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Desde hace semanas, todo el Uruguay viene siguiendo con diferentes grados de interés y preocupación el conflicto que enfrenta a los trabajadores de la Compañía del Gas con su patronal, la brasileña Petrobras. Se trata de un contencioso que ha arrastrado a otras partes en su telaraña (como la Dirección Nacional de Trabajo, la Federación Ancap, el PIT-CNT, etc.).
Pero lo triste del caso es que para estos actores todo gira sobre lo que está ocurriendo en Uruguay, negándose a ver una realidad que tiene su origen en el exterior, que sus consecuencias son globales, y que en el conjunto del tema nuestro pequeño mercado interno no merece mayor atención.
Vamos a los hechos internacionales. Durante los años de gobierno del PT en Brasil, Petrobrás, junto con Oderbrecht y su filial OAS, fueron las mayores fuentes de corrupción del país, con actos que llevaron a la condena de 12 años de cárcel para un expresidente (Luiz Inácio Lula da Silva) y un proceso pendiente aún de definición para su sucesora (Dilma Rousseff). Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, el actual mandatario, Jair Bolsonaro, anunció que en caso de acceder a la presidencia habría de privatizar muchas empresas estatales, entre ellas Petrobras.
Y lo está cumpliendo. La gran petrolera brasileña ya vendió su gran refinería de Pasadena, EE.UU., junto con otros activos que poseía sobre el golfo de México de ese país. Vendió los depósitos de refinados que poseía en los puertos de Singapur y Rotterdam (los dos principales centros de venta de combustibles para barcos del mundo). Vendió sus cadenas de estaciones de servicio y redes de distribución en Chile, Argentina, Colombia y Ecuador. Devolvió al gobierno las cadenas de distribución de petróleo y gas natural que tenía en Bolivia (el recurso natural ya había sido nacionalizado por Juan Evo Morales en su primer mandato). Tiene a la venta en Brasil ocho refinerías con sus correspondientes cadenas de distribución, cuatro campos activos de extracción off-shore frente a Río de Janeiro y otros cuatro campos aún en prospección frente a Pernambuco. Acordó vender a Standard Oil Company su parte de los campos off-shore en Guyana, y a Chevron su cadena de estaciones de servicio en dicho país. Dentro de ese panorama, ¿qué significado puede tener Petrobras Uruguay?
La empresa ya anunció que se va del país, y a la luz de lo que está ocurriendo con Petrobras en el mundo, es casi un hecho que ocurrirá. Sin embargo, los actores involucrados en el conflicto siguen buscando una solución por el camino equivocado, negándose a ver la realidad. Y el principal responsable de que esto esté sucediendo es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que pretende componer lo irreparable.
No se puede pedir objetividad al sindicato del gas ni al PIT-CNT (que parecen vivir aún en la era geocéntrica), que se niegan a ver la realidad. Pero sí se lo debemos exigir al gobierno, quien tiene la obligación de asegurar el suministro del bien público (en este caso: el gas) a la población. El gobierno debe adelantarse a los hechos. Debe hacer un ejercicio de futurología y comenzar a planificar cómo se logrará la continuidad del servicio de abastecimiento de gas sin la presencia de Petrobras, sin que signifique la estatización de la Compañía del Gas (lo que en el fondo pretenden muchos sindicalistas, el sueño uruguayo de ser empleado público).
Estamos en un año electoral y buena cosa sería para el partido de gobierno encontrar una solución realista a este contencioso. Debo reconocer que yo no tengo idea de cómo se arregla este conflicto, pero a mí no me pagan un sueldo por hacerlo, y a los gobernantes sí les pagamos (y muy bien) para que tengan imaginación y tino, y con reconocimiento de la realidad mundial encuentren una solución satisfactoria para la mayoría de los involucrados (trabajadores y usuarios del servicio).
