La IM quiere flexibilizar las jornadas laborales para promover la inclusión de personal con discapacidad

Es por eso que la comuna se propone hacer un censo para identificar a esta población. Así, espera determinar cuál es su situación respecto al cumplimiento de la ley que fija que al menos 4% de los funcionarios de las oficinas estatales deben ser personas con discapacidad. La mayoría de los organismos públicos están lejos de cumplir con esa cuota.

La dificultad radica en que su presencia implica la adecuación del espacio de trabajo. Por ejemplo, una de las 20 personas que ingresaron en el último llamado para personas con discapacidad necesitó que se le adjudicara un baño para su uso exclusivo, debido al riesgo de contraer infecciones.

Pero también hay casos, como los individuos con problemas psicológicos, que no pueden cumplir con la misma carga horaria que el resto de los funcionarios. Por eso, el Servicio de Salud Ocupacional debe determinar un plan de trabajo especial, en régimen de excepcionalidad.

“Hay una persona que debe tomar medicación cada cuatro horas en su domicilio y luego volver a trabajar. Por lo cual formalmente nosotros estábamos incumpliendo la carga horaria que establece la intendencia para los funcionarios, ya que no cumple con las seis horas”, explicó Brenta. Para el jerarca, ese tipo de casos abre un debate acerca de cómo y de qué forma deberían establecerse normas flexibles que permitan lograr una real inserción laboral de las personas con discapacidad.

“Si el Estado realmente quiere tener una política de incorporación de personas con discapacidad, debe determinar herramientas para adecuar el funcionamiento del funcionario en la institución, que le permita ser útil para el organismo y para sí mismo”, opinó.

Con ese espíritu, desde la comuna se proponen elaborar una norma que sirva como precedente, para que luego pueda ser tomada como modelo y extendida a todo el Estado.

“La idea es generar un mecanismo que permita, a través de un informe médico del servicio de salud de cada organismo del Estado, establecer la carga horaria adecuada para una persona con discapacidad y otorgarle a la administración la potestad de establecer cargas horarias diferenciales, porque si no, nuestra política de ingreso de personas discapacitadas es una farsa”, evaluó Brenta.

En la última Rendición de Cuentas la intendencia envió a la Junta Departamental una norma donde proponía la implantación de un régimen especial para funcionarios con discapacidad. La iniciativa fue aprobada pero la comuna luego no elaboró una propuesta concreta. Tiempo después, creó un grupo de trabajo bipartito con el cometido de estudiar y proponer la reglamentación de un régimen de trabajo especial.

Ahora, tras contar con un primer informe, la intendencia decidió mandar a la Junta una norma que regirá sobre los funcionarios que ya desempeñan tareas en la IM y los que vendrán.

La idea es que luego se analice la situación de los funcionarios que tienen una discapacidad adquirida a lo largo de su vida laboral y luego la de los funcionarios con hijos o familiares a cargo con discapacidades.

Resultado

Entre las propuestas planteadas, el grupo de trabajo sugiere que los funcionarios que hayan ingresado por concursos especiales se registren antes de fin de año en la Comisión Nacional de Discapacidad, para que la administración pueda identificarlos. Ademas, propone “ajustar el estatuto del funcionario para lograr un desarrollo laboral satisfactorio e igualdad de oportunidades”, y recomienda que por un plazo de seis meses, prorrogable a 12, los funcionarios puedan tener una reducción de la jornada de trabajo, comenzando con dos horas e ir incrementándolo hasta llegar al régimen normal.

Además, propone flexibilizar el horario de trabajo a través de la asignación de un código de presentismo que permita cumplir con la carga horaria diaria sin un horario fijo —es decir, que las 30 horas semanales puedan ser distribuidas como el funcionario necesite—. Y también entiende conveniente considerar la asignación de una jornada de trabajo fraccionada, dependiendo de la situación particular de cada persona, así como aumentar la cantidad de horas permiso que se le otorgan al mes.

“Proponemos modificar el estatuto para que se puedan establecer estos nuevos mecanismos en función de los informes médicos correspondientes, de forma que la administración tenga potestades para adecuar”, dijo Brenta. Esto, agregó, se debe a que entienden necesario cumplir con la ley y están convencidos de que tomar funcionarios con discapacidad con un régimen horario que no se adecue a sus patologías es en la práctica “como jugar a la mosqueta”.