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Cinco personas concurrieron a las oficinas de la Dirección General Impositiva (DGI) el viernes 6 para aclarar inconsistencias en el pago de tributos por sus sociedades offshore. Fueron las primeras citaciones realizadas a partir de la información que ese organismo recaudador obtuvo de estudios uruguayos que trabajan con el bufete panameño Mossack Fonseca mencionados por Búsqueda en base a los documentos conocidos como los “Panama Papers”.
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En las inspecciones que hicieron a mediados de abril, la DGI recibió datos de más de 3.000 personas físicas. A partir del análisis de esa información empezó a citar a contribuyentes vinculados a sociedades anónimas constituidas en el exterior, ante indicios de evasión en el pago del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas por ganancias obtenidas fuera del país. Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que los controles y las citaciones seguirán en las próximas semanas.
Varios de los estudios jurídicos que fueron inspeccionados por la DGI manifestaron al Colegio de Abogados “preocupación” por los operativos, informó a Búsqueda su presidente, Eugenio Xavier de Mello. Mucha de la información divulgada a partir de los “Panama Papers” refiere a “hechos neutros desde el punto de vista moral y jurídico”, opinó Xavier de Mello. Por ejemplo, “cuando se trata de estudios que se limitan a asesorar a un cliente que quiere adquirir una sociedad anónima”. “Podría tratarse entonces en alguna medida de ‘fishing expeditions’ (expediciones de pesca), para ver si se encuentra algo”, opinó.
“Pero lo que más nos aflige es que según se nos denuncia, en los operativos suele reclamarse información claramente amparada por el secreto profesional. No discutimos la tarea de las autoridades de investigar ilícitos tributarios, pero a veces no se tiene en cuenta que en las carpetas y computadoras de los estudios hay información altamente confidencial sobre los clientes, que está protegida por el secreto profesional. Hay funcionarios que no tienen presente esta situación y presionan hasta límites inconvenientes, vulnerando la reserva entre el abogado y su cliente, cuando ellos tienen el deber de respetar ese privilegio”, afirmó.
Escribanos.
Por su parte, la Secretaría Nacional Antilavado comenzó a fines de abril a fiscalizar el cumplimiento a la hora de reportar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales a los sujetos obligados del sector no financiero. Ese grupo incluye, entre otros, a los casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores y explotadores y usuarios de zonas francas.
Para la primera etapa de fiscalización, la Secretaría eligió a 10 escribanos que intervinieron en operaciones a partir de las cuales sus clientes “resultaron procesados” por lavado de activos o asistencia al lavado de activos, según información del organismo de contralor. También fueron citados escribanos “cuyos clientes comparecieron en calidad de indagados en expedientes en los que resultaron procesamientos por dichos delitos”.
La Secretaría creó un cronograma de fiscalización después de que entró en vigencia la Ley de Presupuesto, en la que se le otorgaron mayores potestades para combatir el blanqueo de capitales.
El presidente de la Asociación de Escribanos, Antonio Sarachu, dijo a Búsqueda que la agremiación trasladó a la Secretaría la “inquietud” de varios colegas porque “se les había pedido demasiada información” y porque “el trato no había sido el adecuado para un profesional que está brindando colaboración”.
“Está claro que nosotros como sujetos obligados tenemos que cumplir la ley y por tanto no estamos negando la solicitud de información. Lo que pasa es que hay zonas grises donde nosotros no estamos de acuerdo con que se nos pida más información. Entendemos que no debemos dar más información de la que tenemos: no somos pesquisantes o investigadores policiales”, dijo Sarachu. “Hay zonas grises y hay que tratar de ajustarlas”, afirmó.
Por otra parte, señaló que los escribanos “están tomando conciencia de que el control ahora es real”. La Secretaría “está empezando a funcionar efectivamente y eso se nota. Cuando se empiezan a hacer controles efectivos, hay que acomodar un poco el cuerpo. El escribano y todos los sujetos obligados vamos a tener que ir acostumbrándonos a que tenemos que colaborar y brindar información”, afirmó Sarachu. “No hay mal que por bien no venga”, añadió. “Uno tiene que tener clara conciencia de la realidad de lo que está pasando alrededor, uno tiene que prevenir y nosotros tenemos una parte importante en eso”.
