cuarto del proyecto referido al ajuste salarial para los funcionarios públicos. El Poder Ejecutivo plantea que esa pérdida sea recuperada en los años siguientes, pero la medida no es aceptada por la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), ya que se dará una pérdida real de salario en el período.
El proyecto fue aprobado en la noche del miércoles 2 en el Senado y volverá a Diputados para que lo sancione de manera definitiva el viernes 8.
Publicidad
El último artículo del proyecto causó polémica entre distintas organizaciones. A instancias del senador blanco Sergio Botana se aprobó una norma que establece que el 20% de la publicidad oficial de alcance nacional deberá destinarse a medios de comunicación del interior del país.
El artículo fue rechazado por la Asociación de Agencias de Publicidad (Audap). Su presidenta, María José Caponi, dijo que la medida no es justa ni eficiente. Afirmó que en el interior del país no hay mediciones de mercado para asignar la publicidad.
En tanto, las organizaciones de medios del interior del país señalaron como un avance el artículo. La iniciativa constituye “solo un primer paso de un proceso” que debe llevar hacia una “asignación justa, eficiente y eficaz de la publicidad oficial”, dijo la Organización de la Prensa del Interior (OPI). La organización dijo además que tiene “información confiable” sobre su tiraje, que supera a lo que imprimen los medios nacionales ubicados en Montevideo. Además, cuarto organizaciones de medios del interior emitieron un comunicado que rechaza las críticas de Caponi.
