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En estos días hemos escuchado el intercambio de una serie de calificativos entre las gremiales agropecuarias y el director de la Dirección General Impositiva, Cr. Pablo Ferreri, en relación con los controles que esta unidad ejecutora realizará a empresas agropecuarias.
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Intercambio de adjetivos que tienen relación con las tareas de esta oficina recaudadora en diferentes puntos del país, para fiscalizar a grandes empresas agropecuarias.
La DGI tiene esa tarea y la debe cumplir. Permanentemente, en las leyes de Presupuesto y Rendición de Cuentas se le disponen más normas para cumplir mejor con sus cometidos. Siendo, en muchos casos, un exceso de facultades, pudiendo interpretarse que muchas de ellas vulnerarían derechos individuales del contribuyente.
El sector agropecuario siempre ha sido fuertemente controlado. Esto lo dejo bien claro para aquellas personas —muy urbanas en sus análisis— que desconocen cómo es la operativa del sector más pujante de la economía del país.
Desde que nace un ternero, se cargan las primeras toneladas de cereales, se extrae el primer litro de leche, se da a conocer el estado de situación de los establecimientos. El sector agropecuario siempre ha estado controlado. Todo lo que comercializa tiene que declararse desde hace años y es imposible comercializar nada de lo que se produce fuera de los procedimientos establecidos.
Es más: todos los años se realiza una declaración jurada del establecimiento, donde se debe declarar semovientes, categorías, inmueble, en calidad de qué se posee, mejoramientos, hasta los perros y disponibilidad de agua. Cada año se le agregan más preguntas, en las que el productor debe ser preciso en las respuestas.
Todos estos datos el Estado los tiene. La DGI, con las demás instituciones —de acuerdo a las nuevas tecnologías—, cruza datos y tiene una radiografía completa de la actividad.
En otras actividades pueden existir posibilidades de operativas que puedan evitar los caminos marcados por nuestro ordenamiento jurídico. En el campo eso es imposible.
No voy a tener en cuenta las declaraciones que efectuaron los dirigentes gremiales; cada uno utiliza los medios que considera adecuados en defensa de quien representa. Lo que es una verdad absoluta es que gran parte del crecimiento económico del país se debe a la carne, los cereales, la leche, la madera, todos productos del sector primario del país. Como consecuencia, el aporte a la caja del Estado es realmente importante. De estos once mil millones de dólares de gasto presupuestal anual, gran parte se lo debemos al campo y a las agroindustrias.
El vicepresidente Astori agregó a la discusión algunos elementos que —según él— son ideológicos o culturales. En primer lugar, me parece muy agresiva la nota, fuera del tono al que el señor vicepresidente nos tiene acostumbrados. Dividiendo al país entre los que defienden a los humildes y los egoístas que no quieren compartir la prosperidad.
Este razonamiento es más propio de los gobernantes vecinos, que han llevado una lucha permanente con el sector productivo, que de un gobernante uruguayo.
Poniendo a los productores rurales como los “malos de siempre” que no quieren pagar impuestos, que tienen ideas regresivas y han sido intocables.
Señor vicepresidente: usted sabe que el agro es de los sectores más controlados de la economía. No dividamos al país y menos se generalice, porque aunque le guste o no al gobierno, el crecimiento del país se sustenta con el sector agropecuario y en la medida en que al mismo le vaya bien, a los uruguayos de a pie les va a ir bien.
No defiendo a nadie en particular; trato de informar a la ciudadanía para que conozca más acerca de un sector fundamental en la vida del país, que no es el de las 4x4, con veraneo en Punta del Este, sino del que tiene que arriesgar todos los días a cielo abierto, tratando de hacer mejor las cosas y ser eficiente, porque si no, se lo lleva la corriente y el fisco.
