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El exterior del edificio donde funcionó el Servicio de Información y Defensa durante la última dictadura (1973-1985) permanece incambiado. Dentro, una serie de reformas modernizaron la construcción, para que las 30 personas que hoy forman parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) puedan trabajar más cómodas. Se instalará, además, un museo de la memoria.
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Atrás quedaron las primeras reuniones —a mediados de 2012— en un pequeña sala del edificio de la Comisión del Parlamento o luego en un apartamento ubicado frente a la plaza Independencia, que se alquiló viendo las ofertas del Gallito Luis, el suplemento del diario El País.
Las mudanzas son reflejo del camino que debió recorrer una institución que comenzó “desde cero” para consolidarse. Sus primeros cinco años de existencia demandaron “mucho tiempo” para realizar “actos de gobierno y administración”, explicaron dos de los cinco directores del organismo a Búsqueda. La realización de concursos para contratar funcionarios, fundamentalmente técnicos especializados en la temática, insumió gran parte del trabajo, recordaron Mariana González y Juan Faroppa.
Dejar de ser una institución “montevideana” para llegar al interior del país y comenzar una campaña de difusión sobre los alcances del organismo, son algunos de los desafíos del nuevo directorio —que será elegido por el Parlamento en agosto—, según coincidieron en señalar sus actuales integrantes y algunos de los candidatos a ocupar los cinco cargos principales.
La INDDHH se creó a fines de 2008. Tiene como cometidos la defensa, promoción y protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el Derecho Internacional. Puede sugerir correctivos a acciones que violen los derechos humanos y realiza recomendaciones, que no son vinculantes.
La INDDHH es como un “poder moral”, dijo González, directora del organismo, que dejará el cargo una vez que nombren a su sucesor y volverá a dedicarse por completo a la Facultad de Ciencias Sociales. Pero para tener ese “poder moral”, agregó, hay que “tener legitimidad” y eso “te lo tenés que ganar y lleva tiempo”.
Las organizaciones como la INDDHH no tienen poder de sancionar sino de recomendar. “No tiene sentido poder sancionar. Las instituciones de derechos humanos en todo el mundo tienen competencias diferentes y hasta complementarias con el Poder Judicial”, dijo el director Juan Faroppa. A diferencia de González, Faroppa está en carrera para repetir otro período en la institución.
Este tipo de instituciones “buscan resolver rápidamente una presunta vulneración de un derecho; ayudar al Estado a corregir errores”, explicó Faroppa. “No busca responsabilidades individuales. Si le das contenido obligatorio, perdería la naturaleza de defensoría del pueblo y se crea una especie de Poder Judicial paralelo que sería inconstitucional”, añadió.
Candidatos.
Una comisión especial de la Asamblea General comenzó a estudiar a los 17 candidatos a ocupar los cinco cargos del Consejo Directivo de la INDDHH. De arranque se bajó a uno de los candidatos, Romero Rodríguez, presentado por Mundo Afro, debido a que no cumplió con uno de los requisitos: no ocupar un cargo de confianza o electivo en los dos años anteriores a la designación. Rodríguez tenía un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El viernes 14, la comisión entrevistó a los restantes 16 candidatos. Entre algunas organizaciones sociales existe la duda de si todos los candidatos cumplieron con los requisitos para presentarse. Según la ley de creación de la institución, los candidatos a ocupar el Consejo Directivo deben ser propuestos por organizaciones sociales. Luego agrega que “los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos”. Hay organizaciones sociales que entienden que la ley no habilita a los legisladores a presentar candidatos, una idea desechada por los propios parlamentarios. Hay seis candidatos que fueron presentados, además de por organizaciones sociales, por legisladores.
Mariana Blengio y Juan Martín de Posadas tienen el respaldo de representantes del Partido Nacional; Sebastián Camacho del Partido Colorado y el Frente Amplio, Gustavo Espinosa del Partido Colorado, Marcos Israel y Patricia Peralta del Frente Amplio.
La designación no es sencilla. Más allá de quién presentó a cada candidato, el partido se define en el Parlamento, donde conseguir el respaldo de las bancadas es imprescindible. En una primera ronda de votación, los integrantes de la institución necesitan el voto de dos tercios de la Asamblea General. Si no se alcanza ese nivel, se vuelve a votar 20 días después y esta vez el mínimo es la mayoría absoluta.
Futuro.
¿Qué desafíos tendrá el nuevo directorio? Mariana González dijo que es “imperativo” que se informe a la población sobre la existencia de la institución. Que hasta el momento no se haya hecho una campaña pública de comunicación es una “estrategia” deliberada, dijo.
“Cuando nos instalamos tampoco salimos a difundir la institución porque no teníamos capacidad de respuesta. Ahora sí estamos en condiciones de salir a difundir con más fuerza quiénes somos, para qué estamos, qué características tiene la presentación de una denuncia que se haga acá”, afirmó González.
“Teníamos miedo de hacer una campaña de difusión y luego no poder atender la demanda y eso podía generar frustración”, dijo, a su vez, Faroppa.
En 2016, la INDDHH trabajó en 584 casos (152 denuncias y 432 asesoramientos o consultas). Fue el mayor número desde que comenzaron con los registros: 380 casos en 2013, 449 en 2014, y 568 en 2015.
González y Faroppa coincidieron en señalar que ahora es tiempo de que la institución deje de ser “montevideana” y llegue al interior del país. Para ello, ya concretaron un acuerdo con la Universidad de la República para comenzar a trabajar en la descentralización del organismo.
La jueza Mariana Mota, una de las candidatas a ocupar un lugar en la INDDHH, coincide con esa idea. Entrevistada en el programa De diez a doce de Radio Uruguay, dijo que además se necesita más transparencia sobre cómo responden los organismos a las denuncias que hace la institución y afirmó que debe darse una “educación permanente en derechos humanos”.
