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Un hombre violó y golpeó a su pareja. Luego de que esta lo denunciara, la Justicia intervino y él terminó reconociendo los hechos. A cambio de su confesión, la Fiscalía acordó pedir una pena más benigna: tres años y ocho meses. Sin embargo, según informó Subrayado el domingo 12, el hombre no fue a prisión, ya que el acuerdo —resuelto mediante un proceso abreviado— dispuso que la condena se cumpla bajo “libertad vigilada”.
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Este tipo de acuerdos entre fiscales y delincuentes, que a veces derivan en penas de prisión muy breves o hasta inexistentes para crímenes graves como el abuso sexual, han generado alarma en la población, al punto que los legisladores decidieron aprobar modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) para evitar negociaciones demasiado benévolas.
La preocupación también llegó a la Fiscalía General. Por eso, además de la nueva legislación que se aprobó días atrás en el Parlamento, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, propondrá una nueva instrucción general que impida negociar penas sin prisión para los delitos sexuales.
La propuesta que Díaz presentará en estos días al Consejo Honorario de Instrucciones Generales —que aprueba las pautas de actuación para los fiscales— busca evitar que se apliquen penas sustitutivas a la prisión, como la libertad vigilada, en determinados delitos cuya persecución se considera de “interés público”. Entre ellos figuran los delitos sexuales, la tortura, la trata, el narcotráfico, la corrupción.
La medida, que busca endurecer las sanciones a los delincuentes en el nuevo proceso penal, también plantea que no se pueda aplicar la suspensión del proceso (cuando se imponen al imputado determinadas condiciones a cambio de evitar la condena) para los delitos sexuales y otros graves.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, propondrá una nueva instrucción general que impida negociar penas sin prisión para los delitos sexuales.
Además de restringir esos institutos, previstos en el nuevo CPP, la instrucción redactada por Díaz impide que los responsables de determinados delitos acumulen beneficios. Es decir, si acuerdan una pena más benigna con la Fiscalía, luego no podrán acceder a la libertad anticipada o descontar días de prisión por trabajo o estudio.
“La pena que acuerden será la que deberán cumplir, sin posibilidad de reducirla con otros institutos”, explicó el fiscal de Corte a Búsqueda. “No queremos acumulación de beneficios”.
La Fiscalía también pretende establecer nuevas condiciones para las medidas cautelares. Busca, por ejemplo, que se unifiquen criterios entre los fiscales para que se pida prisión preventiva cuando se trate de delitos cuya persecución sea de interés público.
Otra instrucción general será dictada sobre ese punto, en la que también se planteará que las medidas alternativas que se dispongan —como la concurrencia periódica a una comisaría, o los trabajos comunitarios— tengan relación con el delito cometido y contemplen la situación del imputado.
“A una persona sin domicilio, que vive en la calle, no se le puede pedir determinadas medidas”, ejemplificó Díaz. “Queremos que las medidas tengan sentido y se piensen para el caso concreto”, añadió.
Puede y debe actuar.
El nuevo proceso penal ha recibido críticas desde distintos ámbitos por ser demasiado benévolo con los criminales. Los últimos datos divulgados por el Ministerio del Interior no ayudaron. En los primeros seis meses del año los homicidios aumentaron 66,4% respecto al mismo período de 2017, las rapiñas 55,8% y los hurtos 26,9%, según datos del Observatorio de Criminalidad y Violencia del ministerio.
En los primeros seis meses del año los homicidios aumentaron 66,4% respecto al mismo período de 2017, las rapiñas 55,8% y los hurtos 26,9%.
El ministro Eduardo Bonomi le echa la culpa al nuevo sistema y habla de un “efecto noviembre”, por el mes en el que comenzó la reforma. Uno de los reclamos es que el sistema actual “ata las manos” de la Policía, que ahora debe trabajar como auxiliar del fiscal y tiene menos autonomía.
Aunque desde la Fiscalía niegan que eso sea así, para despejar dudas Díaz propondrá una nueva instrucción general dirigida a la Policía. En ella se deja establecido que los policías “pueden y deben iniciar de inmediato la investigación de un crimen o delito sin necesidad de orden fiscal”. Además, especifica en qué casos sí se requiere autorización del fiscal o del juez, y cómo debe proceder la policía al detener a una persona, registrar vehículos o interrogar detenidos.
Pasó la tormenta.
Hace poco más de nueve meses que está en marcha el nuevo proceso penal y para la Fiscalía General es el momento de implementar medidas para ajustar su funcionamiento. Es que, según Díaz, lo peor ya pasó. A pesar de un comienzo difícil, la reforma logró resistir. El barco atravesó una “tormenta perfecta” y siguió a flote.
“Se tuvo la firmeza de mantener el rumbo, a pesar de los vientos en contra, pero a la vez tuvimos la flexibilidad de hacer los cambios necesarios”, afirmó Díaz. Ahora, “navegando en aguas menos turbulentas”, es necesario tomar medidas para mejorar y consolidar el nuevo sistema, añadió.
Se prevé la creación de 49 cargos de abogados para apoyar el trabajo de los fiscales, y se crearán algunas sedes nuevas en el interior.
Junto a las nuevas instrucciones generales, que unificarán el accionar de los fiscales en temas sensibles para la población, los recursos extra que se obtendrán con la Rendición de Cuentas permitirán reforzar el trabajo de algunas sedes.
Se prevé la creación de 49 cargos de abogados para apoyar el trabajo de los fiscales, y se crearán algunas sedes nuevas en el interior. Además, con la exclusión de la Fiscalía de los procesos de prevención de violencia doméstica, una tarea que se acordó quitar de la recientemente aprobada “ley de género”, habrá seis sedes que serán destinadas a otras áreas. El objetivo es sumar más fiscalías dedicadas a investigar delitos sexuales, y crear una segunda Fiscalía de Homicidios y otra de Delitos Complejos.
